El operativo militar que culminó con la conocida como masacre de El Mozote, en la que murieron unas mil personas en 1981 en El Salvador, fue planificado y ejecutado por el Alto Mando del Ejército del país, con el apoyo de militares hondureños, y encubierto por autoridades del gobierno de Estados Unidos.
Esos hechos, ocurridos durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992) fueron revelados por la académica estadounidense Terry Karl, de la Universidad de Stanford, quien participó como perito en una audiencia sobre el caso, celebrada del 26 al 28 de abril en San Francisco Gotera, capital del departamento de Morazán, en el este del país.
La Operación Rescate, como se denominó al operativo militar desarrollado en El Mozote y caseríos circundantes, efectuado por el ejército en diciembre de 1981, “fue “planificada, autorizada y conducida por el Alto Mando”, secundó además el coronel peruano Clever Pino Bernamú.
El oficial en retiro sudamericano participó también como perito, en otra audiencia celebrada el 30 de abril, en la misma ciudad.[pullquote]3[/pullquote]
“Los hechores tienen que pagar, la justicia ya está sobre ellos, Dios y las leyes de la Tierra tiene que castigarlos”, dijo a IPS el sobreviviente de aquella masacre, Hilario Sánchez, de 90 años, durante un receso de esa segunda audiencia.
Sánchez y otros sobrevivientes y familiares de víctimas llegaron a San Francisco Gotera desde la zona de El Mozote para escuchar los cuatro días de audiencia, con especial interés en las ponencias de los expertos sobre la mayor masacre ocurrida en la guerra civil.
Tanto Bernamú, experto en la política de la seguridad nacional impulsada en la región por Estados Unidos, como Karl, fungieron como peritos a solicitud de la Fiscalía General y la acusación particular, en esta fase llamada de instrucción, en la que se indagan los hechos y se presentan evidencias para que, más adelante, el juez determine si abre el juicio como tal.
El operativo militar fue combinado, dijo Karl, pues involucró fuego de artillería, apoyo aéreo, tropas del batallón Atlacatl, entrenado en contrainsurgencia por Estados Unidos; apoyo aéreo, y de la Tercera Brigada de Infantería y de otras guarniciones militares, por lo cual es evidente que hubo una coordinación desde las altas esferas castrenses.
Se considera al coronel Domingo Monterrosa, comandante del batallón Atlacatl, como el responsable operativo en el terreno.
El oficial murió en octubre de 1984 cuando el helicóptero en el que viajaba junto a otros oficiales explotó producto de una carga explosiva embutida por la guerrilla en un falso transmisor de la Radio Venceremos, una de las dos emisoras rebeldes.
Monterrosa creyó que sus tropas habían capturado en combate el transmisor de la estación, y lo llevaba con él, como una suerte de trofeo, cuando los rebeldes lo hicieron explotar remotamente, según contó el escritor José Ignacio López Vigil, en su libro Las mil y una historias de Radio Venceremos
“La decisión de mandar al Atlacatl (a El Mozote) se toma dentro de Ministerio de Defensa, a través de la cadena de mando”, afirmó durante la audiencia la académica, quien por años ha escudriñado documentos desclasificados por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), además de haber conducido sus propias entrevistas e investigaciones.
Karl y Bernamú coincidieron en que un operativo de esa envergadura, que implicó un esfuerzo de planificación, organización y logística, solo pudo ser llevado a cabo como parte de un esfuerzo institucional, desde el Alto Mando del ejército.
Las acusaciones pública y particular esfuerzan por poner nombres y rostros a los oficiales que participaron en la cadena de mando de la Operación Rescate.
Archivado desde 1993 en el sistema judicial salvadoreño, el caso fue reabierto en septiembre del 2016, y en el banquillo de los acusados están15 militares, siete de ellos de alto rango del Ejército salvadoreño, que son los que quedan vivos de los 33 acusados castrenses.
Entre los siete de alto rango se encuentran los generales Guillermo García, exministro de la Defensa (1979-1983), y Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto.
Como defensa, el ejército rechaza que hubo una acción deliberada de asesinar a civiles, organizada desde el Alto Mando, y todo lo circunscribe a una maniobra militar de contrainsurgencia en la que murieron personas no combatientes porque la guerrilla se escudó en ellos.
Entre septiembre y octubre de 2020, con la venia del presidente Nayib Bukele, el ejército salvadoreño impidió al juez del caso, Jorge Guzmán, ingresar a seis cuarteles para buscar documentos sobre la masacre.
Pese a que Bukele se había comprometido con las víctimas a abrir esos archivos, al final se desdijo de su promesa.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del ejército salvadoreño montaron en El Mozote y aldeas circundantes, en el norte de Morazán, un presunto operativo antiguerrillero, pero ahí se dedicaron a asesinar a unas mil personas, entre ellas niños, ancianos y mujeres embarazadas.
Los militares salvadoreños consideraban a esa población apoyo de la guerrilla, que tenía una fuerte presencia en la zona, limítrofe con Honduras.
“La gente no estaba organizada en nada de grupos guerrilleros, la gente vivía humildemente en esto lugares, trabajando la tierra, era gente inocente, mujeres, ancianos, niños, mujeres embarazadas”, señaló Sánchez, quien residía en Potreros, un pequeño caserío de la aldea La Joya, en diciembre de 1981.
El sobreviviente contó a IPS que más de 20 de sus familiares fueron asesinados en ese operativo, entre ellos su hermana, Francisca Sánchez, de unos 50 años, y las hijas de ella, Reynalda y Émula, así como los hijos de estas, cuyos nombres dijo ya no recordar.
Los familiares de Sánchez intentaron huir hacia Honduras cuando supieron que el operativo había comenzado en su aldea, el 11 de diciembre, pero fueron atajados por soldados, junto a otros habitantes del lugar.
“Les dijeron que los llevarían a un campo y que los sacarían del lugar en helicóptero, pero no fue así, los reunieron para matarlos”, narró Sánchez, quien se libró de la muerte porque no quiso salir de casa con el grupo, pues no hallaba qué hacer con sus tres vacas, tras escuchar que los soldados también andaban matando los animales de los pobladores.
“Les dije a mis familiares que me iba a quedar a ver qué hacía con las vacas, y que después me escondería”, recordó. Se libró de la muerte al esconderse a tiempo en “el monte”.
Otra de las revelaciones de Karl, la investigadora de Stanford, fue que en el operativo en El Mozote estuvo presente el asesor estadounidense Allen Bruce Hazelwood, algo que era ilegal según las normas internas de Estados Unidos.
Tal presencia fue posible debido al vínculo de amistad que Hazelwood habría tenido con el coronel Monterrosa.
Haber mantenido en secreto que un asesor estadounidense estuvo en el lugar de la masacre implica que hubo un elaborado plan de encubrimiento por parte no solo de los militares salvadoreños sino también de autoridades de Estados Unidos, para no afectar la ayuda militar de esa nación al ejército de El Salvador, según aseguró.
Sin embargo, la académica acotó: “No puedo decir que (el presidente Ronald) Reagan (1981-1989) sabía, pero mucha gente en el gobierno ya sabía lo que había pasado”.
Conocer sobre la presencia del asesor Hazelwood en el operativo militar, puede tener un impacto político favorable para el caso y podría facilitar la desclasificación de otros documentos en Estados Unidos, aseguró a IPS la abogada Guadalupe Hernández, de la organización de derechos humanos Cristosal.
“Recordemos que Karl estableció que parte de esos documentos están desclasificados parcialmente. Todavía hay mucha más información que podría ser eventualmente desclasificada y que nos podrá seguir ayudando a encontrar la verdad de lo ocurrido”, señaló Hernández.
La jurista forma parte de un equipo de abogados que trabaja de la mano con la Fiscalía General y la acusación particular en el caso, en representación de las víctimas.
Karl también aseguró en la audiencia que los militares salvadoreños contaron con el apoyo de sus pares hondureños, encargados de bloquear la frontera para evitar una posible huida de rebeldes y pobladores hacia ese territorio vecino, algo que tampoco se conocía.
Sin embargo la participación de tropas hondureñas ya había sido documentada en otra masacre, la del río Sumpul, ocurrida en mayo de 1980, cuando dispararon contra pobladores civiles que huían de un operativo militar salvadoreño en el departamento de Chalatenango, en el norte del país, con un saldo de unos 600 muertos.
“No nos sorprende para nada la participación del ejército hondureño (…) Honduras fue un punto estratégico militar (de los Estados Unidos), fue un proyecto regional”, dijo a IPS la activista Bertha Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Por su parte, la defensa de los militares acusados planteó que intentarán anular, a la hora de evaluar la evidencia presentada en la audiencia, el testimonio de la académica estadounidense, pues consideran que su peritaje está sesgado.
“Ella nunca pudo haber sido objetiva, aunque hubiera querido”, dijo a IPS el defensor Lisandro Quintanilla.
Se calcula que unas 75 000 personas murieron durante el conflicto salvadoreño, la mayoría civiles.
Los pocos sobrevivientes que quedan y los familiares de las masacres contra civiles creen que, aunque han pasado casi 40 años de que ocurrieron los hechos, llegará el día en que encontrarán justicia y que ello mejorará la situación de los derechos humanos no solo en este país centroamericano de 6,7 millones de personas.
José Cruz Vigil, de 66 años, perdió a 54 parientes en la masacre, en las aldeas de Jocote Amarillo y Los Toriles. “La mayoría eran niños, de 16 para abajo, incluso dos estaban aún en el vientre”, contó a IPS al concluir las audiencias en San Francisco Gotera.
“Nosotros mantenemos la esperanza de que un día va a haber verdad, justicia, y reparación. Habrá un precedente para las nuevas generaciones, para que esos hechos no se vuelvan a repetir aquí ni en ningún lugar del mundo”, subrayó Vigil.
ED: EG
