En la Argentina, los grupos sociales en situación de pobreza, los que viven en zonas rurales y las personas mayores no pueden acceder a Internet y a las tecnologías digitales. Puede ser por el costo del servicio, la ausencia de empresas proveedoras o por carecer de los dispositivos y de las competencias para apropiarse de los mismos.
Un documento reciente indica que en América Latina 67 % de las personas es usuaria de Internet, pero en el rango de mayores de 75 años solo un 20 %.
Particularmente en Argentina, el acceso a Internet fijo residencial de banda ancha llegaba solo a 57,3 % de los hogares en 2019. También en materia de infraestructura de telecomunicaciones y conectividad digital, con el incremento del tráfico de Internet se advierte la baja calidad de los servicios que prestan las operadoras privadas de los servicios de banda ancha fija y móvil.
La desigualdad se hace aún más evidente en la educación y el trabajo.
En un informe de la encuesta a hogares, se advierte que seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes que asisten a instituciones estatales de educación no cuentan con computadora en el hogar. De tres a cuatro estudiantes de cada 10 utiliza únicamente los datos del móvil para conectarse a Internet con fines educativos.
Teletrabajo en condiciones precarias
En el mundo del trabajo, gran cantidad de personas debieron volcarse de manera forzosa al trabajo remoto, en muchos casos sin las competencias necesarias, los dispositivos o la conectividad. Pero también sin condiciones adecuadas para trabajar en sus hogares, con dificultades en la administración de los tiempos de trabajo y la compatibilidad con las tareas de cuidado. Esta situación aumentó aún más la brecha de género.
Acaba de aprobarse en Argentina la Ley de Teletrabajo, que entre otros puntos regula el derecho a la desconexión digital, a la intimidad y a la protección de datos. Pero ¿cuál es el alcance de esta legislación? Está destinada solo a los trabajadores de la economía formal, dejando fuera el trabajo informal o flexible.
En este sentido, si de trabajo se trata, mientras que el aumento de la actividad de las plataformas digitales en el período de aislamiento ha sido exponencial, la contracara es la evasión de las regulaciones laborales y de la seguridad social.
Esta forma de flexibilización y precarización creciente desdibuja el vínculo laboral con los empleadores. Los trabajadores no tienen beneficios sociales ni previsionales, su salario depende de su capacidad de trabajar y su actividad carece de mecanismos de regulación y control por parte del Estado.
Los gigantes de internet no han sufrido la crisis
Si bien la pandemia produjo una crisis económica sin precedentes a nivel mundial, algunas plataformas han obtenido grandes ganancias. Entre las que más han crecido, cabe mencionar las destinadas a reuniones virtuales y videoconferencias, las dedicadas al entretenimiento y la cultura, a la salud, delivery (entrega a domicilio), mensajería y el comercio electrónico.
Por ejemplo, la empresa argentina Mercado Libre se encuentra entre las 100 firmas que más crecieron en la pandemia, según un informe de la revista Forbes, en abril sus ventas online aumentaron 76 %. No obstante, el ranking lo lideran Amazon, Microsoft, Apple y Tesla.
Por su parte, las plataformas de streaming se consolidaron como uno de los espacios de entretenimiento más elegidos por el público. Internacionalmente, son las grandes corporaciones las que más se vieron favorecidas: Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.
El otro lado de este fenómeno son las consecuencias de la pandemia, inmediatas y directas, para otros sectores de las industrias culturales. Los cines, los teatros y los museos fueron de las primeros en cerrar y seguramente serán de los últimos en abrir.
Muy recientemente actores y actrices argentinas publicaron en las redes sociales una carta abierta donde expresan, entre otras cuestiones que “la población recurre masivamente a la ficción audiovisual para sobrellevar estos días y los grandes beneficiarios económicos resultan ser las plataformas digitales que ni siquiera pagan derechos de intérprete, una regulación por la que se viene luchando y más que nunca se hace urgente implementar”.
Límites para las grandes empresas tecnológicas
También los medios de comunicación reclaman que Google y Facebook paguen por el uso de sus contenidos. Denuncian que, desde su posición dominante, se quedan con la mayor parte de los ingresos publicitarios que se generan con los contenidos periodísticos digitales.
En Estados Unidos por primera vez se realizó un boicot contra Facebook a raíz de su posicionamiento corporativo editorial sobre contenidos de odio o racistas.
Muy recientemente, cuatro de las cinco mayores empresas tecnológicas, Google, Amazon, Facebook, Apple (GAFA), comparecieron a una audiencia pública ante el Congreso de ese país acusadas de prácticas monopólicas contra competidores más pequeños, consumidores y usuarios.
Se acumulan los cuestionamientos al poder de las plataformas. Cada vez más se coloca en tela de juicio la falta de mecanismos de regulación y control del Estado sobre las actividades de las mismas. En términos de regulación, no solo en Argentina, sino también en muchos países de América Latina, falta legislación específica, o se encuentra desactualizada.
Es claro que nos encontramos ante una nueva etapa de acumulación de capital basada en la producción y uso de tecnologías digitales, incluyendo el extractivismo de datos y conocimientos locales.
El control monopólico de mercados es solo uno de los aspectos que implican estas nuevas formas de acumulación capitalista a partir del acopio, manejo y comercialización de los datos sobre la vida de todas y todos, que conforman las bases del llamado capitalismo de la vigilancia.
Acceso a internet, un derecho humano
En este nuevo contexto reconocer que el acceso universal a Internet como servicio público y derecho humano fundamental resulta urgente. De esto se trata la inclusión digital y social. En este sentido el costo, la apertura y la elasticidad de Internet la colocan en el ámbito de un bien común.
Hace pocos días, el presidente Alberto Fernández ha decretado que la telefonía celular y fija, las prestaciones de Internet y la televisión de pago son servicios públicos esenciales. Esto implica el congelamiento de las tarifas y que, para subirlas, las empresas deberán pedir autorización al Estado, previa presentación de un esquema de mayores costos que lo justifiquen.
Pero aún resta mucha para actualizar la disputa por el reconocimiento de Internet como derecho humano, el acceso abierto a los datos, el código abierto, el software libre, las regulaciones del Estado y la Internet ciudadana, como componentes indispensables de su democratización.
En las organizaciones y movimientos sociales se ha consolidado la acción directa a favor de una Internet libre y segura. En respuesta a la erosión de las libertades y la creciente monopolización han surgido iniciativas en varios países que acompañan las luchas y las transiciones digitales hacia ecosistemas libres, descentralizados y ciudadanos.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.
RV: EG
