Responsables de la Organización de las Naciones Unidas deploraron la muerte o desaparición de 25 migrantes de Venezuela, después de que el bote en que iban rumbo a Trinidad y Tobago zozobró el 6 de diciembre en el golfo de Paria, que separa a los dos países.
“Nos entristece enormemente la noticia de que al menos 21 venezolanos que habían intentado llegar a Trinidad y Tobago murieron cuando su barco volcó frente a las costas de Venezuela”, declaró este martes 15 Marta Hurtado, portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La portavoz en esta ciudad suiza dijo que “pedimos a los gobiernos que detengan las devoluciones en el mar en violación del principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas, y suspendan todos los retornos forzosos en medio de la pandemia covid-19, para salvar la salud de los migrantes y las comunidades”.
También lamentaron las muertes en el naufragio la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
Eduardo Stein, representante de Acnur y de OIM para refugiados y migrantes del país sudamericano, dijo que “este trágico incidente es un recuerdo de los riesgos extremos que las personas refugiadas y migrantes de Venezuela toman al hacer viajes por mar u otros movimientos irregulares para cruzar fronteras”.
Según los informes recogidos por esas agencias, entre 14 y 21 cuerpos fueron encontrados flotando en aguas cercanas al pueblo costero de Güiria, en la península de Paria, extremo nororiental del país, a unos 650 kilómetros al este de Caracas, y a unos 100 de las costas trinitobaguenses, en un trayecto de aguas muy peligrosas por las corrientes que confluyen entre el golfo de Paria y el mar Caribe.
Había hombres, mujeres y al menos cuatro niños, entre ellos un bebé, y la noticia, más las desgarradoras imágenes, desataron una ola de tristeza e indignación recogida en redes sociales y medios locales, que repartieron culpas entre las autoridades de Venezuela y las de Trinidad y Tobago.
La versión de que las autoridades trinitobaguenses obligaron al bote a devolverse cuando llegaba a sus costas fue desmentida por Puerto España, pero hizo recordar que ese gobierno ha forzado la devolución de migrantes y muchos de ellos, por su condición ilegal, son detenidos, en ocasiones durante meses, y luego repatriados.
El primer ministro Keith Rowley, ha reiterado que Trinidad y Tobago, “país pequeño en tamaño y recursos, no puede convertirse en un campamento de refugiados y migrantes ilegales de Venezuela”, además de que ya alberga a unos 25 000.
Sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro llovieron críticas como responsable de la postración económica y social del país que impulsa a miles de sus compatriotas a emigrar “para no morir de hambre”, una de las más socorridas expresiones de los migrantes en países vecinos cuando son entrevistados.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, parlamento unicameral elegido en 2015 con mayoría opositora y reconocido como “presidente legítimo” de Venezuela por medio centenar de gobiernos, decretó tres días de duelo nacional.
Las víctimas del naufragio eran parte de quienes masivamente dejan Venezuela desde hace seis años para tratar de escapar a la enquistada crisis económica, social y política, la cual ha aventado, principalmente a los países vecinos, a unos 5,4 millones de migrantes y refugiados, según cifras de Acnur y OIM.
El flujo no se ha detenido a pesar de los cierres de fronteras dispuestos ante la pandemia covid-19, y al menos 500 venezolanos abandonan el país diariamente por pasos irregulares terrestres, marítimos o fluviales.
En el caso de quienes van a Trinidad y Tobago, y también a las vecinas islas holandesas, Aruba, Bonaire y Curazao, en ocasiones venden sus pocas pertenencias para pagar unos cientos de dólares a operadores de frágiles botes que, sobrecargados, en las noches se aventuran a cruzar las fronteras marítimas.
El Ministerio del Interior de Venezuela, al informar el hallazgo de 14 cadáveres en el mar y una playa cerca de Güiria, anunció que proseguía la búsqueda y las investigaciones, apuntando a “bandas delincuenciales” que operarían en la zona facilitando el tráfico ilegal y la trata de personas.
Esas bandas tendrían “vinculación con las mafias del extremismo venezolano”, que el oficialismo identifica con sectores de oposición, y así utilizar el trágico naufragio “para descalificar las acciones que estamos tomando como gobierno”, según la declaración del ministerio a cargo de la almiranta Carmen Meléndez.
Centenares de habitantes de Güiria se congregaron en la zona portuaria y en las iglesias, reclamando una investigación de las muertes. La Fiscalía reportó 20 fallecidos y la detención del propietario del bote que habría zozobrado.
Stein dijo que en Acnur y OIM están “profundamente consternados” por el naufragio y que “se necesitan esfuerzos urgentes para evitar que traficantes y redes de trata envíen personas en estos viajes tan peligrosos, y para proteger a las personas refugiadas y migrantes de la explotación y el abuso”.
Además “se necesita reforzar las vías regulares para asegurar que las personas refugiadas y migrantes puedan tener acceso a seguridad sin arriesgar sus vidas”, agregó quien también fue entre 2004 y 2008 vicepresidente de Guatemala.
Según Acnur y OIM, este es el segundo naufragio registrado en la costa venezolana este año, después de que en 2019 tres embarcaciones fueron reportadas como desaparecidas entre Venezuela y las islas de Trinidad y Curazao, con la pérdida de al menos 80 vidas.
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