En América Latina y el Caribe los nuevos casos de tuberculosis (TB) se concentran de manera preocupante en las cárceles, poniendo en riesgo los esfuerzos por controlar la expansión de la enfermedad en la región y dando lugar a que avancen formas de la infección resistentes a los antibióticos, advierte un estudio.
Según una investigación publicada en The Lancet, en América Latina los casos de TB en cárceles pasaron de cinco por ciento del total de casos notificados en 2011, a 11, 1 por ciento en 2017. La población encarcelada en América Central y del Sur representa el uno por ciento de la población total.
Venezuela y El Salvador revelan la magnitud de la concentración. En el primero, en 2011, de los casos de tuberculosis notificados, 1,8 por ciento se registraron en cárceles, mientras que en 2017, el porcentaje subió a 15,5 por ciento.
En el país centroamericano, 225 casos de tuberculosis (11 por ciento del total) se dieron en cárceles en 2011. Seis años después, se encontraron 1889 casos (51,5 por ciento de todas las notificaciones) entre personas privadas de su libertad.
El estudio destaca que tanto en América Central como del Sur, el aumento de la enfermedad entre las personas encarceladas supera los avances en el control de la tuberculosis logrados entre la población general.
Con estos niveles de incidencia en contextos de encierro, señalan los autores, el riesgo de tuberculosis se extiende más allá de los muros de las prisiones y alcanza a trabajadores penitenciarios y a las familias de personas detenidas.
“Existe una creciente evidencia de que el encarcelamiento pone a las personas en mayor riesgo de contraer enfermedades y que este riesgo se extiende a las comunidades vecinas”, confirmó por correo electrónico a SciDev.Net, la epidemióloga Katharine Walter, de la estadounidense Universidad de Stanford, coautora del estudio.
El estudio indica que esta subida de casos de tuberculosis en cárceles latinoamericanas, que Walter calificó como “inhumana”, sucede en contextos de sobrepoblación y poca ventilación, falta de acceso a la salud y pobre alimentación de los detenidos.
Al respecto, Walter precisó: “La forma más directa de reducir el exceso de riesgo de infección de tuberculosis creado por las cárceles es reduciendo el número creciente de personas encarceladas en estos entornos de alto riesgo de transmisión”.
“Aunque América Central y del Sur aún no se han visto afectadas por tasas altas de tuberculosis farmacorresistente en cárceles, como se observa en muchos países de Europa del Este, la trayectoria actual sugiere que la farmacorresistencia también debe ser monitoreada de cerca”, advierte el estudio.
Para la doctora en sociología y especialista en epidemiología María Belén Herrero, quien no participó del estudio, este trabajo ayuda a visibilizar “un problema real, que es la situación de la tuberculosis en las cárceles y la necesidad de abordar el problema de manera urgente”.
Sin embargo, Herrero, investigadora del argentino Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), consideró que la situación de la tuberculosis entre las personas privadas de la libertad “es un aspecto importante pero no es lo que termina de explicar la situación de la enfermedad en la región”.
La tuberculosis es una enfermedad “determinada muy fuertemente por el contexto social y por las condiciones de vida y muchas veces el resultado de la ocurrencia de casos de tuberculosis en las cárceles es reflejo de todo esto, no es tanto el origen del problema”, agregó Herrero por WhatsApp.
Por su parte, Zulma Rueda, coautora del estudio y epidemióloga de la canadiense Universidad de Manitoba, apuntó que para comenzar a resolver la problemática resultará central comprender que las personas detenidas “son seres humanos y que la tuberculosis no se puede convertir en parte de sus condenas”.
Asimismo, serán necesarios una mayor financiación de los programas de tuberculosis y voluntad política, apoyo económico a la investigación y, en particular, a vacunas, test diagnósticos rápidos -durante la reclusión, traslados y liberación-, identificación de personas en mayor riesgo y tratamientos efectivos contra la enfermedad.
“Finalmente, creo que algo fundamental es disminuir el estigma contra las personas que padecen esta enfermedad. Múltiples estudios han reportado cómo el estigma y discriminación se convierten en una barrera para buscar atención oportuna, continuar con el tratamiento, y poder obtener resultados exitosos”, concluyó Rueda.
Este artículo se publicó originalmente en SciDevNet América Latina.
RV: EG
