La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su alarma por la muerte de una adolescente entre las ocho personas abatidas por un bombardeo militar, el 2 de marzo, contra disidentes de la desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los reportes “dan cuenta de la situación d vulnerabilidad ante el reclutamiento forzado por grupos armados ilegales en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes en Colombia, así como al uso de la fuerza en el marco de operaciones militares”, indicó una declaración de la CIDH en esta capital.
En particular, “la CIDH expresa su condena y rechazo ante la información de la muerte de, por lo menos, una adolescente”, durante el operativo en el sudoriental departamento de Guaviare, de llanuras bañadas por ríos que van al Amazonas y al Orinoco y en donde llegaron a prosperar cultivos de coca.
La CIDH indicó que como consecuencia de ese operativo, al menos 10 personas murieron, según el Ministerio de Defensa. Medios locales reseñaron la muerte de cuatro mujeres y cuatro hombres menores de 30 años, incluida una adolescente de 16.
Según declaraciones del padre de la adolescente, ella habría perdido contacto con su familia desde enero de 2021 y podría haber sido víctima de reclutamiento forzado, según la CIDH, que además recibió reportes del posible fallecimiento o heridas causadas a otras niñas, niños y adolescentes durante este ataque.
El Ministerio de Defensa indicó que durante el operativo se siguieron protocolos de actuación y se logró el rescate de dos menores víctimas de reclutamiento, y el gobierno informó a la CIDH de “esfuerzos institucionales que se estarían adoptando para prevenir el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes”.
Diego Milano, ministro de Defensa, dijo que el operativo se ejecutó porque información de inteligencia señalaba que en el campamento bombardeado se encontraba Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, uno de los mayores jefes de disidencias de las FARC.
Sin embargo, la CIDH expresó preocupación por “la ausencia de información pública que permita comprender los hechos denunciados, las identidades y edades de las víctimas”, y porque autoridades del Ministerio de Defensa indiquen que niños, niñas y adolescentes reclutados “se pueden convertir en máquinas de guerra”.
La CIDH urgió al Estado colombiano a esclarecer lo sucedido, localizar a las niñas, niños y adolescentes cuyo paradero se desconoce e identificar a las víctimas que perdieron su vida como consecuencia del operativo militar mencionado.
La investigación debe ser “seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y con la debida diligencia”, establecer identidades y circunstancias de las muertes y, en caso de que hubiese responsables de delitos, enjuiciarlos y sancionarlos, y garantizar una reparación para las víctimas y sus familiares, dijo la CIDH.
También pidió investigar a los responsables del reclutamiento forzado, “velando por que los casos no queden en la impunidad”. Recordó que desde 2017 la Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido 157 alertas tempranas sobre reclutamiento forzado.
El Defensor, Carlos Camargo, ha pedido “comprender que el reclutamiento de menores de 18 años es una grave violación al derecho internacional humanitario que debe ser castigado”, pero también insistió en que “los niños y niñas reclutados son víctimas, no victimarios” en los conflictos marcados por la violencia en Colombia.
Desde la firma del “Acuerdo Final” de paz entre las FARC y el gobierno, en 2016, se ha reportado el reclutamiento forzado por grupos irregulares –incluida la disidencia de la guerrilla- de 460 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 83 en 2020.
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