RÍO DE JANEIRO – Voto impreso o electrónico es la disyuntiva con que el presidente Jair Bolsonaro y sus generales pretenden someter la democracia en Brasil, en un aparente proyecto golpista que enfrenta los primeros frenos judiciales y el riesgo de un suicidio político.
El Tribunal Superior Electoral (TSE), rector de los procesos electorales en este país sudamericano, decidió el lunes 2 de agosto investigar si el presidente de extrema derecha cometió delitos en su persistente campaña contra el sistema electrónico de votación usado en el país desde 1996.
Si llegase a ser enjuiciado, una condena le impediría participar en los próximos comicios, lo que bloquearía su postulación a la reelección en octubre de 2022.
Abuso del poder económico, uso indebido de los medios de comunicación, fraude, corrupción y propaganda extemporánea son los posibles delitos en sus numerosas declaraciones de que hubo fraudes en los comicios con el voto electrónico, incluso cuando el mismo conquistó la presidencia, en octubre de 2018.
Habría ganado en la primera vuelta, si no hubiese sido víctima de fraude, sostiene desde entonces.
No habrá elecciones en 2022 si no se retorna al “voto impreso y auditable”, amenaza reiteradamente. La operación para desacreditar el sistema electoral, la despliega Bolsonaro en sus viajes oficiales, inauguraciones de obras y en las marchas con miles de sus adeptos motociclistas, en que él participa cada quincena desde mayo.
En todos esos actos emplea recursos públicos para fines políticos y personales. Son gastos de seguridad y de viajes con una amplia comitiva. Además configuran actos de precampaña para su reelección, ilegales porque ocurren mucho antes del período electoral.
El domingo 1 sus adeptos protagonizaron manifestaciones callejeras en 23 ciudades del país en demanda del retorno al voto en papel. En un video destinado a los participantes en Brasilia, Bolsonaro reiteró que “sin elecciones limpias y democráticas, no habrá elecciones”.
Tres días antes, en su charla semanal, destinada a sus seguidores por redes sociales, Bolsonaro reconoció no tener pruebas de fraudes en las elecciones, sino “indicios fuertes de manipulación”.
Sus declaraciones frustraron incluso sus partidarios en el legislativo Congreso Nacional ya que él mismo había anunciado “una bomba”, con pruebas de la vulnerabilidad de las urnas electrónicas. El fiasco debilitó su principal bandera, pero todo indica que la mantendrá como arma para enturbiar un escenario político que no le es favorable.
Además su mensaje decidió al TSE a notificar al Supremo Tribunal Federal (STF), la corte constitucional y máxima instancia judicial, sobre la reiterada difusión de falsas informaciones por parte de Bolsonaro, También propuso su inclusión en el proceso que investiga delitos de desinformación, difamación, ofensas y amenazas incluso contra la propia corte, en un ataque a la democracia.
Guiado por sus creencias primitivas y sus prejuicios, Bolsonaro acumula conflictos con el Poder Judicial, el periodismo y la ciencia, además de desastres en la gestión de la pandemia de covid-19 y en las emergencias ambientales.
Las encuestas indican una pérdida gradual de su popularidad y de las banderas que, según los analistas, le aseguraron el triunfo electoral en 2018. El ejemplo sobresaliente es la anticorrupción. Hoy una mayoría de los encuestados identifican su gobierno también como corrupto.
La Comisión Parlamentaria del Senado que investiga la gestión de la pandemia reveló ya varios indicios de corrupción en la compra de vacunas, además de acciones orientadas por creencias anticientíficas, como la prioridad a medicamentos sin ninguna eficacia contra la covid-19, como por ejemplo la cloroquina usada contra la malaria.
Además denuncias e investigaciones judiciales atribuyeron a Bolsonaro, cuando era diputado, y dos de sus hijos legisladores, la práctica de contratar falsos funcionarios en sus oficinas, para quedarse con sus salarios pagados por las arcas públicas, recompensándolos con una pequeña suma.
Es una ilegalidad usual entre los legisladores brasileños, que cuentan con presupuestos para contratar hasta 25 asesores en el caso de los diputados nacionales y por lo menos el doble los senadores.
Bolsonaro cuenta con la alianza de los partidos del llamado Gran Centro, conocidos por su “pragmatismo” de apoyar cualquier gobierno a cambio de ventajas, cargos estatales importantes, acceso a presupuestos abultados, dinero público para invertir en su municipio de origen o en el propio bolsillo.
Se trata de la “vieja política” que Bolsonaro juró combatir dentro de sus promesas electorales.
Respaldado en los uniformes o viceversa
La batalla por la impresión de los votos se convierte así en su gran bandera para de alguna manera barajar la derrota electoral en octubre de 2022. El respaldo militar es su principal arma y la incógnita que está transformado a Brasil en una democracia asustada.
El Ministro de Defensa, general Walter Braga Netto, se presentó como un portavoz castrense de la exigencia de “mayor transparencia y legitimidad” en las elecciones, con voto electrónicos pero “auditable por medio del comprobante impreso”, en un discurso el 22 de julio.
Reconoció, sin embargo, que modificar el sistema electoral es tarea del Poder Legislativo.
Pero el mismo Bolsonaro ya reconoció la imposibilidad de la aprobación legislativa de una enmienda constitucional que exigiría la impresión de los votos para confirmación del mismo elector, propuesta por una diputada aliada, Bia Kicis.
Once partidos fijaron una posición contraria al retorno al voto impreso, tras reuniones con el presidente del TSE, Luis Roberto Barroso.
En 25 años de vigencia de las urnas electrónicas nunca hubo casos comprobados de fraude y toda la votación es auditable en todas sus etapas, arguye Barroso.
El voto impreso representaría un retroceso injustificable en el sistema electoral brasileño, la vuelta a un tiempo en que sí proliferaban fraudes, quejas judiciales y compra de votos que eran menos secretos, acusan defensores del voto digital.
Quince expresidentes del TSE se sumaron al esfuerzo de sostener la credibilidad de las urnas electrónicas y neutralizar la ofensiva bolsonarista y militar. Nunca se registró un fraude en el voto electrónico que si es auditable en todas sus etapas y sustituye en Brasil un voto en papel que sufrió muchos problemas de fraude, dice su manifiesto.
En 2020, especialmente en el inicio de la pandemia, en marzo y abril, las amenazas a la democracia aparecían principalmente en las consignas de activistas del bolsonarismo radical que pedían la intervención militar para cerrar el STF y el Congreso, con el argumento de que estarían impidiendo gobernar a Bolsonaro.
Operaron en realidad como barreras a su autoritarismo, pero no impidieron una gestión destructiva en la cuestión ambiental, en cultura, educación, ciencia, salud y política externa.
Desde entonces, más de 550 000 brasileños murieron de covid y destruyeron la credibilidad de un presidente que boicoteó las medidas de prevención, como mascarillas, la distancia intepersonal e incluso algunas vacunas que se comprobaron eficaces.
Aislado y amenazado de inhabilitación política, Bolsonaro se acercó a los legisladores del Gran Centro con fama de corruptos y asumió el control de las agencias estatales que deberían tener independencia incluso para investigar delitos del presidente y su familia, como el Ministerio Público, la Policía Federal y autoridades tributarias.
Su nueva obsesión, el voto impreso, acentúa su agresividad en la medida que se acercan las elecciones presidenciales fijadas para dentro de 14 meses y que actualmente según los sondeos se le presentan totalmente desfavorables.
ED: EG
