Los desplazamientos forzados de personas en América Central, impulsados por la violencia de pandillas que actúan sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala, se agravaron con los confinamientos debidos a la pandemia covid-19.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que hasta 2019 la violencia había obligado a unas 720 000 personas a abandonar sus hogares, la mitad de ellas desplazadas dentro de sus países y 247 000 solo en Honduras.
Este año, en un contexto de cuarentena, “los grupos delictivos utilizan los encierros para reforzar su control sobre las comunidades”, según testimonios de desplazados y líderes comunitarios recogidos por Acnur.
Entre los atropellos usados por las pandillas están la extorsión, el tráfico de drogas y la violencia sexual y de género, así como el uso de desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas de muerte contra las personas que no cumplan sus órdenes.
Acnur mostró el caso de Mariana (nombre ficticio, para proteger su identidad), una madre de 42 años que se enfrentó tres veces a pandilleros en su comunidad garífuna, de afrodescendientes asentados en Honduras principalmente en la costa caribeña.
El jefe de la pandilla que llegó a la comunidad se fijó en la casa de Mariana, que vio como estratégica para la distribución de drogas, y también en su hija adolescente, intentando secuestrarla cuando la colegiala rechazó los regalos del delincuente.
“La primera vez se rieron con sorna, la segunda nos amenazaron de muerte, y la tercera casi nos cuesta la vida. No aguantaron que los desafiara una mujer negra y pobre como yo”, según relató.
Un día atacaron a su otro hijo adolescente, le dispararon y le hirieron en una pierna. Entonces Mariana sencillamente huyó con sus hijos y dejó atrás lo que fue su vida junto al mar, matas de mango y cocoteros. La casa que heredó de su madre los pandilleros la tomaron como guarida.
En un país pequeño como Honduras, con las pandillas extendiéndose, muchas personas desplazadas siguen siendo vulnerables a sus perseguidores incluso después de desarraigarse de sus comunidades”, recordó un informe de Acnur.
Las restricciones a la circulación impuestas en el marco de la covid-19 dificultan obtener ayuda y protección a quienes la necesitan, y las personas que se ven obligadas a huir para salvar sus vidas se enfrentan así a mayores obstáculos.
Otro factor de riesgo es que con el cierre progresivo de los negocios desaparecen los empleos informales, una situación que provoca que los habitantes de comunidades vulnerables pierdan sus únicas fuentes de ingresos.
Muchas de esas personas tienen acceso limitado a servicios básicos como la atención sanitaria y el agua corriente y, frente a esas complicadas circunstancias, recurren cada vez más a estrategias negativas, incluido el trabajo sexual, arriesgando su salud o exponiéndose a la violencia y la explotación de las bandas de delincuentes.
Acnur y líderes comunitarios prevén que un levantamiento de la cuarentena, aún parcial y progresivo, provocará movimientos rápidos de personas que están en condición vulnerable ante la violencia y preparan mecanismos y espacio de albergue para los casos de alto riesgo.
También, la agencia dijo que amplía sus programas de asistencia en efectivo para ayudar a las familias desplazadas en la adquisición de alimentos, artículos de higiene, medicamentos y vivienda.
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