La gran sorpresa en las elecciones presidenciales de Ecuador el domingo 7 la dio Yaku Pérez Guartambel, un carismático líder indígena y candidato del partido indígena Pachakutik que hasta hace dos años no era muy conocido a nivel nacional, pero que ahora puede pasar a la segunda vuelta.
Usualmente visto con su pelo largo amarrado en una coleta y un pañuelo arco iris anudado en el cuello, este abogado ambiental debe gran parte de su capital político a la visibilidad que le ha dado su oposición a varios proyectos de minería de oro en la montañosa región de Cuenca, incluido uno de la minera china Junefield Ecuagoldmining.
Esa votación tan apretada significa que, en cualquiera de los dos escenarios, Pérez tendrá un rol protagónico. Si se mantiene la tendencia, pasaría al balotaje contra Andrés Arauz, el economista y exministro de Conocimiento de 36 años que obtuvo 32 % de los votos.
Y si al final es sobrepasado por Lasso, se convertiría en uno de los apoyos más apetecidos de cara a definir un tercer enfrentamiento consecutivo entre el expresidente Rafael Correa -quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, fue condenado en 2020 a ochos años de prisión por un caso de sobornos e impulsó al actual presidente Lenín Moreno, aunque luego se distanció de él- y la derecha que representa Lasso.
Es decir, rompería con la narrativa política imperante de ‘correísmo’ y ‘anticorreísmo’.
El caso mediático de Yaku
Yaku Pérez, quien hasta el año pasado era el prefecto de la provincia de Azuay en el sur de Ecuador, se dio a conocer por su rol como abogado de varias comunidades que se han venido oponiendo a proyectos de minería de oro.
Quizás el caso que más alto perfil le ha dado sea el de Río Blanco, donde cuatro años de enfrentamientos legales e incluso físicos entre la minera china Junefield Ecuagoldmining y varias comunidades locales montañosas han paralizado uno de los proyectos mineros priorizados por los últimos dos gobiernos, que han querido apostarle a ese sector para apalancar su desarrollo.
Como contaron Diálogo Chino e Initium Media de Hong Kong hace dos años, el muy mediático caso ha revelado las dificultades del sector minero en Ecuador, en medio de la falta de diálogo entre empresas y comunidades, las preocupaciones por su huella ambiental y la casi completa ausencia del estado.
La tensión entre dos comunidades de campesinos indígenas y la empresa que pertenece al conglomerado privado chino Junefield Mineral Resources Holdings llegó a su máximo punto en mayo del 2018.
En ese momento, lo que comenzó como una protesta pacífica en Río Blanco terminó con el incendio del campamento de la minera. Hasta hoy no hay claridad sobre lo que ocurrió ese día, en una conflagración que los chinos dicen fue provocada por los campesinos y de la que éstos acusan a la seguridad privada de la mina.
La mina -cuyo yacimiento de oro y plata podría significar más de 200 millones de dólares a Ecuador- está situada justo en los bordes del Parque Nacional Cajas, que alberga más de cientos de lagunas de alta montaña y es una verdadera fábrica de agua. Una decena de ríos fluyen desde sus páramos, llevando agua a Cuenca (la tercera ciudad del país), a la costa ecuatoriana y a los ríos de la cuenca del Amazonas.
Las comunidades temen que las actividades de la minera puedan afectar el agua que nace dentro del parque nacional, algo prohibido por la ley. La empresa insiste en que su proyecto está por fuera –a 3,5 kilómetros de sus linderos- y que no tiene por qué afectarlo.
A pesar de que casi todos los titulares de prensa se han centrado en la tensa relación entre comunidades y empresa, el caso en realidad se ha movido en los tribunales.
En junio del 2018, un juez de Cuenca ordenó la suspensión de las actividades en la mina, respondiendo a una acción legal de protección presentada por las comunidades argumentando que se habían violado sus derechos al agua, al trabajo y a ser consultados.
El golpe más duro para Junefield y el gobierno ecuatoriano fue la determinación de que se había violado el derecho de las comunidades indígenas vecinas a ser consultadas previamente sobre el proyecto.
El gobierno ecuatoriano apeló esa decisión, pero tres magistrados del Tribunal provincial de Azuay ratificaron el fallo, que sigue pendiente de una última instancia posible en la Corte Constitucional. Hace un año, en enero de 2020, se supo que la empresa inició acciones legales contra Ecuador, por la imposibilidad de extraer oro.
Una parte importante del caso gira en torno a la decisión de los habitantes de Río Blanco de comenzar a identificarse como indígenas cañari kichwa en 2017, cuando ya existía un conflicto con Junefield.
Esa condición de indígenas es la que les da derecho a exigir la consulta previa libre e informada, un derecho protegido por la Constitución ecuatoriana y por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Ecuador firmó.
Por eso se organizaron como comunidad indígena, redactaron sus estatutos y se registraron ante Ecuarunari, el brazo de la organización indígena nacional que reúne a los pueblos indígenas de los Andes.
La cuestión de la autoidentificación es espinosa.
El gobierno de Moreno ha disputado que ellos sean indígenas, argumentando que esa información no estaba disponible al inicio del proyecto. Sin embargo, irónicamente fue el propio gobierno ecuatoriano –entonces liderado por Correa, con Moreno como vicepresidente- el que promovió desde el censo poblacional de 2010 que las comunidades con raíces indígenas se empezaran a declarar como tal.
Al margen de la cuestión étnica, Río Blanco ilustra una realidad cada vez más común en Ecuador y América Latina: conscientes de que las protestas y bloqueos de vías suelen terminar en enfrentamientos con la fuerza pública e incluso en procesos penales contra sus líderes, las comunidades locales ahora están optando por estrategias más jurídicas y políticas. Y muchos de ellos están ganando.
El abogado indígena de Río Blanco
Fue justamente Yaku Pérez, como líder de la organización indígena regional Ecuarunari, quien aconsejó a la comunidad de Río Blanco identificarse como pueblo cañari kichwa y quien instauró la acción de protección en su nombre.
Aunque era ya conocido en Cuenca tras años litigando casos de agua y derechos indígenas, y tras haber sido concejal también, la victoria judicial sobre Junefield cimentó aún más su estatus.
“Claro que somos indígenas: nuestros apellidos, nuestro color, nuestra cosmovisión lo es. Pero hay un modus operandi muy generalizado: acá no hay consulta previa. Confunden consulta previa con socialización, con audiencias, con cualquier otra cosa que no lo es”, nos contó hace dos años Pérez, quien durante el proceso legal denunció haber sido retenido ilegalmente por pobladores favorables a la mina, que -según él- le amenazaron de muerte y lo golpearon.
A raíz de ese episodio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos, le otorgó medidas cautelares, solicitando a Ecuador garantizar su seguridad.
En 2018, Pérez se lanzó al cargo de prefecto de la provincia del Azuay como candidato del partido indígena Pachakutik, haciendo campaña con el eslogan del “defensor del agua” y tocando saxofón en las calles.
Al final, su victoria en las elecciones de marzo de 2019 fue tan sorpresiva como contundente: ganó con 117 000 votos y más de 10 puntos porcentuales de ventaja sobre su siguiente rival.
En cierta forma, su carrera refleja el aumento en influencia de la causa indígena en Ecuador en las últimas dos décadas.
Tras ser uno de los fundadores y el primer presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) provincial, pasó a liderar Ecuarunari y a ser directivo de la Conferedación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Durante esos años, fue detenido –según cuenta GK en un perfil suyo- varias veces durante manifestaciones contra el gobierno de Rafael Correa, de quien ha sido fuerte contrincante.
En ese proceso de autoidentificación como indígena cañari kichwa también se cambió el nombre: desde hace cuatro años ya no es Carlos Ranulfo sino Yaku Sacha –o ‘agua del monte’- en reconocimiento de los orígenes cañari kichwa de su familia.
Al asumir el cargo de gobernador provincial de Azuay, Pérez se convirtió en apenas el tercer prefecto indígena del Ecuador. Apenas año y medio después, en octubre de 2020, una vez más sorprendió al anunciar que renunciaba a la prefectura y se lanzaría a las elecciones presidenciales.
Esta semana podría dar una más, si se convierte en el primer indígena en llegar a una segunda vuelta electoral en Ecuador.
Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino, una plataforma latinoamericana que sigue las relaciones de China con la región.
RV: EG
