El temor a un grave traspié económico que pueda abreviar su gobierno guía, al parecer, el último giro del errático presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Es el caso de su vuelco en los temas ambientales, como la crisis climática y la Amazonia.
Prometió eliminar la deforestación ilegal en Brasil para 2030, tras reconocer su aumento en la ecorregión desde 2012, y asegura que su gobierno oirá al “tercer sector, indígenas, comunidades tradicionales”, en la carta que envió a Joe Biden, una semana antes de la Cumbre del Clima que ha promovido el presidente estadounidense y que se realiza este 21 y 22 de abril con la participación digital de 40 líderes mundiales.
Sus ofertas, que incluyen la cooperación “con la comunidad internacional en pro de la protección ambiental y el desarrollo sustentable de la Amazonia”, discrepan de sus actitudes y políticas desde que llegó al poder en enero de 2019.
Su gobierno de extrema derecha excluyó la participación de la sociedad civil en todas las instancias, el mismo Bolsonaro acusó las organizaciones ambientalistas de promover los incendios en la Amazonia. Indígenas y quilombolas (comunidades remanentes de esclavos africanos) tienen sus derechos amenazados o violados por medidas oficiales.
Hay un cambio en el discurso, pero no en la práctica, es la evaluación de observadores independientes y críticos del gobierno.
“El mundo empresarial adhirió a prácticas de sustentabilidad últimamente, esa es la gran novedad” que estaría detrás del cambio de Bolsonaro, por lo menos en la retórica”, observó Elimar Nascimento, sociólogo y profesor del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Brasilia.
Muchos dirigentes de grandes grupos empresariales se manifestaron de forma crítica en relación a la gestión gubernamental tanto de la pandemia de covid-19 como del área ambiental, incluso se juntaron a líderes parlamentarios para concertar acciones alternativas en esos temas.
Fondos internacionales que manejan billones de dólares anunciaron su disposición de suspender inversiones en Brasil, mientras se mantenga la actual política especialmente en la Amazonia, donde la deforestación y los incendios registraron un fuerte aumento en los dos años del gobierno de Bolsonaro.
El retroceso en las políticas ambientales amenaza especialmente las exportaciones agrícolas brasileñas, consideradas responsables o sospechosas de la expansión en tierras amazónicas ilegalmente deforestadas. A los importadores se les presiona a evitar compras en Brasil.
“Los negocios se salvaron por el hecho de que China anticipó las compras de soja y otros granos en dos años. Esa demanda sostiene la agricultura exportadora brasileña, pero los chinos ya tratan de abastecerse también en África”, destacó Nascimento a IPS, por teléfono desde Brasilia.
El empresariado es uno de los principales sostenes del presidente brasileño, ya políticamente muy debilitado por la muerte de más de 380 000 brasileños a causa de la covid-19, buena parte atribuida a su rechazo a las medidas de prevención, como el aislamiento de la población, la distancia de seguridad y el uso de mascarillas.
Bolsonaro se opuso a la interrupción de cualquier actividad económica, acusando a los gobernantes locales de provocar el desempleo, “una crisis más grave” que la pandemia, para quitarle fuerza electoral.
En su paranoia, se trata de una disputa del poder, de deprimir la economía para golpear su gobierno, y no de medidas para salvar vidas, contener la expansión el coronavirus y así repotenciar la economía.
El ambiente es otro campo en que Bolsonaro acumuló munición enemiga. El ministro del sector, Ricardo Salles, “será el próximo a caer” del gabinete ministerial, vaticinó Nascimento, después que lo han hecho ya otras figuras muy cercanas ideológicamente al mandatario.
En los 28 meses de gobierno tuvo éxito en su objetivo de anular la capacidad de los órganos de control y gestión ambiental. El aumento de la deforestación amazónica es solo uno de los efectos.
Pero exageró, al oponerse a una operación de la Policía Federal (PF), que había incautado en diciembre 130 000 metros cúbicos de madera, de supuesta extracción ilegal en Santarém, un municipio de la Amazonia Oriental.
El superintendente de la PF en la Amazonia, Alexandre Saraiva, jefe de la operación, acusó el ministro ante el Supremo Tribunal Federal de obstruir la misión policial y apoyar a posibles criminales. La destitución del comisario algunos días después puso en tela de juicio a todo el gobierno.
La participación de Bolsonaro este jueves 22 en la Cumbre del Clima ocurre tres días después de una protesta de cerca de 400 funcionarios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), la autoridad ejecutora de las normas ambientales. Nuevas reglas fijadas por el ministro Salles paralizan la inspección, advirtieron.
“Es casi imposible recuperar la credibilidad del gobierno de Bolsonaro en el área ambiental”, evaluó Eduardo Viola, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, con atención especial a temas ambientales y climáticos.
“Serían necesarias acciones concretas, controlar la deforestación amazónica pronto, no metas para años después. Eso exigiría romper con los aliados, pelear con hacendados, invasores de tierras públicas, “garimpeiros” (mineros informales casi siempre ilegales) y madereros, que son la base política de Bolsonaro” y destructores de bosques, explicó.
Además el presidente tendría que renunciar a sus convicciones personales y dejar de considerar “enemigos” a los ambientalistas, acotó a IPS por teléfono desde Brasilia.
“Destituir al ministro Salles no sería suficiente. Es indispensable reducir la deforestación y restablecer la ley en la Amazonia”, realzó.
En el mes de marzo esa esencial ecorregión registró la pérdida de 810 kilómetros cuadrados de área forestal, el peor resultado en los últimos 10 años, 216 por ciento más que en marzo de 2020, según el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia.
El gobierno brasileño es parte de una extrema derecha que conquistó el poder en varios países y comparte el “negacionismo” ambiental y, en algunos casos, pandémico.
“Es que su base es el resentimiento de los perdedores en la globalización económica y el desarrollo tecnológico”, que no pudieron acompañar esos avances y perdieron sus empleos, apuntó Viola.
Siguen los “populistas” que pregonan contra la élite de alta escolaridad y conocimientos científicos. En consecuencia niegan la ciencia, en relación al clima y también a la pandemia, concluyó.
Brasil fue protagonista en las negociaciones ambientales desde la Cumbre de Naciones Unidas en Rio de Janeiro en 1992, y con Bolsonaro pasó a ser un paria internacional en el momento en que el juego gana nuevas dimensiones con la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el clima.
La deforestación amazónica, el talón de Aquiles brasileño, tuvo altibajos y contribuyó mucho al calentamiento global con emisiones de gases invernadero. Ganó especial credibilidad con la reducción del área deforestada entre 2005 y 2012, recordó Viola.
El retroceso a partir de 2015 se acentuó en los dos últimos años bajo el gobierno de Bolsonaro. Pasado ese período, no le será difícil recuperar la credibilidad si vuelve a una política ambiental seria, confía el especialista.
A Nascimento le preocupa las dificultades de enfrentar los problemas ambientales y climáticos en la democracia. El tiempo de la política otorga a los gobernantes, en la mayoría de los países, de cuatro a ocho años de mandato ganado en las urnas, que es un periodo muy corto ante las décadas de los procesos ambientales.
Además en países con mucha pobreza, desigualdad y desempleo, además de precaria escolaridad, “es natural que las exigencias inmediatas de sobrevivencia sean prioritarias, en desmedro de crisis ecológica, que pertenece a un futuro remoto”, concluyó el sociólogo.
ED: EG
