WASHINGTON – Entre una cuarta parte y la mitad. Esto es lo que deben disminuir el dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero en la próxima década para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 oC. La manera más rápida y práctica de lograr este objetivo es crear un mecanismo de precio mínimo internacional del carbono.
Esto es importante porque el cambio climático presenta grandes riesgos para el funcionamiento de las economías de todo el mundo.
Las políticas climáticas adecuadas pueden hacer frente a estos riesgos y, también, generar enormes oportunidades de inversiones transformadoras, crecimiento económico y empleos verdes.
Tanto es así que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado recientemente propuestas para incluir el cambio climático en nuestra habitual supervisión económica de los países y en nuestro programa de evaluación de la estabilidad financiera.
En el centro de los debates sobre política económica con los países miembros se encuentra la tarificación del carbono, ampliamente aceptada ahora como el instrumento de política más importante para lograr los recortes drásticos de emisiones que necesitamos.
Al encarecer las fuentes de energías contaminantes frente a las fuentes limpias, la tarificación del carbono ofrece incentivos a la mejora de la eficiencia energética y a la reorientación de los esfuerzos de innovación hacia tecnologías verdes.
La tarificación del carbono debe respaldarse mediante un programa de medidas más amplio que mejore su eficacia y aceptación e incluya inversiones públicas en redes de energía limpia (como actualizaciones de la red para dar cabida a las energías renovables) y medidas para ayudar a los hogares vulnerables, los trabajadores y las regiones.
No obstante, a escala mundial, se necesitan medidas adicionales equivalentes a un precio del carbono de 75 dólares por tonelada, o más, de aquí a 2030.
Con antelación a la 26 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de noviembre —la conferencia climática más importante desde París 2015— estamos viendo señales prometedoras de aumento de la ambición climática.
Muchos países han fijado nuevos objetivos climáticos; 60 países ya se han comprometido a alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono de aquí a mediados del siglo y, algunos, incluidos la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, han ofrecido compromisos mayores a corto plazo.
Es importante que estén proliferando los mecanismos de tarificación del carbono; son más de 60 los que se han implementado a nivel mundial, incluyendo las importantes iniciativas este año de China y Alemania.
Aun así, en la próxima década será crucial una actuación más coordinada y más firme.
Si bien algunos países están avanzando de forma enérgica, la ambición varía según el país, de forma que cuatro quintas partes de las emisiones mundiales no tienen precio y el precio promedio mundial de las emisiones es de solo tres dólares por tonelada.
Como reacción, algunos países y regiones con precios del carbono elevados o en aumento están considerando imponer cargas sobre el contenido de carbono de las importaciones procedentes de lugares sin mecanismos similares.
Sin embargo, desde una perspectiva climática mundial, estos ajustes fronterizos del carbono no son instrumentos suficientes, ya que el carbono contenido en los flujos comerciales suele ser inferior a 10 % de las emisiones totales de los países.
En parte, el avance más lento refleja lo difícil que puede ser para los países aumentar de forma unilateral las políticas de mitigación para cumplir los compromisos del Acuerdo de París, entre otras cosas, debido a la preocupación sobre cómo podría afectar a su competitividad y al temor a que los demás no igualen sus medidas de política.
La práctica participación universal de los países en el Acuerdo de París, tan crucial por su legitimidad, no conduce a una negociación sencilla.
Así pues, ¿cómo logramos que la tarificación del carbono esté donde debe estar en diez años?
Un nuevo estudio del personal técnico del FMI, que todavía se está debatiendo con el Directorio Ejecutivo y los países miembros del FMI, propone la creación de un mecanismo de precio mínimo internacional del carbono que complemente el Acuerdo de París y:
- Sea introducido por los principales emisores. El gráfico muestra que China, India, Estados Unidos y la UE serán responsables de casi dos terceras partes de las emisiones mundiales de CO2 que se estiman en 2030 (si no se adoptan nuevas medidas de mitigación). Si se incluye a todo el G20, esta cifra alcanza 85 %. Una vez introducido, el mecanismo podría ampliarse de forma gradual para incluir a otros países.
- Esté anclado en un precio del carbono mínimo. Se trata de un instrumento de política eficiente, concreto y de fácil comprensión. La actuación simultánea de los principales emisores para aumentar el precio del carbono generaría una acción colectiva frente al cambio climático y abordaría de forma decisiva la preocupación relativa a la competitividad. El interés por un precio mínimo del carbono discurre en paralelo al debate actual sobre una tasa impositiva mínima para la tributación internacional de sociedades. De forma más general, la armonización internacional a través de tasas impositivas mínimas tiene una larga tradición en Europa.
- Esté diseñado con pragmatismo. El mecanismo debe ser equitativo, flexible y tener en cuenta las distintas responsabilidades de los países, entre otros factores, las emisiones históricas y los niveles de desarrollo. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, que el mecanismo tenga dos o tres niveles de precios distintos que varíen según las medidas aceptadas para el desarrollo de un país. El mecanismo también podría acomodar a países en los que la tarificación del carbono no es posible en la actualidad por razones políticas internas, siempre que logren reducciones de emisiones equivalentes con otros instrumentos de política.
Un ejemplo ilustrativo muestra que, junto con las políticas actuales, fortalecer los compromisos del Acuerdo de París con un precio mínimo de tres niveles entre solo seis participantes (Canadá, China, Unión Europea, India, Reino Unido, Estados Unidos), con precios de 75 dólares, 50 dólares y 25 dólares para, respectivamente, las economías avanzadas, las economías de alto ingreso y los mercados emergentes de bajo ingreso, podría contribuir a lograr una reducción de 23 % en las emisiones mundiales por debajo del nivel de referencia de aquí a 2030.
Esto es suficiente para alinear las emisiones con el objetivo de mantener el calentamiento mundial por debajo de 2°C.
La aplicación de un sistema de tarificación del carbono en las provincias de Canadá ofrece un buen modelo sobre cómo traducir un precio mínimo al nivel internacional.
El gobierno federal exige a las provincias y territorios que apliquen un precio mínimo del carbono, en aumento progresivo, desde 10 dólares canadienses (CAD) por tonelada en 2018 a CAD 50 en 2022 y CAD 170 en 2030.
Las jurisdicciones tienen libertad para cumplir este requisito mediante impuestos sobre el carbono o regímenes de comercio de derechos de emisión.
A nivel internacional, un acuerdo de precio mínimo del carbono diseñado adecuadamente generaría beneficios para los países de forma individual así como de manera colectiva.
Todos los participantes se beneficiarían de la estabilización del sistema climático mundial, y la reducción de la combustión de combustibles fósiles generaría beneficios medioambientales nacionales para los países, lo más importante, menos muertes por contaminación local del aire.
No tenemos tiempo que perder para poner en marcha este tipo de mecanismo. Imaginémonos en 2030. Asegurémonos de que no miraremos atrás, al 2021, para lamentarnos de la oportunidad perdida de tomar medidas eficaces.
En su lugar, miremos hacia atrás con orgullo por el avance mundial hacia el mantenimiento del calentamiento global por debajo del umbral de 2 oC. Necesitamos una actuación coordinada ahora, que debe centrarse en el establecimiento de un precio mínimo internacional del carbono.
RV: EG
