Fuerzas policiales de Venezuela abatieron a 1324 personas en operaciones de seguridad durante los primeros cinco meses de 2020, indicó en un informe este jueves 2 Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La alta funcionaria de la ONU dijo al presentar el informe que “me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de los cuerpos de seguridad”.
Un estudio de su oficina sobre 38 casos de individuos abatidos por fuerzas policiales en Venezuela entre mayo de 2019 y mayo de 2020 estableció como patrones que eran hombres de menos de 30 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos que habitaban barrios urbanos signados por altas tasas de delincuencia.
Algunos tenían antecedentes penales, otros no, en algunos casos se sospechó venganza personal o error de identificación por parte de los policías.
En lo que va de 2020 las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana han sido el cuerpo más letal, seguido por la policía de investigaciones judiciales y la militarizada Guardia Nacional Bolivariana.
Bachelet reconoció que desde septiembre de 2019, cuando se firmó una carta de entendimiento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, aumentó la colaboración entre su oficina y las autoridades locales.
El informe recoge aspectos de la situación económica, social y política que compromete la vigencia de los derechos humanos para los venezolanos.
Un punto álgido es que “aunque el gobierno aumentó en 1200 por ciento el salario mínimo desde julio de 2019, su valor equivale a 2,33 dólares mensuales, lo que cubre apenas 1,1 por ciento de la canasta básica de alimentos”, dice el informe.
Destaca que, según una evaluación del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 59 por ciento de los hogares venezolanos no disponen de ingresos suficientes para comprar alimentos.
Sin mencionar a Estados Unidos, el informe pide “revisar, suspender o levantar las sanciones impuestas, la cuales obstaculizan los esfuerzos del gobierno para hacer frente a los efectos combinados de la situación humanitaria y la pandemia covid-19 sobre la población”.
El informe lamenta que se haya reprimido con excesiva fuerza algunas de las 10 000 protestas registradas entre julio de 2019 y mayo de 2020, de las cuales 73 por ciento fueron por bajos salarios, elevados precios de los alimentos, retrasos en la distribución de cajas con asistencia alimentaria y la falta de servicios públicos.
Respecto del espacio democrático y cívico, la oficina de Bachelet, con su sede central en Ginebra, documentó restricciones a los derechos de expresión e información, de reunión y de participación política, incluyendo las agresiones de grupos civiles armados contra periodistas sin que las fuerzas del orden hicieran nada para impedirlas.
Destacó que, a junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia retiró la inmunidad a 28 parlamentarios opositores, cuatro estaban presos, uno bajo arresto domiciliario y otros 36 abandonaron el territorio de la república o están en la clandestinidad.
El informe dice que hay mejoras en la situación de algunas cárceles, pero que los militares y civiles detenidos bajo acusación de traición, rebelión, terrorismo y delitos conexos están en depósitos de instalaciones militares o de la policía política en condiciones de hacinamiento, y la oficina registra denuncias de torturas.
El embajador de Venezuela ante los organismos de la ONU en Ginebra, Jorge Valero, cuestionó que el informe “incorpora información proveniente de fuentes de escasa credibilidad, sin haber sido debidamente contrastada con las autoridades”.
Bachelet dijo en cambio que su oficina “ejerció la debida diligencia para evaluar la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes, y cotejó la información recopilada para verificar su validez”.
Un nuevo informe sobre los derechos humanos en Venezuela se presentará a mediados de julio.
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