SANTIAGO – La agresión a migrantes venezolanos, cuyas pertenencias fueron quemadas por manifestantes xenófobos en una plaza de la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, concitó expresiones de preocupación y repudio de parte de agencias del sistema de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias.
“Aunque aislados y no representativos, estos actos de odio, intolerancia y xenofobia son sumamente preocupantes”, declaró Eduardo Stein, cabeza del R4V, el programa para migrantes venezolanos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El 25 de septiembre, unos 3000 residentes de Iquique manifestaron contra la presencia de inmigrantes que acampaban en una plaza de la ciudad, acompañaros su desalojo por parte de la policía y un grupo tomó las modestas pertenencias de los migrantes y las incineraron en una gran fogata.
Ardieron tiendas de campaña, colchones, ropa, juguetes infantiles como pequeñas bicicletas, pañales, carritos de bebé y documentos, lo que más resienten los migrantes, según testimonios recogidos por medios locales.
El jurista chileno Felipe González Morales, relator especial de las Naciones Unidas para los derechos de los migrantes, calificó los hechos de Iquique, a 1750 kilómetros al norte de esta capital, como “una inadmisible humillación”.
“Estos actos de intolerancia van contra el espíritu solidario, de acogida y respeto por los derechos fundamentales que el pueblo y el gobierno de Chile han demostrado históricamente, recibiendo a los venezolanos y venezolanas con generosidad”: Eduardo Stein.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestó su preocupación por la situación que viven los niños y adolescentes inmigrantes en Iquique, y pidió al Estado chileno garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo con los tratados internacionales suscritos por el país.
Stein dijo que “estos actos de intolerancia van contra el espíritu solidario, de acogida y respeto por los derechos fundamentales que el pueblo y el gobierno de Chile han demostrado históricamente, recibiendo a los venezolanos y venezolanas con generosidad”.
Agregó que lo hacen “de la misma manera que, en el pasado, el pueblo venezolano abriera sus puertas a un gran número de refugiados y migrantes chilenos”, a raíz del derrocamiento en 1973 del entonces presidente Salvador Allende y la implantación de la dictadura que presidió el general Augusto Pinochet entre ese año y 1990.
Organizaciones chilenas de derechos humanos, el episcopado católico y entidades humanitarias como Human Rights Watch (HRW) expresaron su repudio a la agresión contra los migrantes venezolanos en Iquique.
José Miguel Vivanco, director de HRW para el hemisferio, consideró que “con la grave agresión se ha cruzado la raya. El gobierno chileno tiene la obligación de proteger a las personas, no solo a sus ciudadanos, sino también a los extranjeros, estén o no en situación regular”, según las normas de inmigración.
En Caracas la vicepresidenta Delcy Rodríguez repudió “la xenofobia y agresiones contra migrantes venezolanos”, reclamó a Santiago que garantice su integridad y dijo que el presidente Nicolás Maduro ordenó activar respecto de Chile su plan “Vuelta a la Patria”, para llevar de regreso a connacionales.
Stein dijo que “respetando la soberanía de Chile, instamos a las autoridades y la población a actuar en el marco del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario».
El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, manifestó su desacuerdo con la violenta protesta, pero agregó que “vamos a seguir con los desalojos en todos los espacios públicos que se requieran” y “también con el plan de expulsiones” de migrantes indocumentados que lleva a cabo el gobierno chileno.
Según el católico Servicio Jesuita a Refugiados, el último año ingresaron ilegalmente a Chile, principalmente por la frontera terrestre con Bolivia, unos 23 600 inmigrantes, entre los cuales los venezolanos conforman el grupo más numeroso.
R4V indica que en la última década han salido de Venezuela unos 5 670 000 migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, de los cuales 4,6 millones a países latinoamericanos, en primer lugar a Colombia, luego a Perú y en tercer lugar a Chile, donde hay 457 000 ciudadanos de ese país caribeño.
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