RÍO DE JANEIRO – La investigación del Senado sobre la trágica gestión de la pandemia en Brasil elevó la tensión política en el país, al despertar la ira de las Fuerzas Armadas y detener por primera vez a un testigo por falso testimonio el 7 de julio.
Un “rechazo vehemente a las declaraciones del presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación, senador Omar Aziz, que faltan el respeto a las Fuerzas Armadas y generalizan esquemas de corrupción”, manifestaron en una nota conjunta el ministro de Defensa, general Walter Braga Netto, y los jefes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea
Fue una reacción inmediata a los comentarios de Aziz durante la sesión de la Comisión. “Hace muchos años que Brasil no veía a miembros del lado podrido de las Fuerzas Armadas involucrados en estafas dentro del gobierno”, por lo que “los buenos (militares) deben de estar muy avergonzados”, dijo.
El senador se refería a coroneles del Ejército, la mayoría retirados, que fueron designados para funciones importantes en el Ministerio de Salud durante la pandemia y aparecen ahora en denuncias de irregularidades y sobornos en algunas negociaciones para compra de vacunas contra la covid-19.
La “narrativa” del senador, “alejada de los hechos, golpea las Fuerzas Armadas de forma vil y liviana, se trata de una acusación grave, infundada y, sobre todo, irresponsable”, acusó el comunicado de los comandantes militares.
Es un intento de “intimidación” que afecta el Senado, una reacción “desproporcionada”, respondió el presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), ya que él no se refirió a la institución castrense, sino a algunos de sus miembros involucrados en los escándalos, incluso de corrupción, que afectan el combate a la pandemia.
El mensaje parece claro: las Fuerzas Armadas no aceptarían que ningún de sus miembros, aunque retirados, sean manchados de corrupción. En la lógica de la gobernante extrema derecha de Brasil, el culpable es el mensajero, no el autor del delito.
Hubo muchas advertencias de que era temerario nombrar al general Ernesto Pazuello como ministro de Salud, en mayo de 2020, e implicaba el riesgo de dañar la imagen de las Fuerzas Armadas. Pazuello rechazó retirarse del Ejército y no tenía conocimientos en temas de salud, menos aún de epidemiología, en un momento de auge de la covid.
Además Pazuello sustituyó especialistas por coroneles en cargos de jefatura. Terminó sustituido por el médico Marcelo Queiroga en marzo, ante el desastre de su obediencia ciega al negacionismo del presidente Jair Bolsonaro ante la covid, que rechaza las medidas de prevención, como aislamiento social, distanciamiento interpersonal y el uso de mascarillas, y recomienda medicamentos ineficaces, como la cloroquina.
Ahora, además de los 528 540 muertos hasta el miércoles 7 de julio según datos oficiales, la CPI empieza a revelar la caótica gestión en el ministerio ocupado por los militares e indicios de corrupción.
La amenaza militar se manifiesta justo cuando la CPI radicaliza y decide encarcelar un testigo “mentiroso”, después de amenazar a varios que violaron sus juramentos de decir “solo la verdad” al inicio del testimonio. Algunos negaron incluso documentos que firmaron o declaraciones grabadas.
El exdirector de Logística del Ministerio de Salud, Roberto Dias, fue arrestado tras ocho horas de interrogado por los senadores, por orden el presidente de la Comisión (CPI), irritado ante las “mentiras” del declarante.
El senador Aziz prometió adoptar la misma actitud de ahora en adelante en contra de quienes intenten “jugar” con la CPI. Pero Dias logró responder en libertad a la acusación de perjurio, al pagar una fianza del equivalente a 212 dólares. La condena puede costarle una pena de cárcel de dos a cuatro años.
Dias, destituido en el Ministerio el 29 de junio, es persona clave en las investigaciones sobre fraudes en intentos de compra de vacunas anticovid, ya que el Departamento de Logística se encarga de adquisiciones y distribución de medicamentos e insumos médicos.
Su despido ocurrió el mismo día en que Luiz Paulo Dominguetti, un dudoso vendedor de vacunas, reveló al diario Folha de São Paulo que Dias le había propuesto comprar la vacuna ofrecida, pero con una prima de un dólar en el precio de cada dosis para sobornar a “un grupo dentro del ministerio”.
Eran un negocio y un vendedor sin ninguna credibilidad. Dominguetti dice representar a la empresa Davati Medical Supply, pequeña empresa de Round Rock, en el estado de Texas, en Estados Unidos, que estaría ofreciendo 400 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.
El precio, según Dominguetti, sería de 3,50 dólares cada dosis. Elevado a 4,50 dólares, representaría 400 millones de dólares en soborno para “el grupo”.
La anglosueca AstraZeneca ya aclaró que no negocia con empresas privadas, solo con gobiernos.
De hecho, ya tiene un contrato con Brasil para proveer 104 millones de dosis, a través de la estatal Fundación Oswaldo Cruz, la mayor institución científica brasileña en salud, que a partir de octubre tendrá la tecnología para producción propia e integral de esa vacuna.
Ese escándalo aparentemente sin frutos incluye a otros actores que intentan aprovechar la ansiedad nacional, para ofrecer vacunas de que no disponen a alcaldías, gobiernos de estados y empresas, según informó la agencia Pública de periodismo de investigación.
Pero hay otro escándalo menos delirante que podría suponer la sustracción de 45 millones de dólares al Ministerio de Salud. Hubo un contrato firmado el 25 de febrero con el laboratorio indio Bharat Biotech, para la compra de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin por 300 millones de dólares.
Tres semanas después la proveedora ya enviaba una factura por los primeros tres millones de dosis, con el cobro anticipado de 45 millones de dólares, no previsto en el contrato.
Un funcionario encargado de las importaciones en el Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, identificó esa irregularidad, la anticipación del pago, y otras discrepancias con el contrato, que fijaba cuatro millones de dosis en cada entrega. La factura venía a nombre de una subsidiaria y no de Bharat Biotech, la productora oficial.
La entrega de 20 millones de dosis entre marzo y mayo sería imposible ya que la Covaxin no tiene hasta hoy la aprobación de la brasileña Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, órgano regulador de medicamentos y agroquímicos.
El golpe, al parecer, sería el cobro anticipado de los 45 millones de dólares. El negocio tiene como intermediaria a la empresa brasileña Precisa, cuyo dueño, Francisco Maximiano, está incurso en muchas denunciadas estafas, especialmente en el sector de medicamentos.
El cobro anticipado es su modus operandi. En 2017, su otra empresa, Global, vendió medicamentos para enfermedades raras al Ministerio de Salud, por casi 20 millones de reales (hoy equivalentes a 3,8 millones de dólares). Logró el pago anticipado y nunca entregó los productos.
Miranda frustró la maniobra en el caso Covaxin y denunció al propio presidente Bolsonaro que sufría presiones de Dias y los coroneles para aprobar la importación que viabilizaría el pago. Ante la omisión del presidente, reveló la ilegalidad a la CPI y al Ministerio Público (fiscalía).
Aunque la CPI no compruebe de forma meridiana la corrupción en el Ministerio de Salud, ya dejó evidente que la barahúnda allí reinante durante la gestión del general Pazuello y sus coroneles es responsable de gran parte de los más de medio millón de muertos por covid en Brasil.
ED: EG
