La historia del país como sinónimo de estorbo es una cuota común en los gobiernos populistas, especialmente cuando sus liderazgos no necesitan una preparación o moralidad notorias en entornos políticos naturalmente caóticos como el de El Salvador.
La posición desde el privilegio, rasgo característico de estas nuevas cúpulas en el entorno global, no permite una conexión con la realidad objetiva de cientos de miles de personas que buscan sobrevivir el día a día en economías informales de subsistencia.
Reconocer la historia se vislumbra como símbolo de evidencia, en un gobierno que se esfuerza por ocultar la rendición de cuentas de fondos públicos, y que carece de frenos sociales que le impidan la arbitrariedad. Conocer la historia delata los hechos del presente, como caja de resonancia de la memoria.
Lo que en un Estado serio o por lo menos racional podría ser una declaración pública de abuso y corrupción, en El Salvador se considera, en los últimos meses, como una muestra de poder e impunidad recalcitrantes basadas en modelos escuetos pero eficientes para la dominación de la mayoría.[pullquote]3[/pullquote]
El control de las fuerzas armadas, ejército y policía, sustentan este halo de impunidad al no ofrecer resistencias desde su constitución estructural. A la mutación del ejército al haber sido utilizado como respuesta antiterrorista/pandillas y como punta de lanza contra la violencia ejerciendo violencia, se suma una policía civil decadente, demasiado frágil si se considera como un cuerpo completamente dependiente del órgano ejecutivo en pleno 2021.
Por tanto, la consolidación de un régimen populista no solo proviene de los orígenes partidarios que le sustentan un “todo es posible fuera de la ley”, sino también de la capacidad de control represivo desde cúpulas armadas que añoran tener un espacio de reconocimiento, poder y rentabilidad desde su oficio, aunque sean únicamente estas mismas cúpulas las beneficiadas por encima de los intereses mayoritarios de la población.
¿Lo mismo de siempre?
La perpetuación de un sistema económico clientelar desde las esferas gubernamentales, proporciona otra arista de análisis que solo se supera en degradación a sí misma cuando el gobierno visibiliza dicho clientelismo en las pocas expresiones de transparencia que quedan en funcionamiento.
Justamente, el desmontaje de las instituciones encargadas del acceso a la información por parte del gobierno ejecutivo, y la nula capacidad – o interés – de los órganos legislativo y judicial para proteger dichas entidades, reúnen los requisitos mínimos para ocultar información sobre el manejo de fondos del Estado.
La mayoría de la sociedad en el país nunca tuvo una apropiación del modelo “Estado somos todos” que implicaría un mayor interés en la protección de fondos públicos. Sabiendo esto, y que más de 70 % de la población sobrevive del sector informal de la economía, el pago de impuestos en la compra de productos, pago de servicios, y pago de renta en salarios, como ejemplos claros, pasan desapercibidos en el limbo estatal que reparte dichos ingresos a discreción.
La población, en su mayoría, espera retribuciones asistencialistas desde hace mucho tiempo, en un país acostumbrado obligadamente a la violencia, desastres ambientales, y el aumento de la desigualdad en sus peores formas.
Dichas retribuciones, provenientes incluso de la cooperación internacional en su papel de vendaje estéril, han apoyado a construir escasas oportunidades de resiliencia para pocos grupos ciudadanos, mientras que se fue acrecentando la apuesta por la construcción de un Estado de derecho aplicable para otros contextos.
Un país donde la mayoría sigue siendo dependiente de la caridad y la informalidad para vivir, es la víctima perfecta para grupos depredadores y parasitarios como los que promulgan neo teorías de rebalse sustentadas en medidas promisorias, espontáneas y arbitrarias.
Esta es la verdadera sensación mesiánica, donde la realidad del no tener un trabajo, alimento, salud, educación, techo o incluso una vía y un medio de transporte digno, termina imponiendo decisiones escasamente basadas en promesas de cambio completamente ilusorias. El espejismo de “lo que podría ser” derrotará n veces a la tragedia de “lo que ahora es”.
La fragilidad democrática con la piel abierta
Este nuevo grupo político, regurgitado de las entrañas del sistema político partidario del país, es la expresión máxima de los pecados capitales de los partidos políticos. La real desconexión de los partidos tradicionales con la población en los últimos 30 años es factor fundamental para comprender su desgaste histórico, haciendo que la representatividad democrática fuese el último ciclo de la democracia, cortándole toda posibilidad de convertirla en un instrumento participativo de la ciudadanía.
La manipulación mediática contemporánea suple esa conexión entre gobierno y población, una conexión que termina siendo falsa, es decir, falsamente esperanzadora. Como corolario, las verdades a medias que también son mentiras a medias, se sobreponen a la información disponible desde los ministerios del gobierno ejecutivo.
La capitalización de la manipulación política tampoco es nueva, siempre ha sido un ejercicio megalómano desde las cúpulas partidarias en especial durante periodos electorales, donde se ponen en compra venta las acciones generadas en el poder formal e incluso con alianzas de poderes ilegales.
Las contradicciones subyacentes a este “modelo de comunicación” terminan por fortalecer la ignorancia en la población, que queda esperando únicamente que la información tendenciosa se convierta finalmente en una acción objetiva hacia la satisfacción de necesidades básicas de vida, por mínima que esta acción sea: una calle nueva, una bolsa con víveres, una vacuna.
La apropiación de los derechos: La violencia como ley
El Estado de derecho, entonces, se vuelve símbolo de debilidad estructural con la fuerza y la manipulación contra el dialogo y la razón como escenario permanente. Los derechos humanos alcanzados en países como El Salvador, llegaron a garantizar la libertad de expresión, de asociación y vías alternativas para la denuncia ciudadana, entre otros ejemplos de derechos degradados/anulados en la época previa al conflicto armado.
Prácticamente, durante décadas previas a la guerra salvadoreña, cualquier derecho se vio comprometido por la represión estatal. Esto, junto a los altos niveles de desigualdad sistémica en regiones como la centroamericana, constituyó las raíces de la guerra, enmascarada por la lucha contra el comunismo que promulgó Estados Unidos, si acaso la verdadera farsa de la historia en cuestión.
Las garantías constitucionales establecidas desde 1983, y ratificadas durante los Acuerdos de Paz en 1992, han sido solamente dos pasos en la maratón que significa la democracia para una sociedad post conflicto armado como la de El Salvador.
Justamente la herencia violenta y desigual expresada desde la realidad de las pandillas y otros grupos criminales, dirigen por lo menos tres décadas bajo un esquema económico neoliberal basado en el éxito de una élite privilegiada.
En todo el mundo, hay razones suficientes para concluir que este modelo egoísta e insuficiente solo promueve la depredación humana y ambiental en todas sus formas.
La herencia de la pandemia: la aceleración de un proceso
Ante el oportunismo de este grupo líder de una especie de movimiento híbrido amorfo y sin concepto de ideología bajo el brazo más que la concreción de acciones improvisadas, el desgaste de la partidización de la democracia en El Salvador dio su peor producto.
El presidente actual procede de un pequeño recorrido en la experiencia pública, con una mutación acelerada después de su expulsión del partido de izquierda histórico y ante el desagrado inconstante del partido de derecha tradicional.
Después de lograr una aprobación de presupuesto a través de la derecha legislativa en 2019, el presidente de El Salvador y su gabinete han tenido un mayor desafío ante la pandemia, teniendo como resultado más claro hasta el momento el desmedro de su propia credibilidad.
Las cifras de muertes, fondos solicitados y ejecutados, pagos de salarios y deudas ante otros órganos estatales, así como las dudas generadas por el clientelismo y el posible pago a pandillas como parte de un pacto, propician las fisuras del blindaje político logrado hasta el momento por el círculo cercano al presidente.
En un mundo globalizado, la información llega más temprano que tarde, no solo desde fuentes diversas sino también desde la prepotencia usual de quienes ostentan poderes sobre una mayoría que les apoya.
Ante este panorama, y la exacerbación de condiciones críticas ante la pandemia, la narrativa dominante sigue siendo la misma que hace 30 años. Difícilmente hay legalidad en la arbitrariedad de las acciones gubernamentales, pero se necesitará tiempo para tener las pruebas que demuestren dicha ilegalidad.
Además, sabiendo que la prioridad sigue siendo la salud, la seguridad y la alimentación de la población, la pandemia se muestra como el escenario ideal para la opacidad, que puede durar años hasta que las deudas del Estado permitan revelar su condición comatosa: el 100 % de deuda del PIB se “logrará” bajo esta administración, por acumulación histórica y por acciones propias del ejecutivo, donde la austeridad y el uso responsable de fondos no son prioridad.
Dentro de esta narrativa, tan escasa como contundente, la polarización es sumamente necesaria para estos regímenes, que solo se alimentan de desinformación. Por ello, las amenazas a la libertad de prensa se vuelven poco a poco en la concreción del enemigo estatal, apoyando la tesis del “conmigo o contra mí” que tanto sustentan las autocracias.
La verdad entonces se vuelve algo tan superfluo como innecesario desde la perspectiva gubernamental, partiendo al mundo en dos: si estás con el gobierno, conocerás la verdad y te beneficiarás de ella. No hay paradoja más sutil que ésta dentro del modus operandi del totalitarismo, ya que es la perfecta conjunción de lo abstracto –lo prometido- con lo objetivo –lo otorgado-, y donde la mayoría sigue siendo víctima de sí misma desde un espacio electoral pro democrático.
Al pueblo se le considera sabio en las leyendas urbanas, y dentro de su aventurada sabiduría, le entrega el poder a grupos que ejercen la autocracia esperando el rebalse de cada proceso de transición. A esta masa llamada pueblo, no le importa demasiado la corrupción que el nuevo grupo establezca para su beneficio patrimonial desde el Estado.
Sabe que tarde o temprano, el gobierno ejecutor caerá víctima de sus propios excesos, aunque esto pueda tardar 20, 10 o cinco años.
Todo dependerá de los ciclos en que la pobreza o la violencia disminuyan o aumenten, y por el momento, el gobierno tendrá por delante uno de los periodos críticos de la historia salvadoreña, dentro de una pandemia y bajo esquemas mínimos de gobernanza a través de asistencialismo, pseudo inversión pública y privada, y una posible exacerbación de las imposiciones arbitrarias desde el control gubernamental para paliar cada crisis.
Esto tampoco será novedoso, y en décadas pasadas ha propiciado la expulsión constante de personas hacia otros países, algo que la pandemia puede empeorar como proceso de movilidad atípico.
La sociedad civil organizada, dentro y fuera del territorio, tendrá que presentar serias novedades en la ejecución de su trabajo y ante la sombra de un autoritarismo creciente, que podría llegar a controlar los fondos de cooperación internacional o desmontar instituciones que ejercen auditoría ciudadana, a expropiar territorios ambientales para su explotación comercial o coaccionar las denuncias sociales legítimas.
El desafío por antonomasia representará establecer esa conexión perdida desde hace tiempo entre la organización ciudadana y la población mayoritaria, que en décadas pasadas generó espacios limitados de creación de política pública tan necesarios actualmente.
En un país acostumbrado a los retrocesos máximos y a los avances mínimos, se abre un capítulo donde el control del gobierno sobre el órgano ejecutivo y el legislativo (por si solo o en bloque), cargará los dados en los próximos años para beneficio de una élite depredadora, lista para aprovechar todas las migas de pan que le dejaron los partidos políticos predecesores.
Sin duda, la democracia enfrentará su mayor reto en la era de la gobernabilidad electoral, trazando un camino más que desconocido para un país que está siempre al borde de la inexistencia.
Este artículo fue publicado originalmente por DemocraciaAbierta.
EV: EG
