La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha instado a los demás gobiernos del mundo a apoyar un impuesto mínimo global para las empresas de al menos 21 %. Washington está trabajando con los demás miembros del Grupo de los 20 (G20) para conseguir que otros países pongan fin a los treinta años de carrera a la baja en la carga fiscal a las sociedades.
El impuesto de sociedades es vital
Para Yellen, “los gobiernos deben tener sistemas fiscales estables que recauden suficientes ingresos para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan equitativamente la carga del financiamiento a los gobiernos”.
La administración de Joe Biden ha presentado un plan para revertir los recortes fiscales de su antecesor Donald Trump y aumentar las cargas impositivas a las corporaciones estadounidenses de 21 % a 28 %.
Lo más importante es que quiere aumentar las tasas fiscales sobre los beneficios de las empresas estadounidenses en el extranjero, los ingresos globales intangibles de baja tributación (GILTI, en inglés), de 10,5 % a un mínimo de 21 %.
Esto debería calcularse país por país, incluyendo todos los paraísos fiscales, es decir, lugares de baja o nula tributación, para minimizar la evasión.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también está dispuesto a alcanzar un acuerdo internacional sobre un impuesto digital para los gigantes del sector como Amazon y Facebook. Esto contrasta con la amenaza de Trump de tomar represalias contra los países que intentasen gravar a los gigantes tecnológicos con su sede principal en Estados Unidos.
La publicación británica The Economist estima que en la última década, las cinco grandes corporaciones tecnológicas: Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google pagaron solo 16 % de sus beneficios en impuestos.
Carrera hacia la baja
A partir de la década de los 80, las instituciones surgidas en Bretton Woods: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial, promovieron la economía impulsada por el presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) a favor del mercado, que alegaba que la tributación excesiva desalienta la oferta de trabajo y el espíritu empresarial.
Sin embargo, en contra de las afirmaciones de sus defensores, la mayoría de los recortes fiscales generaron pérdidas netas de ingresos, y los recortes de Trump han provocado un déficit de 275 000 millones de dólares, es decir, 7,6 % de los ingresos previstos anteriormente.
A medida que los países se apresuraban a bajar su carga tributaria, ofreciendo incentivos fiscales cada vez más generosos para atraer las inversiones de las empresas transnacionales, la tasa impositiva legal promedio a las compañías de todo el mundo cayó de 40 % en 1980 a 24 % en 2020.
Los países también pierden ingresos, ya que las corporaciones transnacionales utilizan lagunas legales para reducir al mínimo el pago de impuestos, por ejemplo, abusando de las diferencias entre las normas fiscales nacionales y los acuerdos bilaterales de doble imposición.
Se esfuerzan por lograr la doble no imposición para evitar el pago de impuestos en todas las jurisdicciones del planeta donde operan.
Así, cada año se pierden 500 600 millones de dólares, es decir, alrededor de 10 % de los ingresos anuales del impuesto de sociedades, por la migración de los beneficios de las empresas transnacionales a los paraísos fiscales, utilizando una contabilidad de la denominada erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios (BEPS, en inglés).
Perjudicar a los países del Sur en desarrollo
El impuesto sobre la renta de las empresas es mucho más importante para los países del Sur en desarrollo. Por ejemplo, en 2017 constituyó 18,6 % de los ingresos fiscales en África, 15,5 % en América Latina y el Caribe, y solo 9,3 % en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que congrega a grandes economías del mundo.
Es evidente que la competencia fiscal y la evasión fiscal de esas transnacionales perjudican más a los países en desarrollo. Como porcentaje del producto interno bruto (PIB), la región de África subsahariana es la que más ha perdido, seguida de América Latina y el Caribe, y el sur de Asia.
Reformas fiscales
Los gobiernos de los países en desarrollo emprendieron reformas que redujeron los sistemas de impuestos directos sobre la renta, a menudo progresivos, en favor de una imposición indirecta sobre el consumo, supuestamente neutral, pero en realidad regresiva.
Los altos cargos del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI recomendaron gravar el trabajo en lugar del capital, considerado demasiado móvil para ser gravado. Un documento del FMI llegó a respaldar la abolición total del impuesto de sociedades.
Alentados por el ahora desacreditado proyecto Doing Business (hacer negocios) del Banco Mundial, los países en desarrollo compitieron por reducir el impuesto de sociedades, que bajó en promedio en el Sur en una quinta parte desde 1980. En consecuencia, los países de renta baja y media han perdido 167 200 millones de dólares anuales, alrededor de 11,5 % del PIB.
The Economist observó la débil relación entre las tasas impositivas y la inversión, así como los ritmos de crecimiento.
Una investigación de la OCDE demostró que los incentivos fiscales apenas atraen la inversión extranjera directa, mientras que otra realizada por el FMI descubrió que la competencia fiscal por empobrecer al vecino supuso una pérdida de ingresos innecesaria para muchos países en desarrollo.
Un informe del G20, de grandes economías industriales y emergentes, señala que el coste fiscal de los incentivos tributarios en los países de renta baja puede ser elevado, reduciendo las oportunidades de un gasto público muy necesario, o exigiendo mayores impuestos sobre otras actividades.
Evasión fiscal
Las pérdidas de ingresos anuales estimadas para los países ricos de la OCDE debido a los paraísos fiscales oscilan entre 0,15 % y 0,7 % del PIB. Los países de renta baja e incluso los de renta media baja pierden relativamente más ingresos por el impuesto de sociedades que los países de renta alta.
Los países de renta baja representan unos 200 000 millones de dólares de esta pérdida de ingresos, lo que supone una proporción del PIB mayor que la de los países de renta alta. Esto es mucho más que los aproximadamente 150 000 millones de dólares que los países de renta baja reciben anualmente en concepto de ayuda oficial al desarrollo.
Digitalización
La digitalización y los cambios en los modelos de negocio están dificultando la determinación de la ubicación real de las actividades económicas. Por lo tanto, la digitalización permite la BEPS, reduciendo los ingresos debido a los ingresos imponibles no declarados.
En consecuencia, en 2017, los países en desarrollo perdieron 10 000 millones de dólares en ingresos procedentes del comercio electrónico, frente a la pérdida de 289 millones de dólares de los países de renta media. Los países menos desarrollados perdieron 1500 millones de dólares, mientras que los países del África subsahariana perdieron 2600 millones de dólares.
Según el informe de 2019 de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad), los ingresos fiscales no percibidos por la digitalización son especialmente elevados para los países en desarrollo, ya que son menos propensos a albergar empresas digitales y tienden a ser importadores netos de bienes y servicios digitales.
La voz de los países en desarrollo
Con el apoyo del G20, la OCDE lleva trabajando en BEPS desde 2013. La iniciativa BEPS de la OCDE pretende frenar la erosión de la base imponible mediante el establecimiento de una tasa mínima global en el impuesto de sociedades y la tributación de las compañías transnacionales que venden servicios digitales transfronterizos.
Los países de la OCDE y del G20 pretenden ahora alcanzar un consenso sobre ambos aspectos para mediados de 2021.
Sin embargo, a pesar de ser los más perjudicados, los países del Sur en desarrollo han sido excluidos durante mucho tiempo de los debates sobre las normas fiscales internacionales y el diseño de políticas y reglamentos.
El llamado Marco Inclusivo sobre el BEPS de la OCDE contempla ahora a los países en desarrollo que aceptan aplicarlo a pesar de haber sido excluidos de su diseño.
Así, aunque los países en desarrollo asociados a ese Marco supuestamente participan en pie de igualdad, no tienen ningún papel en la toma de decisiones, lo que recuerda su anterior estatus colonial.
Aparentemente, la igualdad de condiciones solo se refiere a la aplicación de las normas mínimas de ese Marco del BEPS.
No es de extrañar que, aunque se hayan planteado durante las consultas para el Marco Inclusivo, sigan sin abordarse o resolverse las preocupaciones de los países en desarrollo. Se trata de temas como la asignación de derechos fiscales entre los Estados de “origen” y los de “residencia”, la tributación de la economía informal y la consideración de sus diferentes necesidades y circunstancias.
Con estos fallos que implican déficits de legitimidad, es poco probable que las medidas BEPS beneficien a los países en desarrollo. Cada vez está más claro que el proyecto BEPS y su Marco Inclusivo nunca estuvieron pensados para ayudar a los países en desarrollo.
La ONU debe actuar ya
Hasta ahora, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, y otros países poderosos han respondido positivamente a Yellen.
Su propuesta también ha sido respaldada por el FMI y el Grupo de Alto Nivel sobre responsabilidad financiera internacional, transparencia e integridad para el logro de la Agenda 2030 (Facti, en inglés), de las Naciones Unidas.
Las normas del impuesto de sociedades favorecen actualmente a los países ricos, donde tienen su sede la mayoría de las empresas transnacionales, independientemente de su domicilio fiscal. Los países deben trabajar juntos para acelerar una coordinación fiscal multilateral más inclusiva, equitativa y progresiva.
El tenue monopolio de la OCDE en los debates sobre cooperación fiscal internacional le ha fallado hasta ahora al mundo. La creación de acuerdos fiscales internacionales más justos requiere consultas multilaterales inclusivas que vayan más allá de los procesos actuales.
Estas deberían ser dirigidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el único foro en el que todos los países están representados de forma justa.
Una Convención Fiscal de la ONU, con participación universal y apoyo técnico del FMI, puede ayudar a los países a unirse para encontrar soluciones globales duraderas. Esto debe ocurrir pronto para evitar que la OCDE siga abusando de su enfoque exclusivo, poniendo inadvertidamente en peligro un progreso duradero.
T: MF / ED: EG
