Alarma en la ONU por la violencia ante protestas en Colombia

Uno de los accesos al popular barrio Siloé, en el sur de Cali, Colombia, donde se vivió la noche del lunes 3 la que hasta ahora ha sido la jornada más violenta de represión a las protestas de abril y mayo en ese país. Foto: Alcaldía de Cali
Uno de los accesos al popular barrio Siloé, en el sur de Cali, Colombia, donde se vivió la noche del lunes 3 la que hasta ahora ha sido la jornada más violenta de represión a las protestas de abril y mayo en ese país. Foto: Alcaldía de Cali

JLa muerte de una veintena de manifestantes en la represión de las protestas en Colombia, sobre todo en la suroccidental ciudad de Cali, disparó alarmas en la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y también en la Unión Europea, este martes 4.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche (lunes 3), cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas” dijo la portavoz de Acnudh, Marta Hurtado.

Indicó Hurtado que “nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Las personas defensoras de derechos humanos también informaron que han sido acosadas y amenazadas”.

La representante de Acnudh en Colombia, Juliette de Rivero, dijo que desde que se iniciaron las protestas el 28 de abril hacen “seguimiento con preocupación” a la situación de derechos humanos en las ciudades de Cali, Cauca, Medellín, Bello, Pasto, Neiva, Barranquilla, Villavicencio y la capital, Bogotá.

El relator especial de la ONU sobre la libertad de asociación y reunión pacífica, Clement Voule, también dijo estar “alarmado por informes sobre el uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad contra manifestantes”, e igualmente “por el número de policías heridos” cuando hubo choques callejeros.

En Bruselas, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, también condenó “la violencia y el uso desproporcionado de la fuerza contra las manifestaciones en Colombia”, y consideró imperioso contener esa escalada.

Hurtado expresó “nuestra consternación por los sucesos ocurridos, y resaltamos nuestra solidaridad con las personas que perdieron la vida, con las que resultaron heridas y con sus familiares”.

Las protestas siguieron a marchas convocadas por el Comité Nacional de Paro contra una reforma tributaria que impulsó el presidente Iván Duque, y continuaron ante los excesos policiales aun cuando el 2 de mayo el mandatario dio marcha atrás y retiró el proyecto del Congreso legislativo.

En varias ciudades hubo desórdenes y destrucción de propiedades públicas y privadas, aunque Acnudh y otras entidades destacaron que la mayoría de las marchas y protestas han sido pacíficas.

Cali vivió la noche del lunes 3 la jornada más dura desde el inicio de las protestas del paro nacional, con una ola de violencia que se desbordó por las calles de sectores populares y que dejó un balance de víctimas aún indeterminado.

Medio locales dan cuenta de que al menos seis personas murieron, entre ellas un niño de 11 años, y que otras 18 resultaron heridas, entre ellas otro niño en estado grave. La operación policial fue particularmente intensa en la barriada popular Siloé, al sur de la ciudad.

Antes de esa fecha, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó de la muerte de 19 personas y 800 lesionados, entre ellos centenares de policías, durante cinco días de protestas en diversas ciudades del país.

Para el miércoles 5 se han convocado nuevas manifestaciones.

Acnudh, oficina que dirige en esta ciudad suiza la ex presidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet, declaró que “dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma”.

“Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, dijo Hurtado.

Insistió en que “los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”.

A-E/HM

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