Cuatro de cada 10 venezolanos migrantes o refugiados en naciones vecinas fueron desalojados de las viviendas que ocupaban durante la pandemia covid-19, y otros tantos están en riesgo de perder su hogar en los países de acogida, mostró un estudio conducido por agencias especializadas de las Naciones Unidas.
“Mi esposo se quedó sin empleo, y nos cayó el arriendo, los gastos, la comida. Tuve que tocar puertas porque sabía que me iba a quedar sin nada, porque nosotros aquí no conocemos a nadie”, contó a los encuestadores Kelly, una refugiada venezolana en la ciudad de Medellín, oeste de Colombia.
Kelly logró recibir ayuda de la Cruz Roja y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) condujo el estudio apoyado además por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero muchos miles más no han tenido la misma suerte, no han recibido ninguna ayuda de los gobiernos antes o después del desalojo, y según el estudio tres de cada cuatro hogares desalojados enfrentan nuevos riesgos de desalojo. Una quinta parte de las personas afectadas son mujeres embarazadas o madres de niñas y niños.
Hasta el año pasado, 4,6 de los 5,4 millones de venezolanos que salieron en los últimos seis años de su país, huyendo principalmente de la crisis económica, arribaron a los países de América Latina y el Caribe, y Acnur y la OIM conformaron una plataforma para coordinar sus auxilios.
Muchas personas refugiadas y migrantes en la región, dependientes de la economía informal para sobrevivir, perdieron sus trabajos durante la pandemia y viven en situación de pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler, señaló el estudio.
Colombia, donde hay cerca de 1,8 millones de venezolanos, es el país con mayor número de casos en los que se le ha notificado del desalojo a los hogares encuestados, 69,5 por ciento, seguido por Brasil (59), Ecuador (58,4) y Perú, con 55,7 por ciento.
“Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, y, en el contexto actual, principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas”, expresó Julissa Mantilla, relatora sobre derechos de los migrantes en la CIDH.
Según las encuestas, que fueron realizadas en siete países –Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y República Dominicana- en la mitad de los hogares entrevistados sus ocupantes viven en una sola habitación.
El estudio también mostró que 11 por ciento de todos los desalojos resultaron en indigencia, y tres de cada cuatro de los hogares encuestados caerían en indigencia si fueran desalojados de la vivienda que ocupan.
La indigencia aumenta para las personas migrantes el riesgo de contagio de covid, así como de estigmatización y de ser explotadas y abusadas sexualmente, indicó el estudio divulgado en esta ciudad sede de Acnur y la OIM.
Varios gobiernos, para prevenir la indigencia durante la pandemia, prohibieron temporalmente los desalojos, entre otras medidas, pero algunas de estas regulaciones ya expiraron o culminarán una vez finalice la declaración de emergencia.
Asimismo, según el informe, los propietarios no cumplen esas medidas en todos los casos, y seis de cada 10 hogares que enfrentaron desalojos no tenían contrato formal.
En la encuesta se reportaron diferentes tácticas de desalojos, como amenazas o uso de violencia física, sexual, el acoso, y la interrupción de servicios como agua, electricidad y gas. La falta de asistencia institucional incrementa la vulnerabilidad, especialmente para mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad.
Eduardo Stein, representante de Acnur y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, dijo que “la necesidad de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda, como paso siguiente a los esfuerzos en regularización, es clave para evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas”.
En otros datos de la encuesta, 86 por ciento manifestó que el principal impacto de la covid es la acumulación de deudas, y las consecuencias más temidas ante los desalojos son que el hogar quede en situación de calle, el riesgo al contagio por la covid y la falta de acceso a los servicios públicos.
Brasil, según 37 por ciento de los allí encuestados, fue el país donde los refugiados y migrantes recibieron mayor asistencia para prevenir o protegerse de los desalojos, seguido de Perú con 32 por ciento, Ecuador con 31 y Colombia con 25 por ciento.
En caso de ser desalojados, solo siete por ciento de las personas estarían dispuestas a volver a Venezuela, y 73 por ciento piensa que el retorno al país de origen representa un riesgo para sus hogares.
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