En su comunidad de pequeños agricultores y ganaderos en el norte en México, Aristeo Benavides ha atestiguado los daños de la industria del gas, que ha penetrado en las tierras colectivas alterando su forma de producir y de vivir.
“No nos dejan nada. Nos dicen que es por el progreso, pero es el de ellos. Siempre salimos perdiendo nosotros. Cuando perforaron pozos de gas, no cercaron los lugares, no han dado mantenimiento, no están bien atendidos. Aquí hay mucho agua subterránea que se puede contaminar”, denunció este ganadero vía telefónica a IPS.
Benavides vive a 500 metros del gasoducto Los Ramones II Norte, que discurre por cinco estados y fue vendido en 2017 por la estatal Petróleos de Méxicanos (Pemex) a dos entidades privadas: Infraestructura Energética Nova, filial de la estadounidense Sempra Energy, y el fondo de inversión BlackRock, también del país vecino.
La comunidad Benavides Grande y Benavides Olivares, de 65 000 hectáreas de extensión y unos 6000 pobladores, se extiende por cinco municipios en el estado de Nuevo León, a unos 750 kilómetros al noreste de Ciudad de México.
Los ejidatarios (usufructuarios) de esa comunidad, de la que Benavides es su portavoz, vienen luchando hace años contra lo que consideran un acoso a su tierra de explotación comunitaria de la industria de hidrocarburos, habiendo obtenido algunos logros en los tribunales.
En los alrededores de sus tierras, Pemex perforó en 2013 dos pozos de gas mediante fractura hidráulica o fracking, la trepanación horizontal que requiere grandes volúmenes de químicos y agua para extraer la molécula enquistada en rocas profundas de esquisto o lutitas.
Académicos y organizaciones ambientalistas que se oponen a esa tecnología denuncian que contamina los mantos freáticos, induce sismos y emite gases de efecto invernadero, responsables del recalentamiento global.
En 2019, ambos pozos presentaron una fuga de gas, por lo que demandaron a Pemex que los sellase. “Les hablamos varias veces, se tardaron una semana en repararla. Pero no han regresado a examinarlos. Además, la gente roba gas del ducto, puede pasar una desgracia”, dijo Benavides.
A pesar de los conflictos sociales y las secuelas ambientales, México prosigue y acelera la ruta de la gasificación del país mediante el tendido de gasoductos y la construcción de plantas eléctricas, apoyado en importaciones baratas desde Estados Unidos, fomentada por la reforma energética de 2013 que abrió el sector al capital privado, extranjero y local.
En el norteño estado de Sonora, el pueblo yaqui, uno de los 67 grupos originarios que viven en México, logró frenar desde 2017 la construcción del gasoducto privado El Oro-Guaymas, en una campaña que generó fricciones entre los indígenas y que dejó muertos, heridos y daños materiales.
La obra “se analizó, se hizo una consulta, se valoraron los daños y se trabajó en reparar y mitigar afectaciones. Siete pueblos dieron aprobación, pero uno no. Sintieron que es un riesgo y no creo que la empresa quiera violentar a la gente”, reseñó a IPS vía telefónica Tomás Rojo, portavoz yaqui, desde la comunidad de Vícam.
En 2017, habitantes del pueblo Loma de Bácum desenterraron tuberías e impidieron la finalización del megaproyecto, de 330 kilómetros de largo y 18 de los cuales atraviesan esa comunidad.
En agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con los yaquis para desviar el trayecto del ducto y evitar ese territorio, para de esa manera concluir el tendido.
Un país petrolero, aunque en declinación
México ocupa el puesto 12 como productor de petróleo en el mundo y el 17 en extracción de gas, el 20 en reservas probadas de crudo y 37 en depósitos probados de gas natural, pero su posición en la industria petrolera declina por la escasez de hidrocarburos de fácil extracción.
Desde que llegó a la presidencia en diciembre de 2018, el izquierdista López Obrador fomenta los combustibles fósiles, pero la producción interna de gas va a la baja, desde los 6401 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) en 2015 a 4853 de septiembre, pues el impulso recae en el crudo.
Las exportaciones cayeron, de 2700 mpcd en 2015 a 1000 en septiembre, y las importaciones, de 1415 mpcd en 2015 a 843 en septiembre, debido a que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) quema de nuevo combustóleo.
Para su distribución por el extenso territorio de este país de 130 millones de habitantes, se ha desplegado una red de gasoductos, con 27 tendidos estatales y privados que se extienden por 18 889 kilómetros. Además, CFE construye un tramo en el sudoriental estado de Yucatán, hay otros tres en proyecto para trasladar el combustible al sur y sureste, mientras otros tres están detenidos por oposición comunitaria.
Las receptoras del gas son 48 plantas termoeléctricas, de ciclo combinado –que queman gas para generar vapor para electricidad– y turbogas, tanto estatales como privados. A ese lote se sumarán otros 10 ciclos combinados en construcción.
Otro termómetro de la fiebre gasífera son las autorizaciones para movilizar el fluido otorgados por la estatal y autónoma Comisión Reguladora de Energía. Hay 276 permisos de transporte de gas, de los que 230 están ya operativos, 263 para traslado por ducto (218 activos) y 13 para semirremolques (12 en funcionamiento).
Todo ese entramado se refleja en el presupuesto público para el sector. En 2020, la CFE destinó más de 2000 millones de dólares para transportar gas y para 2021 tiene proyectados 2650 millones.
El gas es esencialmente metano, con 86 veces más poder de calentamiento en la atmósfera en un lapso de 20 años que el dióxido de carbono (CO2). El estatal Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático calculó un factor de emisión del gas para seis zonas de México en 2,27 kilogramos de CO2/metro cúbico (m3), aunque menor que el carbón y el combustóleo.
Problema atmosférico
Con mayor obtención y quema de gas, el país enfrenta un creciente inconveniente con el metano. En 2019, el país venteó 4484 millones de m3, siendo el noveno del mundo.
En términos de intensidad, la proporción alcanzó 7,21 m3 por barril de petróleo producido, el mayor registro desde 2014 –5,39–, según cifras de la Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas, promovida por el Banco Mundial con la meta de erradicar esas prácticas para 2030 e integrada por 17 países, 12 petroleras, la Unión Europea y dos instituciones financieras.[related_articles]
Los hidrocarburos están detrás de las emanaciones de metano, como lo estima la Agencia Internacional de Energía, organización intergubernamental de los mayores consumidores mundiales, que proyectó 724 000 toneladas de metano proveniente de hidrocarburos y de los cuales 155 000 se originaron en el sector gasífero en 2019.
Además, el gobierno de López Obrador mantiene el fracking en su agenda, a pesar de sus constantes afirmaciones de que su administración no aplica esa técnica.
Sergio Sañudo, académico de los departamentos de Ciencias Biológicas y de la Tierra de la privada Universidad del Sur de California, afirmó a IPS que “ha habido un retroceso con este gobierno. México sigue haciendo lo mismo. Genera dependencia completa de Estados Unidos y cuando le cierre la válvula, ¿qué va a hacer? México se ata a los hidrocarburos y le sirve como una salida al gas”.
La solución, prosiguió, radica en que Estados Unidos abandone el fracking y así México no importaría más carburante y potenciaría las fuentes renovables.
Benavides dice que su comunidad está muy consciente de la crisis climática, porque observa las alteraciones. “Ha habido granizadas, cambios de temperatura, hay poca lluvia. Son cosas que no habíamos visto. Todo lo que pasa, la tierra nos pasa la factura. ¿Cuántos meses se fue ese gas a la atmósfera, por las fugas?”, cuestionó.
Sañudo urgió a México a salir del gas. “No es combustible de transición energética hacia fuentes más limpias. No es la panacea que se creyó que iba a ser. Ya no puede competir con las renovables”, subrayó.
RV: EG
