ONU reclama urgencia para detener la violencia en Colombia

Entrega de "brazaletes de reconciliación" a una comunidad indígena, una entre muchas iniciativas para respaldar el proceso de paz colombiano, amenazado por la persistente violencia contra comunidades, líderes sociales, excombatientes y activistas de derechos humanos. Foto: Nadya González/Misiòn de la ONU en Colombia
Entrega de "brazaletes de reconciliación" a una comunidad indígena, una entre muchas iniciativas para respaldar el proceso de paz colombiano, amenazado por la persistente violencia contra comunidades, líderes sociales, excombatientes y activistas de derechos humanos. Foto: Nadya González/Misiòn de la ONU en Colombia

El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró “imposible exagerar la urgencia de frenar la violencia en Colombia”, al presentar su informe trimestral sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado y la desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En ese país “se siguen cometiendo crímenes atroces” contra excombatientes, activistas humanitarios y líderes sociales, por lo que Guterres instó “una vez más, a todas las entidades del Estado, a que se movilicen decididamente para mejorar la prevención, la protección y la respuesta” ante esas amenazas al proceso de paz.

Entre el 28 de diciembre de 2020 y el 26 de marzo de 2021 fueron asesinados 14 excombatientes de las FARC (13 hombres y una mujer), con lo que desde la firma del Acuerdo Final, en noviembre de 2016, suman ya 262 asesinados (siete mujeres), indicó el informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

Según el reporte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió además información sobre 24 asesinatos de defensores de derechos humanos, entre ellos cuatro mujeres. Siete eran líderes indígenas.

Los departamentos con mayor número de casos son Cesar, en el noreste, y Nariño y Valle del Cauca, en el suroeste, y la Misión ha documentado casos de violencia contra miembros de partidos de todo el espectro político.

Llamó la atención sobre la región del Pacífico, donde comunidades indígenas y  afrodescendientes se ven atrapadas en el fuego cruzado entre grupos armados ilegales y la fuerza pública, provocando desplazamientos y confinamientos masivos de civiles, que en enero y febrero afectaron a 13 422 personas.

Guterres pidió “el despliegue de la fuerza pública en las zonas más críticas”, lo cual, “de la mano de entidades civiles del Estado, debe traducirse progresivamente en un mayor control del territorio y en una mejor protección de las comunidades”.

La concentración de la violencia en algunas regiones se debe a la escasa presencia del Estado, a la pobreza y a la proliferación de actores armados ilegales que se disputan las economías ilícitas, sostuvo el informe.

El texto recordó que el Acuerdo Final creó mecanismos para que las instituciones del Estado puedan llegar a las comunidades de las regiones históricamente afectadas por la violencia y la pobreza, y para que esas comunidades participen en el diseño de soluciones que se ajusten a sus problemas.

“Es fundamental finalizar las 13 hojas de ruta para la estabilización pendientes, tomando en consideración las prioridades identificadas por las comunidades, a fin de aprovechar los progresos alcanzados en la implementación de los programas subregionales de transformación integral del ámbito rural”, dijo Guterres.

En particular, consideró necesario avanzar en la adjudicación de tierras a los campesinos para cumplir el objetivo del Acuerdo Final de transformar el campo, y asegurar que más familias participen en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

En ese programa participan 99 000 familias, de las cuales 36,5 por ciento están encabezadas por mujeres y 6,7 por ciento pertenecen a comunidades étnicas. De ellas, 67 000 reciben asistencia técnica y 64 000 apoyo para seguridad alimentaria.

Guterres dijo también que “es fundamental implementar adecuadamente el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, para garantizar que puedan seguir desempeñando su vital función en los esfuerzos de construcción de la paz”.

El informe advierte que Colombia se verá inmersa en los próximos meses en una campaña política (elecciones presidenciales y parlamentarias en 2022) que coincide con un entorno complejo provocado por la pandemia covid-19.

“Esta circunstancia, sin precedentes, requiere que todos los actores políticos y la sociedad colombiana en general recurran al diálogo y a los medios democráticos para resolver sus diferencias, si se quiere mantener el hito alcanzado en 2018, cuando se llevaron a cabo las elecciones más pacíficas e inclusivas en décadas”, asentó el texto.

Finalmente, Guterres valoró “el compromiso de las partes con la implementación del Acuerdo”, evidenciado en el encuentro del 10 de marzo entre el presidente Iván Duque y Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, antes FARC, en el que acordaron trabajar conjuntamente una hoja de ruta para avanzar en el proceso.

A-E/HM

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