Las desapariciones forzadas también afectan derechos económicos

La desaparición forzada de personas, a menudo críticas de los Estados que apelan a esa práctica criminal, impacta los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, sus familiares y otras personas con las que están vinculadas. Foto: AI

GINEBRA – Los Estados deben reconocer aún más la conexión entre la desaparición forzada y los derechos económicos, sociales y culturales, expusieron relatores en derechos humanos de las Naciones Unidas al conmemorarse este lunes 30 el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

“La desaparición forzada es un crimen complejo que viola todo tipo de derechos, incluyendo los económicos, sociales y culturales de la persona desaparecida, de sus parientes y de otras personas”, asentó la declaración de 15 expertos que siguen el tema bajo el paraguas del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sostuvieron que “la falta de protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales es también un factor que contribuye a las desapariciones forzadas”, pues “las personas que viven en la pobreza son más vulnerables y están expuestas a un mayor riesgo de desapariciones forzadas”.

Las víctimas, en su mayoría, son personas marginadas, en muchas zonas sus familiares y allegados tienen poco acceso a la justicia, y al quedar privadas de asesoramiento y asistencia jurídica para impugnar las condiciones de su arresto, juicio, condena y detención, desaparecen dentro del sistema.

Niñas y niños sin acceso a la educación, que viven en la pobreza o en situación de calle, o que han sufrido desplazamiento, corren mayor riesgo de ser secuestrados y convertidos en niños soldados o ser víctimas de la trata con fines de explotación.

Las personas migrantes o con discapacidad también son especialmente vulnerables a las desapariciones forzadas, debido a la falta de recursos económicos, de planes de protección, así como de participación política, social y cultural.

Los expertos recordaron que la pandemia covid-19 “ha tenido un impacto devastador en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y ha agravado el impacto en las víctimas de las desapariciones forzadas y sus familiares”.

Destacaron el trauma que representa para las familias la desaparición de uno de sus integrantes, e incluso que en algunos países se imposibilite cobrar una pensión o recibir otros medios de ayuda en ausencia de un certificado de defunción.

“También hemos observado que la desaparición forzada se utiliza como herramienta de intimidación, represalia y castigo ilegal en contra de los defensores de derechos humanos, incluidas las personas que promueven los derechos económicos, sociales y culturales”, dice la declaración difundida desde esta ciudad suiza.

A ese respecto, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) citó los casos de Nicaragua y Pakistán, donde las desapariciones de opositores, periodistas o activistas de derechos humanos son empleadas por los Estados para silenciar e inmovilizar a sus críticos.

AI documentó la detención, seguida de ocultación de su paradero, de al menos 10 críticos del presidente Daniel Ortega (en el poder desde 2007) entre el 28 de mayo y el 2 de agosto de este año, lo que “constituye el crimen de desaparición forzada, a la luz de las obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense”.

En Pakistán, donde “los servicios de inteligencia usan habitualmente la desaparición forzada desde que comenzó en 2001 una ´guerra contra el terror´, hay un proyecto de ley de reforma del Código Penal en el que se prohíbe esa práctica, pero está pendiente de aprobación desde hace más de dos años y medio”.

Otra organización de derechos humanos, Human Rights Watch, destacó que con motivo de esta fecha se produjeron demostraciones de familiares de miles de personas desaparecidas en las últimas décadas en México y Colombia.

En México, la cancillería acordó con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que el organismo realice una visita al país “en cuanto lo permitan las condiciones relacionadas con la pandemia”.

De su lado, los gobiernos de Francia y Argentina pidieron en una declaración conjunta que todos los Estados del mundo adhieran a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada hace 10 años en el marco de las Naciones Unidas.

A-E/HM

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