Si el gobierno brasileño no ve el rojo de los incendios forestales con sus ojos, tendrá que verlo por el bolsillo, es el aviso de grandes empresas e inversionistas internacionales y también del propio país.
Un grupo de 17 transnacionales, incluyendo Carrefour, Unilever y Walmart, se juntaron en una Coalición de Acción Forestal Positiva, volcada a frenar la deforestación. La fuerza de esas empresas, cuyo valor de mercado supera el producto bruto interno de Brasil, deriva de su poder de seleccionar proveedores según criterios ambientales.
Objetivos del posible rechazo son la soja y la carne de vacuno, productos de que Brasil es el mayor exportador mundial.[pullquote]3[/pullquote]
Ante las probables restricciones, JBS, el grupo brasileño que es el mayor productor mundial de proteína animal, se apresuró a crear su “Plataforma verde”, un mecanismo para rastrear el ganado que adquiere y asegurarse de que no proviene de áreas deforestadas de la Amazonia.
También los tres mayores bancos privados brasileños acordaron que ya no financiarán actividades económicas que promueven la deforestación amazónica.
Gobiernos de ocho países europeos, entre los cuales Alemania, Francia y Reino Unido, enviaron al gobierno brasileño el 15 de septiembre una carta en que lo urgen a adoptar “acciones reales inmediatas” para contener la destrucción de la Amazonia, ante la creciente demanda de los consumidores por bienes de producción sostenible.
Esas presiones contra el retroceso en las políticas ambientales de Brasil se acentuaron este año, después de informaciones sobre el aumento del área deforestada en la Amazonia pero también de los incendios de intensidad y amplitud sin precedentes en el Pantanal, que ocupa tierras fronterizas de Brasil, Bolivia y Paraguay.
El mayor humedal del mundo ya perdió la vegetación en cerca de 20 por ciento de su área brasileña, que alcanza 150 000 kilómetros cuadrados. La fauna, cuya cantidad y diversidad son conocidas incluso como atracción turística, queda dramáticamente reducida por las llamas y luego por el hambre, privada de las fuentes alimentarias.
El humo de la vegetación quemada contaminó el aire y oscureció el cielo en ciudades de las regiones del Sur y Sureste del país, a 2000 kilómetros de distancia.
Esa dura realidad es negada por el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro que, en su discurso en la apertura de la sesión de alto nivel de la 75 Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre, dijo que Brasil es “víctima de una de las más brutales campañas de desinformación sobre la Amazonia y el Pantanal”, impulsada por “intereses oscuros”.
En su discurso por teleconferencia, no identificó directamente tales intereses, pero sugirió tratarse de competidores en la exportación de alimentos de que Brasil seria “el mayor productor mundial”, una falsedad porque adelante están China, Estados Unidos e India.
Trató de presentar a Brasil como un campeón de la preservación ambiental, con 66 por ciento de la vegetación nativa aún de pie, es decir un país verde en que sería insignificante el rojo de las llamas.
Uno de sus brazos derechos, el general Augusto Heleno Pereira, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, con rango de ministro, había acusado en la víspera a “naciones, entidades y personalidades extranjeras” de pretender “perjudicar a Brasil y derrocar el gobierno de Bolsonaro”, con las críticas a la deforestación amazónica.
Pero los extranjeros no están solos.
En julio, casi una veintena de exministros de Hacienda y expresidentes del Banco Central brasileño firmaron un manifiesto para defender una mayor atención a las cuestiones ambientales y climáticas, para proponer una recuperación económica “de bajo carbono y sustentable” después de la pandemia de covid-19.
La Coalición Brasil Clima, Forestas y Agricultura, creada en 2015 por más de 200 representantes de sector agrario, finanzas, academia y sociedad civil, propuso al país, especialmente al gobierno, seis acciones estratégicas para reducir la deforestación de la Amazonia, en un documento divulgado el 15 de septiembre.
Reforzar la inspección de las agresiones a la naturaleza, con la recuperación de los órganos de control que el actual gobierno debilitó, es la primera medida. Combate a las apropiaciones de tierras y sus registros fraudulentos, ampliación de las áreas protegidas y exigencias sociales y ambientales en la concesión de créditos en la Amazonia completan las acciones propuestas.
La gran agricultura de exportación, considerada una aliada de Bolsonaro desde las elecciones en 2018, trata ahora de apartarse de la política antiambientalista de Bolsonaro, sus ministros militares que ocupan casi mitad de los 23 ministerios, y del controvertido ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.
En realidad sus intereses discrepan de las posiciones internacionales del gobierno que, con su alineamiento total con el Estados Unidos de Donald Trump e Israel, pone en riesgo permanente las exportaciones agrícolas a China y a los países árabes, por geopolítica, y a Europa por sus exigencias ambientales.
Además, al diluirse en el sector políticamente representado por los legisladores “ruralistas”, el segmento de la gran producción agrícola y ganadera es incluido entre los responsables de la deforestación y los incendios amazónicos, en realidad practicados por gente más preocupada en apropiarse de tierras públicas que en producir alimentos.
Son sectores rezagados, que no acompañaron el avance tecnológico de la moderna agricultura brasileña y que por eso tiene que ocupar cada día más tierra, según el presidente de la Asociación Brasileña del Agronegocio, Marcelo Brito.
Sin separar las dos vertientes del campo, boicoteos a los productos agrícolas brasileños, especialmente en Europa, serán inevitables, reconoció en sus entrevistas a varios medios.
El gran problema es que dialogar o negociar con el gobierno actual se hizo una imposibilidad.
“Brasil es el país que más preserva el ambiente”, suele afirmar Bolsonaro ante las crítica, sin inmutarse. En su más reciente videomensaje, que suele difundir por las redes sociales y medios de comunicación aliados, él calificó de “ataque criminal, esa desinformación absurda contra Brasil”, refiriéndose a las críticas ambientales.
Atribuyó todo al “juego económico”, un intento de sofocar la competencia brasileña en la producción y exportación de alimentos.
El bolsonarismo está en pelea con los hechos y la lógica mundiales, no solo en el tema ambiental, los incendios forestales y la Amazonia, que él y sus generales creen amenazada por conspiraciones de países, organizaciones no gubernamentales y grupos indígenas con el objetivo de sacar partes del territorio de la soberanía brasileña.
La tergiversación permanente también involucra, por ejemplo, la covid-19. En el gobierno hubo “unos 200 infectados” y nadie murió porque todos tomaron cloroquina, sostuvo Bolsonaro que asegura haber hecho la mejor gestión de la pandemia, pese a los 140 000 muertos hasta ahora, cantidad solo superada por Estados Unidos.
Su gobierno tiene la pretensión de cambiar la historia de Brasil y revisar su período reciente. Para eso nombró ministros evangélicos, militares u otros de visión retrógrada y moralista, en la educación, cultura, relaciones exteriores, justicia y derechos humanos.
Para difundir su versión de la historia, el oficialismo cuenta con una productora de filmes y documentales, Brasil Paralelo, que también ofrece cursos doctrinarios.
Ambientalismo es uno de los enemigos que el bolsonarismo y la extrema derecha que se propagó en el mundo últimamente parecen repudiar de forma irreconciliable, a punto de negar la realidad más evidente. Por eso, esa confrontación tiende a profundizarse hasta la desaparición o pérdida de poder por una de las partes. Es lo que se escenifica en Brasil.
ED: EG
