En una serie de tuits la Cancillería de Colombia hizo un llamado a la comunidad internacional para que la apoyen en lo que llamó «crisis humanitaria» después de que más de 3100 personas tuvieron que desplazarse del estado venezolano de Apure, limítrofe con el departamento colombianao de Arauca.
Un avión venezolano bombardeó una zona donde estaba acampada una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla colombiana con la que el gobierno de Juan Manuel Santos firmó la Paz en 2016 después de casi 50 años de guerra.
Este es un incidente que no tiene precedentes inmediatos, aunque es cierto que, desde la conformación de los grupos armados al margen de la ley, se han venido produciendo desplazamientos y enfrentamientos en las fronteras entre Colombia y Venezuela.
Asimismo, desde que Nicolás Maduro asumió el poder, en 2013, más de 1,7 millones de venezolanos según cifras oficiales han emigrado a Colombia en búsqueda de nuevas oportunidades de vida.
Zona de guerra
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de la Cancillería Colombiana alegando que la «preocupación» de la que habla la cancillería es falsa ya que, para ellos, Colombia tiene abandonadas las fronteras con Venezuela, lo que «otorga un consentimiento más que tácito a las actuaciones de diversos grupos criminales que operan en la zona», según un comunicado que el gobierno Maduro emitió el Miércoles 24 de marzo.
Lo cierto es que la frontera de Venezuela con Colombia en la región del Alto Apure es una zona de guerra. Desde Colombia, vecinos desplazados de pueblos fronterizos como La Victoria y El Ripial han venido denunciando robos en viviendas por parte de funcionarios de seguridad, así como el reciente ajusticiamiento de cuatro miembros de una familia campesina.
Fuerzas Especiales
El gobierno venezolano desplegó toda su fuerza militar en la zona, así como comisiones de las Fuerzas de Actuaciones Especiales de la policía bolivariana, el cuerpo de seguridad que señalan por el asesinato de los miembros de la familia campesina.
Esta corporación militar acumula un expediente de abusos y ejecuciones extrajudiciales que hicieron que en 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno Maduro a disolver.
Vuelven los falsos positivos
En una grabación que se ha hecho viral, Raiza Remolina, sobrina de los campesinos asesinados, relató a un periodista que sus familiares fueron sacados el jueves 25 de sus casa, ubicadas del lado venezolano de la frontera, cuando hacían revisiones buscando supuestos guerrilleros de las FARC.
Más tarde, los cadáveres de los cuatro campesinos aparecieron tirados en un campo cercano, vistiendo uniformes del grupo guerrillero colombiano. Esto concuerda con los llamados “falsos positivos” en Colombia, casos de campesinos o jóvenes que aparecían muertos, con ropa de la guerrilla del ELN o las FARC y que, como se ha demostrado recientemente tras años de investigaciones, no pertenecían a esos grupos sino que fueron manipulados y usados como coartada de crímenes del ejército.
Hace un mes la Jurisdicción Especial para la Paz, órgano judicial creado para investigar los crímenes cometidos durante la guerra en Colombia, determinó que hay 6042 casos comprobados. Aún faltan muchos falsos positivos por comprobar en Colombia, una práctica que se institucionalizó durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez .
Escalada de la tensión
El conflicto de Apure hizo subir muchos grados la tensión del larvado enfrentamiento bélico entre Venezuela y Colombia.
A esta tensión se suma el hecho de que, recientemente, Colombia emitió el estatuto de protección a migrantes venezolanos lo que envía una señal humanitaria de acogida de venezolanos al otro lado de la frontera, cosa que el gobierno Maduro no ve con buenos ojos.
El enfrentamiento político es tal, que el jefe de política exterior de Maduro, Jorge Arreaza, afirmó que el presidente colombiano Iván Duque, con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos, «instaló un corredor de actividades ilegales como el tráfico de personas, la explotación ilegal de minerales y el narcotráfico destinado a financiar la instrumentalización de los grupos armados contra Venezuela».
Hay muchos más elementos que confluyen en esta situación compleja en la frontera, donde incidentes como éste pueden derivar en un enfrentamiento abierto si la irresponsabilidad de los gobernantes triunfa y la diplomacia fracasa.
Este articulo lo publicó originalmente democraciaAbierta, la filial latinoamericana de OpenDemocracy.
RV: EG
