Análisis

Corrupción cerca al gobierno ultraderechista en Brasil

En más de 400 ciudades de Brasil se realizaron el 19 de junio manifestaciones contra el presidente Jair Bolsonaro al superarse los 500 000 muertos por covid. "Fuera Bolsonaro", fue la consigna general de las protestas, como esta en Manaus, la capital del estado de Amazonas y una de las urbes más castigadas por la pandemia. Foto: Juliana Pesqueira /IPS

RIO DE JANEIRO – Los escándalos de corrupción, que allanaron el camino de la extrema derecha militarista al poder en Brasil en 2018, amenazan con revertirse ahora en contra sus beneficiarios de entonces y erosionar más aún al gobierno de Jair Bolsonaro.

La renuncia del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, forzada por dos investigaciones policiales que lo involucran en el contrabando de madera, alimenta la impresión de que la política oficial de demolición del sistema de protección ambiental la no solo la motiva cuestiones ideológicas, sino en buena medida las ganancias ilegales.

Pero el escándalo más peligroso para el gobierno estalló el martes 22 de junio, la víspera de la renuncia de Salles. Hay “indicios de delito” en la compra de la vacuna Covaxin, de la empresa farmacéutica Bharat Biotech, de India, informó la fiscal Luciana Loureiro, del Ministerio Público Federal en Brasilia.

Un funcionario del Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, encargado de las importaciones de medicamentos, denunció haber sufrido “presiones anormales” para acelerar los trámites para la adquisición de 20 millones de dosis de la Covaxin por el equivalente a 320 millones de dólares.

Miranda, aconsejado y acompañado por su hermano, el diputado Luis Miranda (primer nombre similar), llevó la denuncia al mismo Bolsonaro el 20 de marzo, con documentos que comprueban, según él, las irregularidades de la operación.

El presidente aseguró a los hermanos que ordenaría una investigación sobre las posibles irregularidades en el negocio a la Policía Federal, dijo el diputado Miranda, del partido Demócratas, aliado de Bolsonaro, en varias entrevistas concedidas a los medios de comunicación el miércoles 23, en que detalló la transacción y exhibió los documentos.

El gobierno reaccionó con furia algunas horas después. El secretario general de la Presidencia, Onix Lorenzoni, acusó públicamente a los hermanos Miranda de “fraude” y “denuncia calumniosa”, ya que habrían mentido y presentado documentos probablemente falsificados.

Por orden del presidente la Policía Federal investigará las acciones de los dos, anunció. El diputado “tendrá que responder no solo a Dios, sino también ante nosotros… tendrá que explicar y pagar por su irresponsabilidad”, amenazó, antes de asegurar que Bolsonaro tiene a “Dios en el corazón”.

Lorenzoni se arriesga con esta y otras acusaciones a terminar en la cárcel por intimidación a testigos de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la pandemia, según el presidente y el relator de la CPI, los senadores Omar Aziz y Renan Calheiros, respectivamente.

Sus declaraciones son un intento de coerción de testigos, de obstruir la acción parlamentaria, un delito penal, advirtieron. La CPI, creada en fines de abril, busca identificar las razones del desastre de más de medio millón muertos en 16 meses de la covid-19 en Brasil.

El ya exministro Ricardo Salles (I) entrega el cargo a su sucesor, Joaquim Pereira Leite, hasta ahora secretario de la Amazonia y Servicios Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente en Brasil. La gestión de 30 meses de Salles representó un retroceso de muchos años en el sector, con la ruina del sistema de protección ambiental y el aumento de la deforestación y los incendios forestales en la Amazonia y en el Pantanal. Foto: MMA

El escándalo huele a corrupción, ya que el precio fijado en el contrato para la Covaxin es de 15 dólares cada dosis, 11 veces el precio de la vacuna seis meses atrás, según el diario O Estado de São Paulo.

La compra de esa vacuna fue la única intermediada por una empresa ajena al segmento de vacunas, la brasileña Precisa Medicamentos, sospechosa por tener como socia otra compañía que dejó de entregar al Ministerio de Salud medicamentos adquiridos por el equivalente a cuatro millones de dólares en 2017.

Además la negociación fue rápida, se concluyó en tres meses. Otras vacunas necesitaron más que el doble de ese tiempo, pese al precio muy inferior. Una de ellas, la estadounidense de los laboratorios Pfizer, llevó nueve meses para alcanzar un acuerdo y estuvo varios meses sin una respuesta del gobierno brasileño a sus ofertas.

También el presidente Bolsonaro puede ser acusado de ese delito junto con el de omisión en evitarlo, al no haber dado seguimiento a la denuncia de los hermanos Miranda. En Brasil el código penal define ese incumplimiento como prevaricación, por adoptar a sabiendas una medida injusta, castigado con una pena de tres a 12 meses de cárcel.

El Tribunal de Cuentas de la Unión, un órgano del Congreso Nacional para la auditoría de la administración pública, también consideró “nebulosa” la compra de la Covaxin. No hubo ninguna negociación ni estudio comparativo de precios, tampoco una evaluación de riesgos y de los aspectos jurídicos.

Para peor, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria no aprobó la vacuna india por no haber recibido resultados de pruebas de su seguridad y eficacia, además de considerar insatisfactorias las condiciones de la planta que la produce.

Otras irregularidades podrán aparecer en el testimonio de los hermanos Miranda a la CPI del Senado fijada para el viernes 25 de junio.

Senadores realizan un minuto de silencio y protestan con varios carteles por los más de 500 000 muertos por la covid en Brasil hasta el 22 de junio, en la Comisión Parlamentaria de Investigación que busca identificar las causas y responsables de la parte de la tragedia que podría haberse evitado en el país con la adopción de medidas adecuadas. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado-Fotos Públicas

El tema es políticamente explosivo porque, además de involucrar a Bolsonaro incluso por mensajes que él envió al gobierno indio, tiene dos coroneles del Ejército como responsables directos del contrato y las denunciadas “presiones” sobre Miranda.

Y toda la operación se realizó cuando el ministro de Salud era el general Eduardo Pazuello, nombrado por Bolsonaro sin tener calificación para la función, justamente en un período crítico de la pandemia, entre mayo de 2020 y marzo de 2021, en que sustituyó médicos y técnicos especializados por una treintena de oficiales del Ejército.

La sospecha de corrupción ya surgió en relación a otro coronel que, en la superintendencia de ese Ministerio en Río de Janeiro, contrató sin la debida licitación reformas en dos edificios de esa dependencia, unas obras después canceladas. No eran prioritarias durante la pandemia y por lo menos una empresa contratada incurrió en fraudes previamente.

La sustitución de los coroneles por el nuevo ministro de Salud, el médico cardiólogo Marcelo Queiroga, es gradual. Pocos podrán ser apuntados por la CPI como corresponsables de la tragedia pandémica agravada por el negacionismo compartido con Bolsonaro, el mismo un excapitán del Ejército que ocupa la presidencia de Brasil desde enero de 2019.

Más vacunas y más ayuda a la población pobre y vulnerable fueron algunas de las demandas de los centenares de miles de personas que se manifestaron por todo Brasil, manteniendo la distancia interpersonal y portando mascarillas, contra la gestión de la pandemia, cuando el país alcanzó la trágica cifra de medio millón de muertos por covid, el 19 de junio. En la imagen, la protesta en São Paulo. Foto: Ricardo Stuckert / Fotos Públicas

Tragedia ambiental

El aumento de la deforestación y de los incendios forestales es otra tragedia de los 30 meses del gobierno de Bolsonaro que tampoco tendrá fin con la caída del ministro Salles.

Su sucesor, Joaquim Pereira Leite,  era ya  secretario de la Amazonia y Servicios Ambientales del ministerio y como Salles su vínculo es con los grandes agricultores que componen, en Brasil, la mayor fuerza antiambientalista.

Por 23 años fue uno de los directores o consejeros de la Sociedad Rural Brasileña, centenaria organización de los grandes terratenientes del país.

Salles era, desde hace mucho, un estorbo en el gobierno. Rechazado internacionalmente por sus actuaciones contra los avances ambientales que había logrado Brasil en este siglo, su situación se agravó por los incendios forestales en la Amazonia y en el Pantanal, un humedal en la frontera con Bolivia y Paraguay, ocurridos en los dos últimos años.

El exministro desmovilizó los institutos de control ambiental y de protección de la biodiversidad, que son los brazos operativos del Ministerio, y los puso bajo jefatura de policías militares y bajo normas que impiden la punición a los infractores de reglas ambientales.

Su salida se hizo inevitable al asumir personalmente la defensa de empresas sospechosas de la talar y exportar madeira amazónica ilegalmente a Estados Unidos y Europa, en los últimos meses.

Autoridades ambientales estadounidenses devolvieron cargamentos de madera ilegal y denunciaron el contrabando, favorecido por medidas de Salles y sus hombres de confianza en los órganos de control.

Además sumas injustificadas fueron identificadas en las cuentas bancarias de la oficina de abogados en que él es socio de su madre, en una actividad legalmente incompatible con la condición de ministro.

El indicio de corrupción degrada un gobierno cuyo presidente ganó las elecciones enarbolando la bandera de la anticorrupción, aunque él y sus hijos políticos son conocidos por la llamada “rachadinha” (pequeño reparto), practicada por muchos legisladores.

Se trata de contratar los empleados “fantasmas”, que no trabajan y transfieren a su jefe la mayor parte del sueldo pagado por el Estado. Como resaltan analistas ahora, Bolsonaro mantenía una conducta hipócrita respecto a la corrupción, que los nuevos escándalos dejan al desnudo ponen su presidencia bajo directa amenaza.

ED: EG

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