El asesinato de Berta Cáceres ocurrido el 2 de marzo de 2016 en manos de un exmilitar y empresario hondureño, según ha documentado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH), pretendió acabar con la lucha del pueblo indígena lenca por defender los recursos naturales de la explotación de empresas.
Ocurrió lo contrario, cinco años después se ha movilizado regiones indígenas y afrodescendientes que defienden su territorio.
El legado a la defensora ambiental se extiende a miles de mujeres de diversas partes del mundo. Acompañan a su familia y al COPINH para que en los tribunales se reconozca el asesinato como un crimen de Estado que además fue un acto feminicida.
En el análisis que integrantes de la organización Agua y vida: mujeres, derechos y ambiente realizó a propósito del aniversario de su muerte, detallan la lucha que emprendió Cáceres, la situación que prevalece en Honduras y se extiende a otras partes del mundo, entre ellas la región mesoamericana, que abarca el sur de México y América Central.
No es un crimen defender nuestros derechos como pueblos indígenas, dijo Berta Cáceres en una de las entrevistas que dio antes de su muerte. Ella planteó el equilibrio que la comunidad indígena lenca a la que pertenecía, busca entre su interior, su comunidad y el ecosistema donde viven.
Si bien luego de su asesinato ha habido decenas de movilizaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y América defendiendo la tierra y territorio donde habitan, también el sector empresarial mantiene la presión sobre los gobiernos y ha logrado mayores concesiones y reformas legales que les favorecen.
Resistir contra el despojo
Un lustro después de la muerte de Berta Cáceres, cuando tenía 42 años, no se ha sentenciado al presunto autor material ni llevado a juicio a empresarios ligados a las centrales térmicas, hidroeléctricas, de hidrocarburos, eólicas, geotérmicas y de extracción minera,
Angélica Schenerock detalló que, hay 101 concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes de Honduras, 34 de ellas en territorio lenca, un pueblo indígena con su propia lengua, que se esparce por partes de Honduras y El Salvador.
Hay también en Honduras 13 procesadoras de palma aceitera, un monocultivo que coloca a este país como el tercer mayor productor de palma aceitera del continente, aún a costa de secar las fuentes de agua y afecta la soberanía alimentaria de los pueblos.
También en la tierra de Cáceres están instaladas plantas eólicas que provoca afectaciones a las aves migratorias, a la fauna del lugar, y cuyos aerogeneradores contamina tierra por aceite que desprende.
Se suman 36 hidroeléctricas, 33 de ellas instaladas en zona indígena; y plantas de hidrocarburos que amenazan con derrames el mar; más aún, se promueve el turismo que controla el sector empresarial, que se practica mediante sistemas de despojo territorial y cultural, folklorización de los pueblos, con enfoques racistas, señaló Schenerock.
Detalló que estos proyectos se han impuesto sin que se respete el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada sobre lo que quieren y no quieren en su territorio.
Se impone el extractivismo como el motor del sistema capitalista, que atentan contra la vida y autonomía de los pueblos, y genera dependencia; y que llevó al asesinato de Berta Cáceres, concluyó la especialista.
Todo, bajo el cobijo de las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) semejantes de las Zonas Económicas Especiales que han intentado imponer en el sur de México, creadas para intensificar el modelo extractivo capitalista.
Por su lucha, en vida Berta Cáceres recibió el Premio Medioambiental Goldman, considerado el máximo reconocimiento mundial para activistas de ambiente. Al recibirlo, dijo “somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz (…) Dedico este premio al pueblo a todas las rebeldías y la defensa de los bienes de la naturaleza”.
Impunidad persiste
A su vez, la Asociación Civil Otros Mundos mencionó que, desde el 03 de marzo de 2016, la justicia hondureña ha protegido a los autores materiales e intelectuales del crimen de Cáceres.
Señalaron que el Ministerio Público y la Fiscalía alteró pruebas, inventó testigos, generaron intimidación al COPINH y a los testigos protegidos.
A cinco años de este repudiable hecho no ha llegado la justicia verdadera para la familia, el pueblo Lenca, el pueblo de Honduras y la comunidad internacional gritamos con voz firme ¡Faltan los Átala!, mencionó la asociación civil.
Por ello, desde Chiapas se sumaron a la exigencia de justicia con un debido proceso en el juicio contra David Castillo, añadieron que las pruebas apuntan que participó en el crimen y que de manera presunta vinculan a la familia Átala.
El COPINH expuso que, Berta Cáceres, una mujer irreverente, luchadora y consciente, los ha convocado una vez más a recordar su vida y lucha, como a denunciar la impunidad que cae sobre su pueblo, y no hay castigo para quienes cometen crímenes como del que ella fue víctima.
Acentuaron que, el sistema de justicia hondureño hace oídos sordos ante la existencia de numerosa información recabada y de profundas investigaciones de expertas y expertos internacionales que han identificado a los autores intelectuales del crimen y que permanece en los expedientes judiciales.
El Concejo puntualizó que, han transcurrido 1827 días, en los que la justicia y verdad se han escapado de la sociedad hondureña porque el sistema judicial evita que haya justicia por el crimen de Cáceres.
Las presiones de grupos económicos y políticos impiden que se avance con la justicia y que Daniel Átala Midence, José Eduardo Átala Zablah, Pedro Átala Zablah y Jacobo Átala Zablah respondan por sus crímenes ante la justicia, expuso el COPINH.
Agregaron que, hay nueva información que pone de manifiesto que detrás del crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico que es propiedad de la familia Átala.
No debe haber más contemplaciones para quienes, tras el escudo del dinero, siguen asesinando al pueblo de Honduras. Cada día que pasa sin castigo para estos criminales, Honduras se hunde en el oscuro hueco de la impunidad, dijo el COPINH.
Por lo anterior, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, junto a la familia de Cáceres y el equipo legal exigen que a los miembros de la familia Átala Zablah involucrados en el crimen se les procese, enjuicie y castigue sin más dilación.
Además, que los procesos que se desarrollan contra David Castillo no se dilaten más y que lo sentencien por su responsabilidad como coautor del crimen.
Exhortaron al pueblo hondureño a mantener la fuerza en el impulso por el camino a la verdadera justicia y la democracia en la que, quienes defienden vidas, territorios y soberanía no sean asesinados y ultrajados.
Hicieron un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a que realicen esfuerzos enérgicos en exigencia de justicia para Berta Cáceres y que exista una pronta respuesta sin más dilatación del proceso.
Por otro lado, dieron a conocer que debido a la crisis sanitaria generada por la covid-19, les impide el encuentro y abrazo de fuerza, pero saben que la solidaridad y lucha por la justicia no se detiene por la distancia, que siguen cuidándose y acuerpados desde las distintas luchas en cada territorio, manteniendo la memoria viva de Berta, como su legado, coraje y rebeldía.
Este artículo lo publicaron originalmente Chiapas Paralelo y Pie de Pagina, integrantes de la red mexicana de Periodistas de A Pie, con quien IPS tiene una alianza especial.
RV: EG
