BOA VISTA, Brasil – Un video inédito obtenido por Repórter Brasil muestra un área cercada, de aproximadamente dos metros cuadrados, con una silla de plástico y una persona acostada en el piso de tierra y grava. El audio dice: “imágenes en vivo desde el ‘rincón de la vergüenza’. No sé si se ve bien, pero pusieron un alambre en la cosa (vallas de seguridad) para que no se escapara”.
El “rincón de la vergüenza” es el nombre que se le viene dando a un espacio de confinamiento involuntario donde son detenidos, sin orden judicial, indígenas venezolanos en condición de alcoholismo en los cuatro albergues temporales para indígenas de Boa Vista, capital del estado de Roraima, a 213 kilómetros de la frontera con Venezuela, destinados a la acogida de refugiados y migrantes.
Las imágenes fueron grabadas en el refugio Pintolândia, que integra la Operación Acogida (Operação Acolhida, en portugués), creada en 2018 por el gobierno del expresidente Michel Temer, bajo responsabilidad del Ejército brasileño en asociación con organizaciones no gubernamentales.
Entre los indígenas, el nombre del espacio es “rincón de maltratos”, afirmó a Repórter Brasil, en condición de anonimato, uno de los caciques venezolanos de la etnia Warao abrigados en Boa Vista.
“Ellos (los militares) nos tratan como delincuentes, usan armamentos dentro de los refugios. No tienen compasión por lo que estamos pasando. Dejan a la persona allá, sucia, en el piso. Y además la graban. Duele mucho”, afirma.
Además del video, Repórter Brasil tuvo acceso a una carta de denuncia, del 4 de julio, firmada por profesionales de la salud que trabajan en los albergues de la operación Acogida y entrevistó a cuatro funcionarios de diferentes organizaciones vinculadas a estos centros, quienes dieron entrevistas bajo anonimato por miedo a represalias. Dos de ellos afirman haber visto personalmente el “rincón de la vergüenza”.
“A quienes regresan al albergue en estado de embriaguez los están obligando a permanecer en este espacio confinado, denominado ‘rincón de la vergüenza’, hasta que un militar integrante del equipo de coordinación del albergue decida si puede ser liberado”, dice la carta, que está firmada por el “gobierno brasileño a través de sus agentes públicos.”
Los funcionarios que firman el documento califican las acciones como “prácticas de violencia y tortura” y citan casos como el de “personas a las que se les amarró el brazo a las vallas de seguridad o estuvieron presas durante más de 18 horas en el lugar”.
Según la carta, a partir del 23 de junio “comenzaron a circular informaciones entre los militares y trabajadores involucrados en las acciones de respuesta humanitaria para refugiados venezolanos en Brasil” sobre el “rincón de la vergüenza”.
El documento detalla las leyes y tratados que son violados, como el artículo 5 de la Constitución Federal brasileña, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Resolución del Consejo Nacional de los Derechos Humanos de Brasil.
“La asistencia en salud mental y sus servicios deben garantizar acceso a la atención sin ningún tipo de violación a los derechos humanos, aboliendo tratamientos crueles y degradantes, maltratos, contenciones físicas y químicas, pérdida de los derechos civiles, o que estimulen la discriminación, el prejuicio o el estigma”, dice uno de los artículos de la resolución.
Los funcionarios piden en el documento una “urgente intervención del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos” de Brasil, así como actuación por parte de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que da apoyo al Ejército brasileño en los 14 albergues del estado de Roraima.
Repórter Brasil también entrevistó a Ivo Cípio Aureliano, abogado del Consejo Indígena de Roraima, quien confirmó haber recibido tanto la carta de denuncia como un pedido de ayuda de los indígenas venezolanos el 8 de julio, cuando ocho líderes le habrían relatado la existencia del espacio de confinamiento. “Lo que ocurre allí es una violación grave y abuso de poder. Hiere la dignidad de la persona humana, la honra”, dijo.
Los denunciantes consideran que la responsabilidad de la violación a los derechos humanos es del Ejército, encargado del control de la Operación Acogida.
El 31 de julio, el general Sérgio Schwingel asumió la operación en los estados de Roraima y Amazonas. Anteriormente — período en el que se habría creado el espacio de confinamiento — el comandante de la operación era el general Antonio Manoel de Barros, quien tomó el cargo en enero de 2020 y sustituyó al general Eduardo Pazuello, comandante durante los dos años anteriores, antes de asumir el ministerio de Salud brasileño.
La carta de denuncia también acusa a Acnur de connivencia, ya que es aliado del Ejército en los albergues de Roraima.
“Una denuncia como esa, venida de una acción como la Operación Acogida, con toda la construcción de leyes de atención humanitaria, es gravísima y requiere investigación inmediata para tipificar, inclusive, qué tipo de violaciones se están cometiendo”, afirma Camila Asano, directora de programas de la ONG Conectas.
En entrevista concedida a Repórter Brasil en condición de anonimato, uno de los funcionarios públicos responsables de la carta también cuestionó la grabación: “¿Por qué filmar a una persona inconsciente, en condición de alcoholismo? ¿Por qué exponerla? ¿De qué manera la exposición la ayuda en su tratamiento? Eso es una aberración. Allí es la casa de esa persona ¿no estamos para protegerlas? El objetivo es crear consternación”.
El abogado y el cacique warao afirmaron que el video no fue realizado por los indígenas, ya que la persona que grabó habla portugués. También dicen que los indígenas no poden filmar los albergues — una prohibición que Aureliano ve como una forma de evitar que las víctimas denuncien las violaciones. “No grabamos por miedo, porque ellos (los militares) nos amenazan y dicen que nos van a romper el celular”, afirma el cacique.
Buscado para este reportaje, el Ejército no quiso pronunciarse y pidió que los cuestionamientos fueran dirigidos a la Casa Civil (equivalente al ministerio del Interior en otros países), responsable de la gobernanza de la Operación Acogida.
El Grupo de Tareas Logísticas y Humanitarias de la Operación Acogida, en nota enviada a la Casa Civil, reconoció, en respuesta oficial, la existencia de estas áreas: “En ese lugar, el indígena alcoholizado permanece bajo observación de los encargados de seguridad del albergue y tiene a su disposición los servicios necesarios para su recuperación”, dice el comunicado de ese grupo.
También destaca que al indígena aislado no se le obliga a permanecer allí.
“A ningún indígena se le obliga a permanecer en este espacio. No hay alambre alrededor de estas áreas, que están delimitadas por vallas de seguridad, normalmente utilizadas para la señalización y el control de flujo de entrada y salida de personas en los albergues”, asegura.
La entidad afirmó que “investigará la situación y que en caso de comprobarse cualquier tipo de maltrato contra migrantes y refugiados, tomará las medidas pertinentes.” Lea la respuesta completa.
También en una declaración, Acnur confirmó a Repórter Brasil que sabía de la existencia del “rincón de los maltratos” y que había solicitado la desactivación de estos espacios.
“Por medio de las organizaciones aliadas que gestionan los albergues de la Operación Acogida en Boa Vista, Acnur fue informado de la creación de espacios en estos lugares reservados a personas que llegan en estado de embriaguez a los albergues”, afirma la agencia de la ONU.
“Luego de recibir esta información, la oficina de Acnur en Boa Vista contactó con el comando del Grupo de Tareas Logísticas y Humanitarias de la Operación Acogida, en Boa Vista, para expresar su preocupación por la medida y solicitó la desactivación de tales espacios”, informó la organización, sin detallar cuándo pidió la suspensión del “rincón de la vergüenza”.
Acnur también señaló no tener todavía conocimiento de la carta de denuncia. Lea la respuesta completa.
Crisis de salud en los refugios
La creación del “cercado de la vergüenza”, según las fuentes escuchadas, fue una respuesta de los militares a la crisis sanitaria desencadenada en los albergues durante la pandemia, cuando el Ejército asumió la atención en salud en estos espacios y pasó a remitir migrantes y refugiados venezolanos al Núcleo de Salud de la Acogida (NSA) en vez de a hospitales y unidades básicas de salud (UBS) vinculadas al Sistema Único de Salud (SUS) brasileño.
En la práctica, la atención sanitaria dentro de los albergues fue interrumpida o reducida desde la creación de los núcleos, según trabajadores vinculados a los refugios consultados.
“Eso creó un escenario complicado. El uso perjudicial del alcohol es resultado de la vida que ellos [los indígenas venezolanos] están viviendo, un síntoma de otros problemas que llevan a que eso ocurra. Ellos necesitan ser tratados por profesionales preparados”, dice uno de los trabajadores.
Sin estrategia e impidiendo el acceso de los indígenas venezolanos a la red pública de salud, de acuerdo con otro trabajador, es que surge el “rincón de la vergüenza”. De conformidad con tratados internacionales de los cuales Brasil es signatario, es derecho del refugiado tener acceso a servicios públicos, como los de salud.
En entrevista al diario Roraima em Tempo y el noticiero Jornal de Roraima, afiliado a la emisora de TV Red Globo, el general Barros señaló que uno de los objetivos de los núcleos de salud era, justamente, ‘no ocupar’ vacantes del SUS. “Los beneficiarios de la (Operación) Acogida que presentan, por ejemplo, heridas de difícil cicatrización, se remiten a allí (al NSA)».
El cacique warao consultado en este reportaje también denuncia que los militares no reconocen a los líderes indígenas a la hora de decidir las reglas de los albergues. La toma de decisiones sin oír a los indígenas es una violación de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fue una de las principales denuncias hechas durante la audiencia pública realizada por el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de Brasil en abril.
La Operación Acogida fue creada en 2018 amparada en la nueva Ley de Migración brasileña, que sustituyó el antiguo Estatuto del Extranjero.
“La nueva ley viene en esa perspectiva del extranjero portador de derechos humanos y abandona la idea de la criminalización y la amenaza. Viene a combatir la xenofobia, el racismo y repudiar cualquier tipo de violencia”, asevera Siddharta Legale, coordinador de la Clínica Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG
