Ida Njeri era una funcionaria con acceso a una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito (Sacco) a través de su empleador, cuando comenzó a interesarse por los préstamos de la institución para adquirir tierras en Ruiru, en el centro de Kenia, junto con su esposo, un consultor privado en el sector de la comunicación.
Ella estaba dispuesta a hacerlo. Parte de su plan a largo plazo para tener una familia era comprar un terreno y construir allí la casa de sus sueños. Pero lo que no se dio cuenta Njeri es que 12 años y tres hijos más tarde, la ley le negaría tener derecho a su derecho a poseer la propiedad matrimonial.
«Como consultor privado, fue difícil para mi esposo unirse a un Sacco. La gente generalmente se une a los Sacco a través de su empleador. Esto hace que sea fácil ahorrar y tomar préstamos porque se necesitan tres personas dentro de su Sacco para garantizar el préstamo», explicó Njeri IPS
«Mi esposo tenía una cuenta bancaria de ahorros, por lo que decidimos combinar mis préstamos con sus ahorros. Para 2016, tenía 45 000 dólares en préstamos. Mi esposo me decía la cantidad necesaria para comprar un terreno y yo pedía un préstamo», agregó, explicando que fue él quien manejó todas las adquisiciones.
Para 2016, la pareja había comprado 14 terrenos diferentes, cada uno de uno de media hectárea. Pero el año pasado, cuando el matrimonio terminó, Njeri descubrió que todos los terrenos comunes estaban a nombre de su esposo.
«Todo el tiempo asumí que la tierra estaba a nuestro nombre. Realmente nunca pensé en ello porque estábamos construyendo conjuntamente nuestra familia. Y peor, todos los recibos de pago de la tierra y los acuerdos de venta también están solo a su nombre», dice ella.
Pero lo más negativo es que había poco que ella pudiera hacer al respecto, dadas las leyes del país.
El ítem tres del artículo 45 de la Constitución de 2010 establece la igualdad durante el matrimonio y el divorcio, y el matrimonio de Njeri fue legal y está registrado, lo que da sustento a que la propiedad de las tierras adquiridas sea conjunta, según la norma de 2014.
Pero existe una Ley de Propiedad Matrimonial, de 2013, que en su sección 7 establece que la propiedad de bienes matrimoniales depende de las contribuciones de cada cónyuge para su adquisición.
«La propiedad matrimonial recae en los cónyuges de acuerdo con la contribución de cualquiera de los cónyuges para su adquisición, y se dividirá entre los cónyuges si se divorcian o si su matrimonio se disuelve de otra manera», establece la sección 7.
Debido a que Njeri no tenía pruebas de haber adquirido conjuntamente la tierra, tras su divorcio quedó sin derecho sobre ella.
El suyo no es un caso aislado de mujeres casadas que luchan por garantizar sus derechos sobre la tierra.
En 2018, se lanzó la Alianza por la Tierra de Kenia (KLA, en inglés), una red dedicada a promover que se ejecuten las disposiciones constitucionales de los derechos de las mujeres a la tierra y la promoción de la igualdad de género, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Alianza es la representante local de Deliver For Good, una campaña global que aplica una perspectiva transversal de género a los 17 ODS y que está impulsada por la organización internacional Women Deliver, que defiende los derechos de las mujeres en el mundo.
Odenda Lumumba, activista por los derechos a la tierra y fundadora de KLA, explica que los datos sobre la propiedad de la tierra apuntan a que persisten grandes disparidades de género, en especial por la intrincada relación entre los sistemas de tenencia de la tierra, los medios de vida y la pobreza.
«Hay muy poco avance hacia que las mujeres kenianas sean propietarias de tierras. Hay muchos obstáculos que superar para ello», dijo Lumumba a IPS.
La KLA realizó una auditoría de la propiedad de la tierra en que analizó aproximadamente un tercio de los 3,2 millones de títulos de propiedad registrados en el país entre 2013 y 2017, el mayor número de títulos de propiedad emitidos en cualquier periodo.
En ella se descubrió que solo 103 043 títulos, 10,3 por ciento del total de los emitidos, se concedieron a mujeres, mientras que 865 095, o 86,5 por ciento, se entregaron a varones.
Hay más disparidades en términos del tamaño de la tierra. De los 10 millones 129 704 hectáreas que fueron registradas durante ese periodo de cinco años, nada menos que 97,76 fueron tituladas para varones y solo 1,67 para mujeres.
En 2018, la división el país de la Federación Internacional de Mujeres Abogadas (Fida) introdujo un reclamo ante el Tribunal Superior de Kenia, argumentando que la Sección 7 de la Ley de Propiedad Matrimonial era discriminatoria hacia las mujeres e inconsistente y contraria con el artículo 45 de la Constitución.
El máximo tribunal del país desestimó la querella, descartando una distribución equitativa de los bienes conyugales, ya que «abriría la puerta para que una parte se case y salga de ella en caso de divorcio con más de lo que se merece».
Dentro de este contexto, menos del cinco por ciento de todos los títulos de propiedad de tierras en Kenia están en manos de mujeres, que además están en desventaja en la forma en que usan, poseen, administran y disponen de esa tierra, asegura Fida-Kenia.
Pero los especialistas en temas de género alertan sobre el creciente número de hogares que tienen al frente a una mujer, 32 por ciento del total de 11 millones según datos oficiales, y consideran que esa nueva realidad hace cada vez más urgente garantizar los derechos de las mujeres a la tierra.
«La Ley de Propiedad Matrimonial les da a las mujeres la capacidad de registrar sus propiedades, pero la mayoría de las mujeres no perciben lo importante que es esto, así que más tarde tienen que luchar por acceder a la propiedad, porque se cuidaron de estar registradas como propietarias, dijo a IPS la abogada Janer Anyango, asesora legal del Programa de Acceso a la Justicia de Fida-Kenia.
Fida-Kenia ofrece desde hace 34 años asistencia legal gratuita a al menos tres millones de mujeres y niños. También es otra organización socia de Women Deliver en Kenia.
Anyango dice que en la ley «el significado de ‘contribución’ se amplió para incluir contribuciones no monetarias, pero es difícil cuantificar la contribución en ausencia de pruebas tangibles. En la demanda de 2016, cuestionamos el hecho de que la ley atribuye pasivos por igual dentro del matrimonio, pero no hace lo mismo con los activos».
En 2016, FIDA-Kenia demandó también a la oficina del Fiscal General por no actuar en el tema de las medidas de discriminación contra la mujer, aunque tiene el mandato de hacerlo.
Además de la Ley de Propiedad Matrimonial, las leyes como la de Sucesión buscan respaldar a los conyugues sobrevivientes, hombres y mujeres, pero siguen sesgadas a favor de los varones, ya que las viudas pierden su «interés vitalicio» en la propiedad si se vuelven a casar, por citar un ejemplo.
Otro es que donde no existe un conyugue o hijos sobrevivientes, el padre de la persona fallecida tiene prioridad en heredar sobre la madre.
Women Deliver reconoce que a nivel mundial las mujeres y las niñas tienen un acceso desigual a la tenencia de la tierra y a los derechos sobre la tierra, creando un negativo efecto dominó sobre el desarrollo y el progreso económico de toda la población.
«Cuando las mujeres tienen derechos garantizados sobre la tierra, sus ganancias pueden aumentar significativamente, mejorando sus habilidades para abrir cuentas bancarias, ahorrar dinero, obtener créditos y realizar inversiones para su beneficio, el de sus familias y sus comunidades”, aseguró a IPS la directora gerente de Política y Abogacía de Women Deliver, Susan Papp.
Ella subraya que aplicar una mirada de género para acceder «a los recursos es crucial para impulsar el progreso para y con todos durante la pandemia de la covid-19, durante la cual el mundo sigue trabajando en alcanzar los ODS”.
Y a pesar de que los servicios vinculados a los temas matrimoniales han sido suspendidos por la pandemia en la Fiscalía General y en el registro de tierras, las mujeres como Njeri continúan su lucha por que se reconozcan sus derechos legítimos.
Ed: EG
