Racismo colonial del gobierno amenaza a los indígenas en Brasil

El legendario cacique Raoni Metuktire (D), de pueblo kayapó, logró sobrevivir a la covid pese a sus 89 años. Famoso dentro y fuera de Brasil por su defensa de las tierras y los derechos indígenas, es por ello objeto frecuente de ataques del presidente Jair Bolsonaro. Foto: Mario Osava/IPS
El legendario cacique Raoni Metuktire (D), de pueblo kayapó, logró sobrevivir a la covid pese a sus 89 años. Famoso dentro y fuera de Brasil por su defensa de las tierras y los derechos indígenas, es por ello objeto frecuente de ataques del presidente Jair Bolsonaro. Foto: Mario Osava/IPS

La proliferación de los incendios en sus tierras, también sometidas a crecientes invasiones, una alta mortalidad por la covid-19 y la merma en sus derechos constitucionales componen el cuadro actual de amenazas que se ciernen sobre los indígenas en Brasil.

“El racismo colonial y neocolonial, que niega la diversidad étnica y cultural”, orienta las acciones del gobierno del presidente Jair Bolsonaro que ponen en riesgo la vida de los pueblos originarios y tradicionales, resumió a IPS el antropólogo Marcio Meira, investigador del Museo Emilio Goeldi, en Belém, capital del norteño y amazónico estado de Pará.

Bolsonaro, un excapitán del Ejército de extrema derecha, propone liberar la minería y otras actividades económicas dentro de las tierras indígenas (TI), hasta ahora restringidas, bajo el argumento de que los indígenas “son iguales a nosotros” y tienen derecho a prosperar.

La invasión de los “garimpeiros”, los mineros informales y la mayoría ilegales, está diseminando la covid entre los yanomami, un milenario pueblo que vive en territorio brasileño y venezolano, y en otras etnias. El discurso presidencial estimula la expansión de esa actividad ilegal.

Hasta ahora murieron 884 indígenas de covid, según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. La proporción es superior al promedio nacional, destacó Antonio Eduardo de Oliveira, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), de la Iglesia católica.

La población de los pueblos originarios suma, según el censo de 2010,  896 917 personas, lo que representa solo 0,45 por ciento del total nacional, pero tuvo 0,5 por ciento de los muertos por la pandemia, según el registro hasta el 3 de diciembre.

Lo más grave es que mueren más los ancianos, importantes para la memoria indígena que es principalmente oral. Están perdiendo sus “bibliotecas vivas”, lamentó Oliveira.

La vulnerabilidad de esos grupos se agrava por la ausencia de asistencia médica, ya que el gobierno está eliminando o reduciendo las funciones de los órganos de apoyo a los pueblos tradicionales.

“Retiraron los médicos cubanos y no los sustituyeron. Los militares aparecen, pero solo distribuyeron cloroquina”, una medicamento ineficaz contra la covid, criticó Oliveira a IPS por teléfono desde Brasilia.

Los enfermos graves de las TI, donde no hay hospitales, son llevados a las ciudades, donde son mal atendidos por discriminación racial, acotó.

Además de estimular las invasiones, una de las causas también del aumento de incendios en las TI, que este año más que se triplicaron en relación a 2019, el gobierno trata de dividir los indígenas, acusó el especialista.

Miembros del gobierno apoyan a los indígenas disidentes que se juntan a los garimpeiros, dañando gravemente los territorios con mercurio y otros elementos nocivos.

Familias tuxás toman un descanso mientras autoconstruyen su nueva aldea en la ribera cercana al río São Francisco, en una de cuyas islas siempre vivieron y ahora quedó sumergida en un embalse entre los estados de Pernambuco y Bahia, en Brasil. El desalojo de indígenas de sus tierras ancestrales por megaproyectos hidroeléctricos ha sido una constante este siglo en el país. Foto: Fabiana Frayssinet/IPS
Familias tuxás toman un descanso mientras autoconstruyen su nueva aldea en la ribera cercana al río São Francisco, en una de cuyas islas siempre vivieron y ahora quedó sumergida en un embalse entre los estados de Pernambuco y Bahia, en Brasil. El desalojo de indígenas de sus tierras ancestrales por megaproyectos hidroeléctricos ha sido una constante este siglo en el país. Foto: Fabiana Frayssinet/IPS

 

En 2019, el primer año de su gestión, Bolsonaro incluyó en su comitiva a la Asamblea General de las Naciones Unidas  a una indígena que defiende la integración de sus pueblos en la economía “del siglo XXI” y absuelve el gobierno de los incendios amazónicos, atribuyéndolos a los propios indígenas.

Las amenazas de mayor alcance, según Oliveira, son nuevas leyes propuestas por este gobierno que, entre otros daños, comprende una que permite legalizar propiedades privadas dentro de áreas identificadas como indígenas, pero que están aún en proceso de demarcación definitiva.

Por violentar principios constitucionales y posibilitar la apropiación indebida de tierras indígenas, varios tribunales suspendieron esa nueva norma impuesta por la gubernamental Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano que debería proteger los derechos de los pueblos originales.

Nombrar dirigentes de la Funai más cercanos a los grandes terratenientes que a los indígenas es un arma de la política antiindígena de Bolsonaro y su gobierno de preeminencia militar.

Otro golpe con riesgos letales fue nombrar como coordinador de Indígenas Aislados de la Funai a un pastor evangélico, Ricardo Dias, vinculado a la Misión Nuevas Tribus de Brasil, conocida por su agresiva y dañina acción evangelizadora, en desmedro de la salud y la cultura indígena.

Fue destituído el 27 de noviembre, tras solo nueve meses en el cargo ante las protestas por sus iniciativas.

Hace tiempo el indigenismo tenía por orientación “dejar en paz a los indígenas aislados, reemplazando los frentes de contacto por frentes de protección”, una regla consolidada en la Constitución de 1988, recordó Meira, quien presidió la Funai entre 2007 y 2012.

“Luchamos por la demarcación de nuestro territorio”, dice una pancarta en una marcha de indígenas de las que llegan hasta Río de Janeiro desde las comunidades de los 305 pueblos originarios de Brasil, para reclamar los derechos que les reconoce la Constitución y que el presidente ultradrechista Jair Bolsonaro comenzó a desconocer desde que comenzó su mandato. Foto: Mario Osava/IPS
“Luchamos por la demarcación de nuestro territorio”, dice una pancarta en una marcha de indígenas de las que llegan hasta Río de Janeiro desde las comunidades de los 305 pueblos originarios de Brasil, para reclamar los derechos que les reconoce la Constitución y que el presidente ultradrechista Jair Bolsonaro comenzó a desconocer desde que comenzó su mandato. Foto: Mario Osava/IPS

 

Además del retroceso de sus políticas, el actual gobierno reduce los recursos de la Funai, lo que obstaculiza sus actuaciones. Es el caso de las brigadas antiincendio, que perdió condiciones de capacitar y movilizar indígenas y no pudo actuar como debería en este año, señaló el antropólogo.

Descendientes de esclavos negros, también perjudicados

También las comunidades quilombolas, remanecientes de los refugios de esclavos africanos y sus descendientes, tienen derecho constitucional a su territorio, pero sufren ese racismo totalitario que busca impedir su propia existencia.

En ese caso, la Fundación Palmares, encargada de certificar las áreas quilombolas, es presidida por Sergio Camargo, calificado como un negro antinegros, que considera que la esclavitud fue benéfica para los afrodescendientes, porque actualmente viven mejor en el país que la población de África.

Es evidente que las certificaciones de comunidades quilombolas no avanzan. Ya hay cerca de 3000 reconocidas en todo el Brasil, pero existen muchas más identificadas que no lo han logrado.

Tanto Bolsonaro como los generales que componen la plana mayor de su gobierno objetan las áreas reservadas a grupos étnicos, en parte porque se trata de tierras de posesión y uso colectivo, en un modo de vida ajeno al capitalismo y el individualismo que pregona el gobierno de extrema derecha.

Bolsonaro anunció desde antes de asumir el gobierno, en enero de 2019, que no demarcará “un solo centímetro cuadrado de tierra indígena”.

“Odio el término (sic) pueblos indígenas… en este país solo hay un pueblo, el pueblo brasileño”, opinó exministro de Educación, Abraham Weintraub, en una reunión del gabinete ministerial en abril, cuyo contenido trascendió.

Destituido por mala gestión al frente de esa cartera fue recompensado por Bolsonaro  por su afinidad ideológica, con el puesto de director del Banco Mundial en representación de Brasil y ocho países más.

La cacica Dorinha Tuxá canta a su sagrado río y fuma su “marakú”, una pipa con tabaco e hierbas rituales, para pedir a sus ancestros que les ayuden a que les entreguen las tierras comprometidas, cuando los desalojaron de su isla fluvial en el río São Francisco para construir una represa en el nordeste de Brasil. Crédito: Gonzalo Gaudenzi/IPS
La cacica Dorinha Tuxá canta a su sagrado río y fuma su “marakú”, una pipa con tabaco e hierbas rituales, para pedir a sus ancestros que les ayuden a que les entreguen las tierras comprometidas, cuando los desalojaron de su isla fluvial en el río São Francisco para construir una represa en el nordeste de Brasil. Crédito: Gonzalo Gaudenzi/IPS

 

“La idea de que uno tiene que dejar de ser indígena para hacerse brasileño es una visión racista y colonialista”, de que es necesario integrar y aculturar a los indígenas, vale decir, forzarles a perder su cultura para integrarse a la blanca europea, una tendencia imperante hasta mediados del siglo XX y ahora abandonada, pero no por los militares, lamentó Meira por teléfono desde Belém.

Contrariando la Constitución

Es una visión que entra en conflicto con la Constitución brasileña de 1988, que reconoce la “organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones” de los indígenas y sus “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, apuntó.

Es decir, los reconoce como pueblos autónomos y atribuye al Estado la función de demarcar esas tierras y protegerlas. El plazo fijado para esa tarea era de cinco años, por lo que se agotó en 1993, pero la demarcación solo se completó en 487 áreas.

Siguen pendientes otras 237 ya identificadas, declaradas indígenas o en estudio que, por decisión de Bolsonaro quedarán paralizadass. Las 724 TI ya demarcadas y a demarcar suman 1,17 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa 13,8 por ciento del territorio nacional

Identificar las TI como territorios en la Constitución fue vetado por los militares, que encaran tal concepto como un riesgo para la soberanía nacional, recordó Meira.

Hay generales como el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno Pereira, que temen la constitución de un nuevo país en alguna TI por sus habitantes indígenas apoyados por organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales.

El actual gobierno “vive en conflicto con los indígenas”, encarados “como enemigos”, dedujo Oliveira de tantos embates, omisiones y amenazas.

Los militares aún razonan en términos del concepto de civilización, que era “eurocéntrica y depredadora”, y fundamenta el racismo colonial, la idea de eliminación, según Meira. Es difícil que acepten que hay otras civilizaciones y los indígenas constituyen una de ellas.

Los indígenas que viven fuera de su territorio enfrentan también el mismo racismo que se hizo dramáticamente visible últimamente contra los negros, y tiene origen en la esclavitud.

“Es poco conocido, pero también hubo muchos indígenas esclavizados. En la Amazonia alcanzaron por lo menos 100 000”, concluyó Meira.

ED: EG

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