La muerte de centenares de opositores durante las manifestaciones en Myanmar, más de 100 solo en la sangrienta jornada del 27de marzo, fue enérgicamente repudiada por autoridades de derechos humanos de las Naciones Unidas, en una declaración que condena los “ataques sistemáticos” de las Fuerzas Armadas de ese país.
En Myanmar, también conocido por su antiguo nombre de Birmania, se produjo un golpe de estado el 1 de febrero y desde entonces no han cesado las manifestaciones en las principales ciudades, contra los militares que asumieron todos los poderes.
Una declaración de la asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió sobre “un mayor riesgo de crímenes”, en una declaración emitida en esta ciudad suiza.
“El sábado (27) fue testigo del día más sangriento desde que comenzaron las manifestaciones contra el golpe, cuando las fuerzas de seguridad mataron al menos a 107 personas, incluidos siete niños”, señaló su declaración.
Cientos de personas resultaron heridas, por lo que las responsables de la ONU temen que el número de muertes se incremente, y recordaron que “miles de personas también han sido arrestadas arbitrariamente, muchas de ellas sometidas a la desaparición forzada”.
Otras tres personas fueron abatidas este lunes 29 en dos vecindarios de la principal ciudad, Yangon, mientras fuerzas de seguridad despejaban barricadas, según medios locales. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos sostiene que desde el 1 de febrero murieron en el marco de la represión al menos 460 civiles.
Bachelet y Nderitu pidieron a los militares que “dejen de matar de inmediato a las mismas personas a las que tienen el deber de servir y proteger”.
Afirmaron que “las acciones vergonzosas, cobardes y brutales de los militares y la policía, que han sido filmadas disparando a los manifestantes mientras huyen y que ni siquiera han perdonado a los niños pequeños, deben detenerse de inmediato”.
Agregaron que además “la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger al pueblo de Myanmar de crímenes atroces”, y recordaron en particular las responsabilidades del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático.
“El hecho de no abordar los crímenes atroces que el Ejército ha cometido en el pasado, incluidos los perpetrados contra los rohinyá y otras minorías, ha llevado a Myanmar a esta terrible situación. No hay forma de avanzar sin rendición de cuentas y una reforma fundamental de las fuerzas armadas”, aseveraron.
La minoría rohinyá, habitantes del norte birmano y predominantemente de credo musulmán –en un país donde la mayoría abraza el budismo- son hostigados desde 2017 y al menos 800 000 de ellos han huido a la vecina Bangladesh.
Por otro lado, en el oriente fronterizo con Tailandia se renovaron en los últimos días de marzo los combates del ejército contra guerrillas de la minoría étnica karen, y en el norte contra el grupo étnico kachin. Organizaciones de ambas etnias han apoyado la resistencia civil contra el golpe militar.
“Estamos profundamente preocupados por el impacto que la situación actual puede tener en estas poblaciones y estamos monitoreando de cerca los acontecimientos. Los derechos de los grupos minoritarios deben respetarse plenamente”, afirmó la declaración de Bacherlet y Nderitu.
En particular, la población rohinyá “ha sufrido durante mucho tiempo una terrible violencia a manos del Ejército, con impunidad, como lo documenta la Misión Independiente de Investigación en Myanmar establecida por el Consejo de Derechos Humanos” de la ONU, agregó el texto.
El relator especial de la ONU para Myanmar, Tom Andrews, dijo que el ejército estaba llevando a cabo «asesinatos en masa», y pidió al mundo que aísle a la junta militar que gobierna y bloquee su acceso a las armas.
El secretario general de la ONU, António Guterres, también se declaró “profundamente conmocionado” por los acontecimientos en Myanmar.
Potencias occidentales, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, también condenaron la represión militar en el país asiático.
La violencia en Muanmar “es terrible, absolutamente indignante”, dijo a periodistas el presidente estadounidense Joe Biden, y el responsable diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió a los generales birmanos que “se aparten de un camino sin sentido de violencia contra su propio pueblo”.
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