QUERÁTARO, México – La aprobación del matrimonio igualitario avanza a un ritmo creciente en México en los últimos años y ya son 24 de 32 entidades federales que lo facultan, los últimos los estados de Querétaro y Sonora. Un trayecto empujado por la movilización ciudadana, destacan activistas.
El congreso local del estado de Querétaro, en el centro-note del país, aprobó el miércoles 22 por una mayoría de 20 votos a favor y cuatro en contra la reforma al código civil de la entidad que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, y un día después los legisladores de Sonora, en el noroeste, también avalaron una modificación en su ordenamiento legal para garantizar el matrimonio igualitario.
Suman así ahora 24 estados de la república los que han acatado el fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó en 2015, donde cataloga como inconstitucionales a aquellos ordenamientos civiles estatales que impedían los matrimonios entre personas del mismo sexo.
El reconocimiento del matrimonio igualitario implica, entre otras cosas, que las parejas del mismo sexo puedan obtener derechos civiles exclusivos del matrimonio como la adopción de hijos, derechos migratorios como la residencia permanente y la ciudadanía, así como la capacidad de compartir beneficios de seguridad social.
Además de Sonora y Querétaro, los otros 22 estados de la república que han aprobado el matrimonio igualitario en sus entidades son: Coahuila; Nayarit; Campeche; Colima; Michoacán; Morelos; San Luis Potosí; Hidalgo; Baja California Sur; Oaxaca; Puebla; Tlaxcala; Sinaloa; Baja California; Chihuahua; Jalisco; Chiapas; Nuevo León; Aguascalientes; Yucatán; Quintana Roo y la Ciudad de México
Empero, los estados de Durango, México; Guanajuato; Guerrero; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz y Zacatecas aún no han acatado la resolución de la Corte y sigue sin discutirse la aprobación del matrimonio igualitario.
Para el abogado y activista de la comunidad LGBTTTIQ+ Alex Méndez, estos avances en materia legislativa que se han logrado a partir del activismo de esta comunidad, han incidido en un cambio de perspectiva entre la misma comunidad LGBTTTIQ+, pero también en la población en general.
“Antes era vernos con la posición de esperar respuestas de las legislaturas, pero cuando vienen estas dinámicas de cambio, nos posicionamos de una forma distinta, porque ya sabemos que es el Estado el que está incumpliendo”, plantea.
Para el abogado, a más de 10 años de que se lograra la primera modificación legislativa en Ciudad de México: “estamos en un lugar muy distinto que tal vez ni siquiera imaginábamos”
Una conquista histórica
Aunque en muchos casos las parejas del mismo sexo recurren a un amparo constitucional para poder ejercer su derecho al matrimonio, la lucha de la comunidad LGBTTTIQ+ para el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos no es nueva.
Los vacíos legales, y en muchos casos el conservadurismo al interior de los congresos locales, han impedido que el tema de los matrimonios igualitarios se discuta ampliamente en el país, pese a que en 2009 Ciudad de México fue la primera entidad federal en aprobar esta figura dentro de su Código Civil.
Pese a esto, grupos conservadores promovieron en 2010 una acción de inconstitucionalidad en contra de esta resolución, sin embargo, la SCJN admitió que en ese entonces no se vulneraba ningún derecho con la aprobación del matrimonio igualitario.
Este hecho sentó un precedente para que miles de parejas promovieran amparos frente a los códigos civiles de sus entidades, bajo el argumento de no respetar el artículo primero constitucional que establece que en la república mexicana no puede haber actos de discriminación motivados, entre otros aspectos, en las preferencias sexuales.
Posterior a esto, en 2014 el congreso local de Coahuila aprobó la legalización del matrimonio igualitario, hecho que se replicó en 2015 por el estado de Nayarit, y en 2016 por los estados de Jalisco, Michoacán, Campeche, Colima y Morelos.
El mismo caso sucedió en 2017 con los estados de Chiapas y Puebla.
No obstante que Quintana Roo admite el matrimonio igualitario desde el 2012, este hecho fue a través de la interpretación progresiva de la ley mediante amparos interpuestos.
En este mismo sentido, en 2017 se logró la aprobación en el estado de Chihuahua, y en 2018 se sumó el estado de Oaxaca.
Para 2019 los estados de Baja California Sur , Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí e Hidalgo aprobaron el matrimonio igualitario en sus códigos civiles, y en 2020 se sumó el estado de Tlaxcala.
Cabe resaltar que, aunque para 2020 eran 19 estados los que habían legalizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo, en todos los casos esto se generó a través de la coyuntura histórica que se abrió desde 2009.
Fueron miles de amparos y de resoluciones de la Suprema Corte los que, sumados a los trabajos de cientos de colectivos y activistas de la comunidad LGBTTTIQ+, lograron que para ese año más de la mitad de los estados del país pusieran el foco en atender esta necesidad que por años ha movilizado a esta comunidad.
“El mérito de las legislaturas”, explica Alex Méndez, “está en que de alguna manera al final entendieron, a la buena o a la mala, que era algo que tenía que suceder.”
Y agrega que “hay que reconocer que a pesar de todo dieron el paso en este momento específico, y no en 5 o 10 años”.
Para el activista oaxaqueño, la aprobación de estas reformas se debe a una coyuntura política que se sitúa en un periodo de transición de poderes y cambios en los gabinetes gubernamentales posterior a las elecciones.
“Son coyunturas, no son fenómenos aislados, si hablamos de otros temas como el aborto, complejos en el debate político, curiosamente en esta etapa de cierre de legislaturas entran este tipo de consensos, porque ya no hay un costo político para las elecciones o las legislaturas que salen y entran”, precisa
Empero, pese a los pronunciamientos del Poder Judicial, a nivel nacional no existe aún una reforma a los códigos civil y mercantil federales que legalicen el matrimonio igualitario en toda la república, por lo que su aprobación depende, en gran medida, de los congresos locales.
Una reforma tardía y pendiente
De acuerdo con un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) en febrero de 2021, en 2019 se realizaron 3596 matrimonios entre parejas del mismo sexo, lo que representa solo 1 % del total de matrimonios realizados durante ese año.
Pese a esto, el Inegi reconoce que esta cifra representa un avance en relación con las estadísticas de años anteriores, y asegura que de 2010 a 2019 se quintuplicó la cifra de matrimonios entre personas del mismo sexo, lo cual coincide con los momentos en que se empezó a discutir su aprobación en diversas entidades federativas.
Aún con estas cifras, en 2021 solo 4 estados han discutido y aprobado las iniciativas que desde hace años están en las legislaturas locales para acatar el criterio establecido por la SCJN en 2015.
Estos estados son Yucatán, Baja California, y recientemente Querétaro y Sonora.
Empero, y aunque durante este año se han vuelto a presentar iniciativas en torno a esta materia, el Estado de México, Guanajuato, Durango, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz no han avanzado en la discusión de estos puntos.
Tan solo en Durango, desde el 2014 diputados locales han presentado iniciativas de ley para legalizar el matrimonio igualitario en la entidad, sin embargo el congreso local las ha archivado y dejado pasar.
El mismo caso ocurre en el estado de Guanajuato, donde desde 2013 se han presentado iniciativas sin que éstas prosperen al interior de las legislaturas.
En Veracruz las iniciativas que se han presentado desde 2019 han sido desechadas bajo argumentos de “no respetar a la familia natural”, y aunque hay una iniciativa vigente aún en el congreso, todo parece indicar que será la nueva legislatura la que resuelva dicha discusión.
La situación se replica en Guerrero y el estado de México, donde las iniciativas presentadas se han rechazado o continúan en espera de la aprobación.
De igual forma, en Tamaulipas no ha habido ninguna iniciativa presentada para la aprobación de los matrimonios igualitarios, ante lo cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a inicios de este año a que el congreso local legislara sobre la materia.
Asimismo, y aunque los estados de Tabasco y Zacatecas tienen iniciativas desde periodos legislativos anteriores, éstas no se han discutido hasta el momento pese a las exigencias de grupos parlamentarios y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ que impulsan esta agenda, la cual no se agota en el matrimonio igualitario.
Una agenda pendiente
Para Alex Méndez, si bien las modificaciones a nivel legislativo son importantes, fueron obtenidas tras largos años de lucha. Señaló que hace falta que el activismo de la comunidad LGBTTTIQ+ comience a abordar otras problemáticas que se desprenden de una relación de omisión por parte del Estado que desencadena actos de discriminación y violencia en contra de esta comunidad.
“Hay varias aristas, nos hemos centrado mucho en lo legislativo y en la Corte, pues la Corte resuelve amparos y el congreso tiene que aprobar al final. Pero cuando ya avanzamos en estos dos escenarios es momento de voltear a ver las obligaciones, o lo que está pendiente, en los ejecutivos estatales, y en el federal, pues tienen la obligación de tomarse en serio su discurso”, resalta.
Para el activista, la ausencia de un paquete completo de políticas públicas que acompañen e impulsen la verdadera aplicación de estas reformas legislativas es algo que debería impulsarse en el ámbito ejecutivo, pero también judicial.
“¿Cuáles son las políticas públicas impulsadas desde los ejecutivos que van a abonar en implementar la reforma legislativa? Creo que se debe de partir en establecer cuotas específicas para personas trans dentro de la administración pública, garantizar servicios de salud amigables para la población LGBT, atender la discriminación en el empleo que sufren las personas trans e incidir en el ámbito educativo”, reflexiona.
Asimismo, recalca que aunque son 24 estados quienes han legislado en materia de matrimonios igualitarios, aún no se resuelven los problemas de justicia para las familias LGBTTTIQ+, pues los derechos que se contraen civilmente a partir de este acto jurídico quedan a la deriva al no haber una reforma integral que atienda la aplicación y ejecución de las leyes.
“En el ámbito judicial tenemos que ver cómo resolvemos la justicia cotidiana para las familias LGBT, hay casos muy comunes, donde al no haber matrimonio y fallecer un integrante de la pareja llega la familia de éste y despoja de todo a la personas que se quedan”.
Asimismo, para Méndez, la ausencia de trabajo por parte de las Fiscalías en atender los crímenes de odio y actos de discriminación que implican la tortura, como las terapias de conversión, demuestra que hace falta mucho trabajo para realmente vivir una vida libre de discriminación y de violencia.
Y subraya que “no se ha delineado una verdadera intervención por parte del Estado».
«Tenemos que reforzar esta parte de que todas estas victorias que se ven en las modificaciones a los códigos, si bien son parte de un proceso legislativo, es importante señalar que sin la lucha de todas y todos los activistas esto hubiera sido imposible, pues el sustento de esto es el trabajo de muchas personas alrededor y ahora, para el Estado, viene lo complejo: hacerse cargo de estos procesos que hemos conquistado”, concluye.
Este artículo se publicó originalmente en Píe de Página, de la mexicana red de Periodistas de A Pie.
RV: EG
