CIDH exige respeto a la independencia judicial en Guatemala

Una vista del centro de la Ciudad de Guatemala. En el país existe una ofensiva contra magistrados y activistas que puede conducir a la impunidad de quienes son acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Foto: Civitatis

WASHINGTON – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó la destitución del fiscal especial contra la impunidad en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, y exigió respeto para la independencia e imparcialidad del poder judicial en ese país.

La CIDH “expresa su preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala y urge al Estado a priorizar y fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción, mediante el respeto a un sistema de justicia independiente e imparcial”, dice la declaración divulgada este viernes 6.

El 23 de julio la titular del Ministerio Público guatemalteco, María Consuelo Porras, destituyó a Sandoval por “incumplir instrucciones de la superioridad”.

Según la CIDH “la destitución sería arbitraria e ilegal, y colocaría en entredicho el compromiso del Estado de Guatemala con la lucha contra la corrupción”, pues se incumplieron estándares internacionales sobre debido proceso y normas nacionales para la destitución de funcionarios de carrera.

La Comisión “nota con preocupación que la destitución ocurre en el contexto de un conjunto de acciones que tienen como efecto debilitar la independencia de las y los operadores de justicia y, por consiguiente, representan severos retrocesos en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país”.

A lo largo de 2021 la CIDH ha recibido informes sobre criminalización y persecución judicial contra jueces, juezas, fiscales, ex fiscales, magistradas y magistrados, como hostigamiento debido al trabajo de investigación o juzgamiento de estructuras criminales.

Esas estructuras estarían vinculadas con el poder político y económico, o con casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado (1960-1996), o porque en su momento apoyaron la labor en el país de la Comisión Internacional contra la Impunidad, según la CIDH.

“Preocupa particularmente la grave y permanente situación de criminalización de jueces y juezas con competencia de Alto Riesgo en Guatemala, entre ellos, Pablo Xitumul De Paz, Miguel Angel Gálvez Aguilar, Iris Yassmín Barrios Aguilar y Erika Lorena AifánDávila”, expuso el organismo interamericano.

Los tribunales de Altor Riesgo se crearon para reforzar la independencia del poder judicial, y juzgan casos que involucran a funcionarios del gobierno, pasado o actual,y miembros de pandillas, instituciones militares o formaciones paramilitares.

La CIDH también está preocupada por la negativa del Congreso guatemalteco a juramentar a la magistrada Gloria Porras, electa para un nuevo período en la Corte de Constitucionalidad y que no ha podido tomar posesión en el cargo.

En su llamado de atención, la CIDH recordó “la obligación del Estado de proteger a las y los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente”.

“Si los Estados no garantizan la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia”, insistió su declaración.

El pasado julio, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, criticó que en Guatemala “se está abusando del derecho penal para atacar a funcionarios públicos y de la justicia, las personas que protegen y garantizan los derechos humanos”.

Las investigadoras Sanne Weber, de la británica Universidad de Birmigham, especialista en justicia posconflicto, y Marlies Stappers, de la oenegé ImpunityWatch, han sostenido que, con las amenazas y ataques al poder judicial y defensores de derechos, Guatemala va camino a convertirse en una cleptocracia.

Sostuvieron que los ataques y amenazas “provienen de las élites militares y económicas estrechamente relacionadas con quienes orquestaron e implementaron la campaña contrainsurgente durante el conflicto armado guatemalteco”.

Los movimientos de los poderes sobre investigadores de la justicia se producen mientras Guatemala está atravesada por una crisis económica y social agravada por la pandemia covid-19, el impacto de los huracanes Eta e Iota el año pasado y la migración de sus ciudadanos y de países vecinos hacia América del Norte.

Ese clima favoreció el estallido de una masiva huelga nacional el 29 de julio, con protestas en reclamo de la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Porras.

A-E/HM

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