La policía de Perú hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza ante las protestas masivas ocurridas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020, asentó un informe de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) difundido este martes 12.
Ante la represión de las manifestaciones “el derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales”, observó la alta comisionada, Michelle Bachelet.
Las protestas estallaron después de que el 9 de noviembre el Congreso peruano aprobó la segunda moción de vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra, alegando la causal de incapacidad moral permanente.[pullquote]3[/pullquote]
Al día siguiente, el entonces presidente del parlamento, Manuel Merino, juró como Presidente de la República interino, y se desataron en su contra y de otros factores políticos las mayores protestas callejeras vistas en los últimos 20 años.
Merino renunció el día 15, el Congreso escogió a Francisco Sagasti como presidente interino y ese nuevo jefe del Ejecutivo juró su cargo el 17 de noviembre.
Para examinar lo ocurrido con las protestas, una misión de la Acnudh visitó Lima del 17 al 22 de noviembre y verificó el incumplimiento de normas y estándares internacionales de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Entre sus principales hallazgos, el informe señala que agentes de la policía no distinguieron entre manifestantes pacíficos -que eran la mayoría- y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta.
La policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia.
Dos manifestantes murieron por perdigones de escopeta, Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22, en tanto más de 200 personas resultaron heridas, en su mayoría jóvenes que manifestaron los días 10, 12 y 14 de noviembre, aunque también fueron lesionados simples transeúntes.
Bachelet, quien fue presidenta de Chile en dos oportunidades (2006-2010 y 2014-2018) señaló que, potencialmente, la fuerza letal solo podría usarse contra personas específicas para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
Asimismo, que las armas menos letales deben ser empleadas según requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, en situaciones donde las medidas menos dañinas son claramente ineficaces para enfrentar la amenaza.
También destacó la importancia de que el gobierno reconociera públicamente que se cometieron violaciones, pues “el reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición” de los excesos.
Observó que, “sin embargo, es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”, y agregó la preocupación de que agentes de policía vestidos de civil no se identificaron como tales cuando realizaron arrestos, en contravención de las normas internacionales.
Algunas víctimas dijeron a la Acnudh que no tuvieron acceso a asistencia legal, o fueron presionadas para firmar declaraciones autoinculpatorias. Varias describieron estar recluidas en condiciones degradantes e insalubres, sin medidas preventivas contra la covid-19.
Sufrieron abusos físicos o psicológicos, según sus relatos, 18 detenidos, y la misión recibió información sobre ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres.
El informe también documenta restricciones, amenazas y ataques a periodistas y otros trabajadores de la comunicación, así como a defensores de derechos humanos que cubrían las protestas, lo que menoscaba al derecho a la libertad de expresión.
“Espero verdaderamente que las autoridades, tanto del gobierno como del Congreso, tomen las medidas necesarias para garantizar que los órganos encargados de hacer cumplir la ley se comporten de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, dijo la alta comisionada.
Agregó que “el Estado también debe defender el derecho de las víctimas y sus familias a la justicia, la verdad y la reparación, incluida la no repetición”.
También pidió enmendar la Ley de protección policial de conformidad con las normas y estándares internacionales -incluido el principio de proporcionalidad-, y derogar la exención de responsabilidad de los policías que causen muertes o lesiones.
A-E/HM
