MÉXICO – En el sudeste de México, el Parque Fotovoltaico Yucatán Solar, de la empresa china Jinko Solar, está detenido desde 2020 por falta de una apropiada consulta indígena, después que pobladores afectados interpusieron un amparo contra el proyecto.
En febrero de 2019, residentes de varios grupos mayas de los municipios de Cuncunul y Valladolid, en el estado de Yucatán, demandaron la paralización del parque, a cargo de la empresa Jinko Solar Investment Pte. Ltd. Meses después, un tribunal concedió la suspensión del proyecto con una inversión de 71,5 millones de dólares.
El conflicto grafica la necesidad de que las corporaciones y bancos chinos apliquen salvaguardias socioambientales en el financiamiento, diseño, construcción y operación de las obras en América Latina y el Caribe, donde hay al menos 983 conflictos por emprendimientos de minería, energía, transporte y comunicaciones, parte de ellos con participación china.
La ecuatoriana Paulina Garzón, directora de la no gubernamental Latinoamérica Sustentable (LAS), señaló que, a pesar de la existencia de varios estándares en China, no han sido internalizados por las instituciones.
“A la noción desarrollista y extractivista, China no le ha puesto el costo económico, asumido a largo plazo por la población afectada y por los países deudores. Pero no se analizan en la viabilidad de la concesión del préstamo”, dijo a IPS por teléfono desde Washington la responsable de la nueva entidad de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina.
La organización está próxima a publicar una investigación sobre la aplicación de los lineamientos ambientales del Banco de Desarrollo de China (BDC), que estableció a partir de 2004 pero que son secretos y que carece de instancias para denunciar impactos negativos de los proyectos.
LAS recopiló ocho directrices chinas para empresas e inversionistas, nueve para entidades financieras y siete sectoriales para rubros como infraestructura, minería y silvicultura. El gobierno chino está por publicar nuevas regulaciones para el Ministerio de Comercio y Ambiente sobre inversiones en el exterior.
En Argentina, las centrales hidroeléctricas en construcción de Presidente Néstor Kirchner y de Gobernador Jorge Cepernic, de capacidad combinada de 1310 megavatios sobre el río Santa Cruz en la Patagonia, al sur del país, representan otro caso emblemático de las vicisitudes de los proyectos con presencia china.
Financiadas por el BDC y el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, en inglés), en 2016 la Corte Suprema de Justicia argentina detuvo las obras hasta realizar una audiencia pública y una nueva evaluación de impacto ambiental, lo que las mantuvo suspendidas dos años.
En una carta de 2016, la Corporación del BDC recordó al argentino Ministerio de Hacienda y Finanzas varias cláusulas de fuerza para aprobar las centrales y sus represas, como la necesaria aprobación de los prestamistas de cualquier modificación contractual.
Las partes firmaron el acuerdo de financiamiento por 4714 millones de dólares en 2014 y lo vincularon a otro similar de 2012 para la modernización del tren Belgrano Cargas, que recorre el norte argentino, por casi 2100 millones de dólares.
“Queremos insistir en que la ejecución en marcha y exitosa del proyecto no solo es mutuamente benéfica y un ganar-ganar bilateral, sino también sentará las bases para una futura cooperación económica más profunda” entre las partes, cita la misiva de 2016 y que alerta de que el riesgo de impago cruzado, en caso de que Argentina incumpliera con el acuerdo de 2014 sobre las represas.
Paulatina adhesión a lineamientos multilaterales
Si bien varias instituciones financieras chinas han rubricado su adhesión a varios esquemas voluntarios de lineamientos socioambientales, en la práctica ninguna con presencia destacada en proyectos de infraestructura en América Latina lo ha hecho, a excepción del ICBC, el mayor de su tipo en China y con operaciones en Argentina, Brasil, México, Panamá y Perú.
Tres instituciones chinas ya adhieren los “Principios de inversión responsable” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un conjunto de seis salvaguardias socioambientales.
Nueve bancos chinos ingresaron en los “Principios de banca responsable”, con otros seis estándares sobre impacto ambiental, sostenibilidad, participación y transparencia.
Adicionalmente, siete bancos chinos adoptaron los “Principios de Ecuador”, un marco para la definición, evaluación y gestión de los riesgos socioambientales de los proyectos.
El Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones (AIIB, en inglés), fundado en 2015 para financiar a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, en inglés), solo ha validado un proyecto en América Latina entre los 134 aprobados mundialmente. Corresponde a Ecuador, pero no es para infraestructura sino para afrontar la pandemia de covid.
Aunque en 2019 varios bancos chinos, como el BDC y el ICBC, firmaron los “Principios de inversión ecológica” (GIP, en inglés), para evaluar los posibles efectos sociales y ambientales de las inversiones de la BRI, aún no hay evidencia de su aplicación por esta iniciativa nacida para promover una red marítima y ferroviaria desde la potencia asiática hasta el extremo occidental de Europa y América Latina.
Para Enrique Dussel, director del Centro de Estudios China-México de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el debate sobre las salvaguardias es novedoso en el país asiático.
“Históricamente, las empresas chinas han mostrado un gran pragmatismo político, el interés de los bancos es hacer negocios y no importaba si era en actividades que pudieran tener cuestionamientos ambientales. El tema era hacer acto de presencia y participar en un mercado latinoamericano. El pragmatismo chino en estos aspectos deja prácticamente la responsabilidad en la contraparte”, dijo a IPS.
Un imán
La región atrajo 138 proyectos de infraestructura chinos por un monto de 94 090 millones de dólares para el período 2005-2020, según el “Monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe 2021”, elaborado por la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China.
América del Sur ha sido el mayor polo de atracción para la inversión china, pues Ecuador obtuvo 11 de los 40 proyectos de infraestructura durante el periodo 2010-2014, mientras que de 2015 a 2020 Argentina y Brasil concentraron 23 y 11 de los 92 proyectos en la región, respectivamente.
Chile, Colombia y México realizaron por primera vez proyectos de infraestructura con compañías y financiamiento chinos en el periodo 2015-2020.
Energía, transporte, comunicaciones y telecomunicaciones figuran entre los principales rubros de la presencia china en la región. La incursión de la potencia asiática se ha cimentado en empresas públicas y algunas privadas, respaldadas por los fondos de bancos chinos.
Para apuntalar su penetración en América Latina, Beijing ha creado instrumentos a los que ha inyectado multimillonarios fondos, como el Programa de Créditos Especiales para Infraestructura China-América Latina y los fondos de Inversión de Cooperación Industrial China-América Latina y de Cooperación bilateral.
Esa estrategia está vinculada a la BRI, a la que varios países latinoamericanos se han incorporado, en un intento por atraer inversiones, y que le sirve a China para ocupar el vacío dejado por Estados Unidos desde 2016.
En diciembre último, un grupo de asesores internacionales de la BRI sugirió a China la introducción de controles ambientales más estrictos a sus inversiones externas.
Ese esquema propone el rojo para proyectos que ocasionan daños ambientales significativos e irreversibles o que implican ese riesgo, el amarillo aplica para obras de impacto moderado y mitigable, mientras que el verde distinguen a los que carecen de efectos negativos significativos.
Garzón y Dussel apreciaron algunos cambios.
“Es un proceso que vamos a ver paulatinamente. Las instituciones reconocen la necesidad de mejorar las cosas y han dado un paso para mejorar el comportamiento ambiental. Lo preocupante es si esto en algún momento se convierte en un slogan que pretende mejorar la capacidad de aprobar proyectos y de obtener la licencia social, más que una práctica seria”, planteó la directora de LAS.
El académico Dussel, por su parte, señaló que “el AIIB está buscando integrar explícitamente temas ambientales. Hay muchas iniciativas al respecto en la propia China, para evaluar proyectos, tratando de comparar los criterios de evaluación y ejecución de infraestructura china versus los occidentales, concretamente el Banco Mundial. Hay un claro proceso de aprendizaje”.
Como anticipa el Monitor de la infraestructura china, las iniciativas de infraestructura en la región aumentarán, con sus consiguientes secuelas sociales y ambientales.
ED: EG
