Las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) advirtieron que los derechos humanos corren peligro en El Salvador tras la destitución de magistrados por el parlamento, y los secretarios de la ONU y la OEA pidieron que se respete la separación de poderes en el país centroamericano.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió “respeto a las provisiones constitucionales, al estado de derecho y a la división de poderes, para preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz” hace 30 años, dijo este lunes 3 su portavoz, Stéphane Dujarric.
De su lado, Luis Almagro, secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), rechazó “la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General, Raúl Melara, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones”.
Según Almagro “cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando principios de la democracia, y cuando eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia de su funcionamiento”.
El 1 de mayo la unicameral Asamblea Legislativa de El Salvador, apenas instalada y con el voto de los aliados del presidente Nayib Bukele, quienes ocupan 64 de las 84 bancas, destituyó a los jueces de esa sala y al fiscal, críticos de decisiones del gobernante, y designó otros magistrados en su reemplazo.
Por ejemplo, en agosto de 2020, la sala declaró inconstitucionales los decretos emitidos por Bukele en el marco del confinamiento establecido ante la pandemia covid-19, y el presidente comentó que “si de verdad fuera un dictador, los hubiera fusilado, para salvar 1000 vidas a cambio de cinco”.
Los partidos que gobernaron El Salvador en las últimas tres décadas y están en la oposición, el derechista Alianza Republicana Nacionalista y el izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, concordaron en que la nueva medida alinea los tres poderes del Estado en torno al presidente salvadoreño, de 39 años.
El director regional de HRW, José Miguel Vivanco, sostuvo que “Bukele ataca el estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”, en ese país de 21 064 kilómetros cuadrados y 6,7 millones de habitantes.
Según Erika Guevara Rosas, directora para el hemisferio de AI, “este fin de semana el mundo atestiguó un intento más de las autoridades salvadoreñas de llevar al país a aquellos momentos de su historia donde los derechos humanos eran pisoteados cotidianamente”, en alusión a la cruente guerra civil concluida en 1991.
“La independencia judicial es fundamental en cualquier Estado que dice respetar los derechos humanos. Al atacarla, la Asamblea Legislativa le muestra al mundo su desprecio a estos derechos, incluyendo el acceso a la justicia”, dijo Guevara.
Recordó que durante una entrevista con Bukele en 2019 el mandatario salvadoreño le había reiterado su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su apertura al escrutinio internacional en esa materia.
El relator de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, condenó “los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados, destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional”.
Los magistrados destituidos emitieron un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, y luego al menos dos de ellos, más el fiscal Melara, renunciaron a sus cargos.
Bukele sostuvo que el reemplazo de los magistrados se hizo conforme al artículo 186 de la Constitución, según el cual “podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley” y tanto su elección como destitución debe efectuarse con el voto de dos tercios del parlamento.
En un mensaje en la red social Twitter el gobernante dijo que “aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza. Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones (hay videos de eso)”.
“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, agregó.
Estados Unidos, principal socio comercial del El Salvador, expresó su preocupación por la remoción de los jueces y el fiscal salvadoreños.
Anthony Blinken, secretario de Estado (canciller) en Washington, le insistió a Bukele que “un poder judicial independiente es esencial para la gobernanza democrática”, según el portavoz de su despacho, Ned Price.
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