GINEBRA – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró “extremadamente alarmantes” las informaciones que dan cuenta del uso generalizado del software Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos en muchos países.
Las revelaciones divulgadas por numerosos medios de comunicación “confirman algunos de los peores temores sobre el uso indebido e ilegal de la tecnología de vigilancia para socavar los derechos humanos de las personas”, expresó Bachelet en un comunicado divulgado por su oficina (Acnudh) en esta ciudad suiza.
“Estos informes confirman la urgente necesidad de regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y de garantizar una supervisión y autorización estrictas”, dijo la responsable de derechos humanos en la ONU.
Para la también expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) “sin marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos, existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar la disidencia”.
Las investigaciones divulgadas hasta ahora han revelado que el programa Pegasus, de la empresa israelí NSO, ha espiado unos 50 000 números de teléfono de jefes y jefas de Estado, otros políticos, activistas y periodistas de todo el mundo.
“Si las recientes acusaciones sobre el uso de Pegasus son parcialmente ciertas, esa línea roja se ha cruzado con total impunidad”: Michelle Bachelet.
Según la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), ese software que permite la intercepción de teléfonos móviles “se utilizó para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo”.
Bachelet observó que la utilización de Pegasus se ha asociado con arrestos, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos.
“Si las recientes acusaciones sobre el uso de Pegasus son parcialmente ciertas, esa línea roja se ha cruzado con total impunidad”, puntualizó.
Destacó que esa vigilancia conduce a que las personas se autocensuren por miedo, siendo que “los periodistas y defensores de las garantías fundamentales juegan un papel indispensable en nuestras sociedades. Cuando son silenciados todos sufrimos”.
Bachelet se dirigió a los Estados para recordarles que las medidas de vigilancia “solo se justifican en circunstancias definidas rigurosamente y con un objetivo legítimo que las haga necesarias”.
Subrayó, además, que los Estados tienen el deber de proteger a las personas de las transgresiones del derecho a la privacidad por parte de las empresas.
“Un paso clave para prevenir eficazmente el abuso de la tecnología de vigilancia es que los Estados exijan por ley que las empresas involucradas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos”, aseveró.
También “deben ser mucho más transparentes en relación con el diseño y uso de sus productos, y establecer mecanismos de rendición de cuentas más efectivos”.
Agregó que tanto Acnudh como otras instancias de la ONU han advertido repetidamente el riesgo de que las autoridades de los países usen esas herramientas de espionaje para piratear teléfonos y computadoras personales de periodistas, activistas y opositores que llevan a cabo una labor legítima.
Según las revelaciones de la prensa, Pegasus se ha empleado en países tan disímiles como Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, España, Hungría, India, Kenia, Marruecos, México, Mozambique, Nigeria, Qatar, Tailandia, Turquía, Uzbekistán y Yemen.
AI dijo que ha encontrado “una oleada masiva de ataques contra teléfonos iPhone a manos de clientes de la empresa de cibervigilancia NSO que podrían afectar a miles de usuarios de productos Apple en todo el mundo”.
“El software espía de NSO ha conseguido infectar teléfonos de los modelos iPhone 11 y iPhone 12. Apple lleva a gala sus características de seguridad y privacidad, pero NSO las ha destrozado”, según AI.
“A consecuencia de estos ataques, activistas, periodistas y figuras políticas de todo del mundo corren el peligro de que se vigile su paradero y se utilice su información personal en su contra”, abundó la organización humanitaria.
Por su parte, Bachelet insistió en que “los gobiernos deben cesar inmediatamente el uso de tecnologías de vigilancia que violen los derechos humanos”.
Asimismo, “deben tomar medidas concretas para protegerse contra las invasiones de la privacidad, regulando la distribución, uso y exportación de la tecnología de vigilancia creada por un tercer actor”, concluyó.
El Comité para la Protección de los Periodistas, basado en Estados Unidos, exigió a gobiernos y empresas “medidas para poner fin a los abusos” de los programas espía.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró “absolutamente inaceptable” el uso denunciado de Pegasus, ya que “está en contradicción con cualquier regla de la Unión Europea”.
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