En el gran vertedero de basura a cielo abierto de Dolores Hidalgo, un municipio mexicano del central estado de Guanajuato, el olor a gas inunda a veces sus pasadizos de tierra. El tufo, que brota de la descomposición de materia orgánica, es el del metano y una chispa podría bastar para envolverlo en llamas.
“El basurero es una bomba, no permitimos que los trabajadores fumen. Hemos tocado el tema con la administración y no se ha resuelto. Hay tres o cuatro chimeneas pero no se las prende”, relató a IPS presidente de la Unión de Trabajadores de Desechos Sólidos Industrializables del estado, Abel Balderas.
Las montañas de basura se alinean, mientras los recolectores, que en México se llaman pepenadores, hurgan entre ellas y cazan botellas de vidrio o plástico, aluminio o cualquier otro material reciclable. Mientras, los zopilotes (Coragyps atratus) revolotean oteando su porción.
El vertedero de Dolores Hidalgo, a unos 300 kilómetros al norte de Ciudad de México y dependiente del gobierno municipal, ilustra el estado de muchos tiraderos similares en este país latinoamericano, atiborrados y cargados de metano.
Aparte de ser muy inflamable se trata de un gas 84 veces más capaz de absorber el calor que el dióxido de carbono (CO2), generado por las actividades humanas y considerado el mayor responsable del recalentamiento del planeta.
El depósito, que cuenta con 100 trabajadores ya se incendió por el gas a mediados de 2020. “Está sobreexplotado desde hace 20 años. La torre de basura está muy alta, está saturado. Debió ser clausurado hace 10 años”, señaló Balderas, pepenador él mismo y perteneciente a una saga familiar de recicladores.
Con un terreno de tres hectáreas al lado de una carretera que conduce a la ciudad de Ciudad Hidalgo, y a otras localidades del municipio y del estado, el basurero funciona desde 1996 y cada día recibe unas 80 toneladas de desechos, también de municipios circunvecinos.
“Con la pandemia (de covid-19), ha aumentado bastante, especialmente de hospitales y residenciales. La recolección inicia más temprano y las rutas han cambiado. Los horarios se alargan y los pepenadores trabajan más horas”, aseguró Balderas.
En Dolores Hidalgo, un municipio de unos 152 000 habitantes, un pepenador gana unos seis dólares diarios, por debajo del salario mínimo de siete dólares. Además, la actividad no aparece en el catálogo oficial de empleos.
A pesar de su impacto, México desconoce cuánto metano emiten sus depósitos de desechos a cielo abierto, ni cuáles son los más contaminantes, según se desprende de solicitudes de información a dependencias ambientales, realizadas por IPS.
La Ley General de Cambio Climático, de 2012, estipula en su última reforma de 2018 que desde ese mismo año las ciudades con más de 50 000 habitantes no deben lanzar ese gas a la atmósfera.
Gestionar 120 000 toneladas diarias de desechos
En este extenso pais latinoamericano operan más de 1600 depósitos de basura a cielo abierto y otros 2200 de disposición final. Los 126 millones de habitantes de México desechan diariamente más de 120 000 toneladas, según datos de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Pero la pandemia de coronavirus que llegó a este país latinoamericano en febrero de 2020 habría significado un aumento entre tres y 16 por ciento de los residuos médicos y sólidos urbanos, acorde con cálculos del gubernamental Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los residuos crecieron 265,8 por ciento, de 12,5 millones de toneladas de CO2 equivalente en 1990 a casi 46 millones en 2015, con una tasa de crecimiento promedio anual de cinco por ciento durante ese periodo, por el incremento de la generación de residuos, indican datos del Inecc.
Bajo la línea base, como se define la medición inicial para proyectar las acciones a aplicar en materia climática y que México situó en 2013, esas emanaciones habrían supuesto 40 millones de toneladas de CO2 en 2020.
Alethia Vázquez, investigadora de la pública Universidad Autónoma Metropolitana, enumeró barreras económicas, sociales y legales que impiden el bloqueo del metano.
“El manejo le corresponde a los municipios y son ellos quienes deben instrumentar la recolección, tratamiento y disposición final. Pero pocos sitios funcionan como rellenos, por limitación de recursos. El montaje de un relleno es caro y la mayoría no los puede solventar”, dijo a IPS desde Ciudad de México.
La experta señaló que en gran parte de municipios medianos y pequeños, la mayoría de los 2467 que existen en el país, la disposición ocurre en sitios “sin ningún control”.
Los datos disponibles revelan la magnitud del problema.
El “Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos”, elaborado en 2020 por el Semarnat, indica que ese año los residuos aprovechables mediante reciclaje o recuperación de energía a través de la quema totalizaron 38 351 toneladas diarias.
Aquellos que pueden ser tratados mediante compostaje o biodegestión sumaron 56 427 toneladas y los remanentes que posiblemente no sean aprovechables alcanzaron 26 779 toneladas, lo cual implica la incógnita del destino de esa basura.
Pero el problema no es solo de generación, sino de la capacidad para tratar los desechos y que influyen en la emisión de metano.
El reporte del Semarnat indica que 34 726 toneladas diarias, un 40 por ciento del total, terminaron en 82 sitios, ubicados en 79 municipios, y que cumplen con las características básicas de infraestructura y de operación.
Pero 3695 toneladas, cuatro por ciento del total, se depositaron en 685 sitios en 509 municipios y que no llenan los requisitos para su tratamiento.
En el país operan 26 plantas que separan o reciclan basura: cinco de trituración, 13 de compactación, 19 de compostaje y cinco de biodigestión, que son las que aprovechan el gas generado por los residuos.
El Semarnat identificó al menos 277 basureros a cielo abierto o rellenos sanitarios (espacios que reciben residuos sólidos aglomerados para minimizar su impacto sobre el ambiente), equiparables a un sitio contaminado por los niveles de polución existentes.
Para Héctor Castillo, investigador de la pública Universidad Nacional Autónoma de México, la clave del problema yace en los espacios destinados.
“La ley no se cumple por la falta de espacio, tiene que haber un ordenamiento. Hay tiraderos por falta de espacio, tiramos la basura lejos, pero ya no hay espacios. Eso se va a acabar en dos o tres años y habría que buscar. Los rellenos sanitarios son paliativos”, dijo a IPS desde Ciudad de México.
Objetivos ilusorios
México no solo viola su propia ley climática, sino que está alejado de cumplir sus metas climáticas relativas al metano originado por la basura.
En su contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés), México se comprometió a contener su emanación de metano para 2030 en 13 millones de toneladas de CO2 equivalentes vía captura y quema de biogás en rellenos sanitarios y 0,65 millones por evitar la quema de residuos a cielo abierto.
Sin medidas, las emanaciones totalizarían 45 millones en 2025 y 49 millones en 2030. La tasa media de crecimiento anual se sitúa en dos por ciento. La mitigación del metano se ubicaría en 29 millones en 2020, 32 millones en 2025 y 35 millones en 2030, con una reducción de 28 por ciento en comparación con la línea base.
Las NDC son las metas voluntarias de reducción de emisiones de GEI y las medidas para alcanzarlas, asumidas por cada país para cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015.
Pero la situación actual alerta de que México no se enfila a realizar los recortes comprometidos.
“Es difícil cumplir las metas de 2030. Es un sector con pocos avances”, previó Vázquez.
La experta resaltó que la transformación de la basura en biogás no siempre resulta costeable, según el esquema actual.
“Se ve como tema para generar energía y no como protección ambiental. Entonces, solo ocurre donde se tiene certeza y medios de que va a haber suficiente biogás para que la inversión sea atractiva. No cualquier sitio va a generar el biogás necesario y en cantidad suficiente”, analizó.
Por ello, a su juicio, “pensar que se puede capturar todo el biogás no es realista. Lo ideal es que no se genere metano”.
El Inecc trazó una hoja de ruta para alcanzar las metas, que incluye una inversión de 641 millones de dólares para la adaptación de la infraestructura existente para reducir las emisiones de 2030.
Entre las medidas figuran el saneamiento de 72 sitios controlados y 158 no controlados, la construcción de 231 rellenos sanitarios y la adaptación de 362 rellenos para captura y quema de biogás.
El escenario configurado para 2030 vaticina emisiones netas de 15,5 millones de toneladas de CO2 y una mitigación de 17,5 millones.
Para arribar al marco óptimo, el Inecc recomienda construir rellenos sanitarios regionales o intermunicipales, crear organismos operadores de gestión integral de residuos y usar tecnología que fomente el aprovechamiento energético de la basura (biogás o quema).
También plantea fomentar transformaciones en la gestión de los deshechos, alentar cambios en los patrones de comportamiento de la población e instaurar tarifas para mejorar los sistemas de gestión.
A paso corto
En la “Visión nacional hacia una gestión sustentable: cero residuos”, presentada por Semarnat en 2019, dos de sus seis principios son reducir el riesgo e impactos en la salud y el ambiente y evitar la proliferación de enfermedades y efectos dañinos en salud por el manejo inadecuado de los residuos.
Además, una de sus líneas de acción consiste en el cierre de destinos de disposición final (basureros a cielo abierto y rellenos sanitarios) que no cumplan con la regulación.
Pero ese proceso camina al mismo ritmo lento que las otras medidas. En septiembre de 2019, el gobierno del occidental estado de Jalisco anunció el cierre del relleno Los Laureles, uno de los más tóxicos del país, proceso que debe concluir en septiembre próximo.
En octubre último el Semarnat informó del saneamiento del vertedero a cielo abierto Las Matas, otro botadero tóxico, en el sudoriental estado de Veracruz.
A pesar de la situación crítica del manejo de los depósitos de basura, la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solo practicó 90 inspecciones entre 2012 y 2020, concentradas en el centro del país, y en las cuales solo halló “irregularidades leves”, según datos obtenidos por IPS mediante solicitudes de acceso a información.
Profepa impuso multas por unos 133 000 dólares y debía calcular otras siete en 2020.
En Dolores Hidalgo está por entrar en operación un nuevo relleno dotado con geomembrana para bloquear la lixiviación de la basura. Esa tecnología debería reducir el fluido de metano, mientras los pepenadores temen por la pérdida de empleo.
“Luchamos porque nos permitan trabajar en el nuevo sitio. Nuestro trabajo es cuidar nuestro planeta, es sacar lo que sirve para usarlo de nuevo. El plan es sacar biogás, pero aún no sabemos si va a ser así. Para que eso ocurra, tienen que concesionar el servicio y eso es un riesgo para nosotros”, alertó Balderas.
Este reportaje fue ganador de una beca de Latitud R de Investigación sobre Reciclaje Inclusivo.
RV: EG
