SAN JOSÉ – “El gobierno de Bukele ha creado esta campaña de odio hacia los periodistas que trabajamos en medios que no son afines al oficialismo”. Así comienza a narrar el periodista de un medio escrito de El Salvador, bajo el pseudónimo de Adrián, las tácticas de intimidación del gobierno de turno contra los periodistas.
El ascenso de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador en 2019 ha tenido un impacto directo en el trabajo de los periodistas. El poco acceso a la información y los ataques a periodistas de investigación han generado un deterioro en la libertad de prensa en este país.
El último ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteras evidencia esta situación. El Salvador pasó del puesto 74 en 2020 al 82. La pandemia acentuó una tendencia que se mostró desde la llegada del partido Nuevas Ideas al poder.
“En 2018 uno como periodista todavía podía solicitar información. El año pasado quise pedir información similar a la que solicité en 2018 y no me la brindaron, me dijeron que se tenía que hablar con una mesa tripartita: policía, medicina legal, Fiscalía, etc. Básicamente me estaban negando la información», comentó Adrián.
Añadió que «con cifras de covid te dicen que vaya al sitio oficial del gobierno. Están maquilladas. Los doctores te dicen que las UCI están topadas. Si vas a un edificio de gobierno a tomar fotos o videos, los guardas de seguridad te dicen que no podés hacerlo”.
Su anonimato refleja el temor que infunde el gobierno de Bukele.
La periodista Angélica Cárcamo preside la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y afirma que con el cambio de gobierno se dispararon las vulneraciones a la libertad de prensa.
La APES cuenta con un centro de monitoreo de agresiones desde 2018. En ese año se contabilizaron unos 65 casos, en donde el 90% de agresiones venían del crimen organizado, en donde algunas pandillas amenazaron a periodistas y les obligaron a hacer desplazamientos forzados.
En 2019, ese número subió a 79, con la particularidad de que ahora la mayoría de agresiones venían de parte del órgano ejecutivo. De acuerdo con Cárcamo, esto se intensificó con la eliminación de la Secretaría de Gobierno y Anticorrupción, que garantizaba el acceso de información a la ciudadanía.
Además, Bukele colocó a personas afines a su gobierno en el Instituto de Acceso a la Información Pública.
“El actual gobierno, que tenía a cargo tres puestos, incumplió en el mecanismo de elección de comisionados. No cumplían con el reglamento y eligieron personas con afinidades hacia ellos, funcionarios de gobierno, candidatos de Nuevas Ideas (el partido gobernante), etc. El Instituto de Acceso a la Información se ha convertido en un instituto de la opacidad», comentó la periodista.
«Esto ha hecho que no se resuelvan apelaciones. No solo de periodistas, sino de ciudadanos, ante el aumento de la negativa de dar información por parte del Ejecutivo”, añadió.
Según la APES, en 2020 se contabilizaron 125 vulneraciones a la libertad de prensa, 90 % de ellas provenientes del Estado durante la pandemia. “Para lo que va en el primer cuatrimestre de 2021, estamos muy preocupados porque llevamos 113 vulneraciones, la mayoría en febrero cuando tuvimos eventos electorales”, agregó.
El miedo y la censura en Nicaragua
En Nicaragua ser periodista independiente es considerado un deporte de riesgo. El país cayó siete puestos en los últimos dos índices de libertad de prensa.
“Hay colegas periodistas que viven exiliados y sus familiares reciben amenazas de muerte. La pandemia vino a hacer más peligroso que los periodistas salgan a reportear», indicó Cindy Regidor, periodista de Confidencial y corresponsal de France 24.
«El periodista sale con miedo a la pandemia y a la policía. El gobierno sostuvo una política negacionista y los números oficiales son falsos. Eso se puede contrastar con las organizaciones independientes. El gobierno reconoce unas 300 muertes pero hay datos que hablan de unas 9000”, añadió.
Regidor describe esta caótica situación como un “Estado policial de facto”, en el que se busca intimidar de distintas maneras a los periodistas.
“A medida que nos acercamos a las elecciones de noviembre, la violencia política va en aumento. Hay amenazas por todos lados, pero quienes se llevan las peores partes son los periodistas. Les tiran piedras en sus casas y las marcan con la palabra ‘plomo’ para amenazarlos”, agregó.
La excepción tica
América Latina es una región complicada para ejercer el periodismo. Países como Colombia, México, Honduras, Venezuela y Cuba, se ubican entre las naciones más hostiles de la región para ser reportero.
Sin embargo, Costa Rica es el país más seguro para los periodistas en América y el quinto con mejor puntuación en el índice de libertad de prensa, solo superado por Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca.
A este país centroamericano se le atribuye ser una de las democracias más estables y consolidadas de la región, con una institucionalidad que permite atender las denuncias periodísticas.
La jurisprudencia da una protección robusta de la libertad de prensa y de expresión frente al Estado, según Gustavo Román, con un doctorado en Sociedad de la información y análisis del discurso.
“El resultado de una mezcla de factores crea un ‘clima’ favorable para los periodistas. Los políticos le dan mucho peso a la opinión pública en su toma de decisiones, y los oráculos de esa opinión pública son los periodistas. La valoración de los políticos es bajísima, y los periodistas y medios gozan de mucha credibilidad. El efecto de eso es que los periodistas se envalentonan y los políticos se cuidan mucho de no aparecer como enemigos de la prensa”, comentó Román.
Para el reportero legislativo Aarón Sequeira, del diario La Nación, trabajar como periodista en Costa Rica conlleva una tranquilidad que quizás sus colegas en países vecinos no experimentan.
Sequeira coincide en que la institucionalidad funciona ante los abusos que el poder pretende tomar.
“Entre lo que permite ejercer el periodismo con una gran libertad en Costa Rica está el hecho de que la institucionalidad costarricense asegura una serie de mecanismos para poder exigir cuentas, para acceder a documentos públicos, pedir cuentas a los funcionarios y en caso de negativas, poder recurrir a esos mecanismos, ya sea por la vía del tribunal constitucional», aseguró.
«Hay periodistas que recurren con frecuencia a estas instituciones, pero en general la institucionalidad asegura la posibilidad de acceder esa información”, añadió Sequeira.
El periodista asegura que él mismo ha experimentado bloqueos de información de parte de instituciones del Estado, pero que los tribunales hacen su contraparte y en general existe un respaldo hacia el trabajo de la prensa.
“A diferencia de la región, pensando desde México hasta Nicaragua, las condiciones para los periodistas de Costa Rica son mucho más seguras. No recibimos amenazas contra nuestra seguridad, no se asesinan periodistas por alguna publicación. Ahora hemos publicado el presunto ligamen de un diputado y su familia con un líder narco. Creo que eso hace diferente a Costa Rica, no hay un ambiente de amenazas de palabra ni de hecho, eso es importante para nuestro trabajo”, concluyó Sequeira.
Este artículo se publicó originalmente en IJNet, la Red Internacional de Periodistas.
RV: EG
