HRW culpa a uniformados de Venezuela por crímenes en la frontera

La Fuerza Armada de Venezuela apresta unidades para combatir a grupos irregulares armados que actúan en la frontera con Colombia. Foto: FANB
La Fuerza Armada de Venezuela apresta unidades para combatir a grupos irregulares armados que actúan en la frontera con Colombia. Foto: FANB

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) acusó a las fuerzas de seguridad de Venezuela de ejecutar a campesinos y cometer otros crímenes en el marco de las operaciones militares contra grupos irregulares en el estado llanero de Apure, frontera suroccidental con Colombia.

Una declaración de HRW afirmó desde su sede central en Nueva York que “agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un operativo de varias semanas contra grupos armados en la frontera con Colombia”.

“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de (el presidente, Nicolás) Maduro”, declaró José Miguel Vivanco, director regional de HRW.

Vivanco dijo que “las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”.[pullquote]3[/pullquote]

La Fuerza Armada de Venezuela fue atacada e inició combates el 21 de marzo contra un grupo cuya identidad hasta ahora no ha revelado, y que sería una disidencia de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rehusó deponer las armas cuando esa guerrilla firmó un acuerdo de paz en 2016.

El escenario es un tramo de frontera marcado por el río Arauca, a unos 600 kilómetros al suroeste de Caracas y 400 al noreste de Bogotá, donde han prosperado actividades de grupos guerrilleros y bandas delictivas que trafican droga, ganado, minerales, combustibles, y practican el secuestro y la extorsión.

Participan efectivos del ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional (policía militarizada) y comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, cuya disolución pidió el año pasado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Los combates y bombardeos de marzo dejaron un saldo de ocho militares y nueve “terroristas” muertos, al menos 34 heridos y 33 detenidos, y más de 5000 personas, según autoridades de Colombia, cruzaron el río para buscar refugio en Arauquita, población del lado colombiano. Muchos regresaron en abril al lado venezolano.

HRW sostuvo que el 25 de marzo las FAES se llevaron a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria, población venezolana de la zona. Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, con cortes, heridas de bala y luxaciones.

Los ejecutados serían campesinos con más de 15 años viviendo y trabajando en la zona, no pertenecían a grupo armado alguno y sus cadáveres aparecieron junto a armas y granadas que “parecían sembradas”, según análisis de fotografías efectuados por peritos forenses consultados por HRW.

La organización dijo que basó su informe en 68 entrevistas a residentes que huyeron a Arauquita, activistas humanitarios, autoridades locales en Colombia, periodistas, abogados y peritos forenses.

Las fuerzas de seguridad, según el reporte de HRW, ingresaron por la fuerza en viviendas, saquearon o destruyeron efectos personales, comida y enseres del hogar, golpearon a campesinos, los amenazaron de muerte, detuvieron arbitrariamente a decenas de ellos y los colocaron a órdenes de tribunales militares.

El Ministerio Público (fiscalía general) de Venezuela designó a dos fiscales para investigar denuncias de oenegés humanitarias venezolanas, según las cuales en la zona se cometieron ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos.

HRW pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela “analizar de forma oportuna las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia de género perpetradas por las fuerzas de seguridad venezolanas en Apure”.

El Ministerio de Defensa de Venezuela informó que desde el 23 de abril se desarrollan nuevos y cruentos combates en zonas rurales al oeste de La Victoria, en los que “hemos infligido un importante número de bajas” a los irregulares y “fueron capturados varios sujetos que están aportando valiosa información”.

También reportó, sin indicar número, que “lamentablemente también fallecieron algunos de nuestros efectivos, cuyos cuerpos están siendo identificados mediante la necropsia correspondiente”, y otros han resultado heridos en las operaciones.

El gobierno venezolano pidió a las Naciones Unidas ayuda técnica para eliminar las minas antipersonales que rodearían algunos campamentos de grupos irregulares y han causado la muerte de varios de sus militares.

Organizaciones no gubernamentales de Colombia y Venezuela pidieron al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que designe un enviado especial para la frontera entre Colombia y Venezuela, a fin de contribuir al desescalamiento del conflicto en el área.

A-E/HM

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