GINEBRA – En Venezuela se reduce el espacio cívico y la criminalización de los activistas es preocupante, expuso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar este lunes 5 un informe sobre ese país sudamericano.
“El arresto de tres miembros de Fundaredes hace solo tres días es un ejemplo preocupante”, dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza, y pidió “el acceso urgente a los detenidos de abogados defensores de su elección”.
Javier Tarazona, presidente de la oenegé de derechos humanos Fundaredes, y dos de sus colaboradores, fueron detenidos y se les inició un juicio bajo cargos de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio.
Fundaredes actúa principalmente en el occidente del país y criticó fuertemente la actuación de fuerzas militares y policiales en la frontera entre marzo y mayo de este año, en el marco de choques de esas tropas con una disidencia de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Bachelet criticó la “estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes, de la sociedad civil, los medios de comunicación y miembros de la oposición”, y dijo que entre junio de 2020 y mayo de 2021 su oficina (Acnudh) registró 97 incidentes de ese tipo.
Entre estos incidentes figuraron dos muertes, seis actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y 10 de estigmatización.
Por ello saludó como “alentadoras” iniciativas del gobierno del presidente Nicolás Maduro para que se produzcan reformas en el sistema de justicia y en la policía, y recomendó que se extiendan a las pésimas condiciones de las cárceles.
La también expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) dijo que hay una tendencia a la baja en el número de muertes en las protestas sociales y en las operaciones contra bandas que realizan las fuerzas de seguridad contra el delito, aunque “una sola muerte ya es demasiado”.
Su informe registró que, entre el 6 y 9 del pasado enero, 650 efectivos de fuerzas policiales se desplegaron en la populosa parroquia La Vega, suroeste de Caracas, en la mayor operación de seguridad en el período observado 2020-2021.
“En el transcurso de esta operación, según se reporta, habrían resultado muertos por la acción de las fuerzas policiales al menos 14 hombres jóvenes, entre los que había por lo menos dos adolescentes”, y algunas muertes habrían sido causadas por “el uso selectivo de la fuerza letal por parte de la policía”.
Acnudh “continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación” a personas detenidas, sin conocer ninguna acción de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura en el período observado.
Para ilustrar el irrespeto al debido proceso, Acnudh expuso el caso del sindicalista del hierro Rodney Álvarez, “detenido en junio de 2011 y condenado por homicidio 10 años más tarde, tras un largo juicio y una década de privación de libertad”.
En el ámbito de la reducción del espacio cívico se incluyeron los casos de cinco periodistas y otras dos personas detenidas o amenazadas de detención por cargos de “incitación al odio”, en virtud de la “Ley Constitucional contra el Odio”, dictada (por una asamblea constituyente distinta al parlamento) en noviembre de 2017.
Esa ley “también prohíbe los partidos, organizaciones y movimientos políticos que “promuevan el odio”, sin definir los conceptos de discurso de odio o incitación al odio, lo cual permite un amplio margen interpretativo y limita la previsibilidad para su cumplimiento”, asentó el informe de la Acnudh.
Por otra parte, Bachelet destacó que “las desigualdades socioeconómicas preexistentes se han visto agravadas por el impacto de las sanciones sectoriales unilaterales (dispuestas contra el Estado y varias de sus figuras por gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea) y la pandemia covid-19”.
“Insto a que se continúen los esfuerzos que llevan al levantamiento de las sanciones unilaterales, y contribuyan a aliviar la situación de la población del país”, concluyó la responsable de derechos humanos de la ONU.
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