La morosidad en el cumplimiento del mandato de jefes de Estado y de gobierno en eliminar las subvenciones a la pesca perjudiciales al ambiente sume en la incertidumbre a la Organización Mundial del Comercio (OMC), paralizada también por el impacto de la pandemia de covid-19.
En diciembre de 2019 vencieron todos los términos que la Conferencia Ministerial de la OMC había fijado, dos años antes, para mantener topes a los beneficios que los Estados conceden a la industria pesquera y que favorecen la pesca excesiva.
Previamente, el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales habían ya establecido el más perentorio de los plazos al determinar que “De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca…”.
Desde entonces los progresos de los 164 países miembros de la OMC han sido magros.
El presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas, Santiago Wills, embajador de Colombia, admitió el 19 de marzo que aún no estaba en condiciones de presentar un borrador consolidado del texto.
Esa condición de “consolidado” la adquiere cuando el texto se ocupa de todas las cuestiones en debate aunque encierra entre corchetes las versiones sobre las que se mantienen posiciones contrapuestas.
En esa fecha ya regían las restricciones impuestas por la OMC a causa de la propagación del coronavirus por esta ciudad suiza donde tiene su sede el organismo.
El director general de la institución, el brasileño Roberto Azevêdo, limitó el acceso a la sede y suspendió todas las reuniones hasta fines de abril.
A pesar de esas dificultades, Willis ha anunciado su disposición a preparar ese texto básico que debería contener sus propuestas para los tres pilares de las negociaciones.
Estos son: 1) la sobrecapacidad y la sobrepesca; 2) las prohibiciones de las subvenciones a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y 3) las subvenciones a la pesca de poblaciones sobreexplotadas.
Como etapa previa, Willis propone que durante el período del 26 de marzo al 6 de abril los miembros aporten comentarios o soliciten aclaraciones sobre las últimas iniciativas presentadas al Grupo de Negociaciones de Normas.
La Secretaría de la OMC se encargaría luego de compilar ese material y distribuirlo a los Estados miembros. Todo este intercambio se realizaría por correo electrónico.
De prosperar ese procedimiento y en caso de un acuerdo, el eventual documento tendría que se aprobado por el Consejo General de la OMC, la máxima autoridad durante los recesos de las conferencias ministeriales.
Por el momento la institución y las representaciones de los Estados miembros en Ginebra carecen de los recursos técnicos para sostener una sesión virtual del Consejo. Pero esa dificultad puede ser resuelta en breve tiempo, estimaron fuentes cercanas al organismo.
Superado ese inconveniente para la sesión virtual del Consejo General, el mismo método podría emplearse para convocar a la frustrada 12 Conferencia Ministerial de la OMC que debía reunirse del 8 al 11 de junio en Nur-Sultán, capital de Kazajistán, pero que el gobierno de esa nación asiática canceló a causa de la pandemia de covid-19, según anunció Azevêdo el 12 de marzo.
El director general de la OMC comunicó en su momento que, en coordinación con el presidente del Consejo General, David Walker, embajador de Nueva Zelanda, evaluará una solución que propondrá a los Estados miembros.
El desmantelamiento de las subvenciones a la pesca forma parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, adoptada en una cumbre de la ONU en septiembre de 2015, y que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.
Gran parte de las 169 metas que se incluyen dentro de los ODS tienen plazo para su cumplimiento el año 2025 o el mismo 2030. Pero las subvenciones a la pesca tendrían que haber regido desde el 1 de enero de 2020, según se establece en la meta 4 del ODS 14, el que se ocupa de la vida submarina.
De hecho, el tema de las subvenciones a la pesca fue introducido a las negociaciones de la OMC en noviembre de 2001, durante la Cuarta Conferencia Ministerial de la organización, celebrada en Doha.
La iniciativa fue impulsada por el denominado Grupo de Amigos de los Peces, que integran Australia, Chile, Estados Unidos y Nueva Zelanda, que alegaron que la sobrepesca y la sobrecapacidad de las flotas son consecuencia de diferentes programas de subvenciones y fatalmente conducen a la sobreexplotación de los recursos pesqueros.
Otro grupo, en el que figuraban Argentina, Brasil, China e India, más el grueso de los demás países del Sur global, compartían el reclamo del Grupo de Amigos de los Peces contra las subvenciones, aunque demandaban ciertas excepciones en mérito a su condición de naciones en desarrollo.
Esa diferenciación se ahondó en estos días con el debate sobre el trato especial y diferenciado expandido a toda la OMC bajo la presión de Estados Unidos, la Unión Europea y otros que proponen reducir ese beneficio solo al grupo de los países menos adelantados.
Argentina y Brasil han variado sus posiciones en este tema según los cambios de tendencia de sus gobiernos.
Un tercer grupo, integrado por Corea del Sur, Japón, Noruega, el territorio aduanero de Taipei Chino y la Unión Europea, sostuvo que no todas las subvenciones pesqueras ocasionan sobrepesca y sobrecapacidad.
La Unión Europea ha anunciado planes para subvencionar la ampliación y modernización de la flota que opera bajo banderas de algunos de sus 27 miembros.
Pero prácticamente desde su lanzamiento, las negociaciones estuvieron paralizadas y solo tras el llamado de la Cumbre para la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2015 comenzaron a desperezarse, aunque sin mayor ahínco.
La 11 Conferencia Ministerial de la OMC, realizada en Buenos Aires, en diciembre de 2017, hizo notar la premura por concluir las negociaciones antes del 2020. A partir de ahí las actividades adquirieron otro ritmo, pero la redacción del texto tampoco avanzó.
Las negociaciones constituyen una rara avis para la OMC.
En sentido estricto son una cuestión comercial porque las subvenciones pueden desequilibrar los mercados mundiales de pescado, mariscos y derivados. Pero también y con supremacía pertenecen al área del ambiente.
La desaparición o disminución de los subsidios puede reducir de manera significativa toda clase de contaminación marina que tiene efectos desastrosos en el conjunto de la vida del planeta.
Resta un ángulo social. La pesca es un sustento ancestral para poblaciones de los países en desarrollo, en particular los asiáticos. China e India defienden a sus millones de pescadores artesanales que reciben escasas ayudas estatales.
El sector pesquero de Europa emplea a casi 450 000 personas, mientras que en Asia esa fuerza de trabajo suma más de 50 millones.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) divide a los países que subvencionan la pesca en dos sectores, dependiendo de su pertenencia a los grupos con índice de desarrollo humano alto o bajo.
En la primera categoría, según datos de 2018, figura a la cabeza China, con 7261 millones de dólares. Le sigue con 3803 millones la Unión Europea en su conjunto, aunque luego aparecen sus miembros separados.
A continuación aparecen Estados Unidos, con 3429 millones; Corea del Sur, 3185; Japón, 2860; Rusia, 1512; Tailandia, 1149; Canadá, 853; Noruega, 846; España, 844, y el territorio aduanero de Taipei Chino, con 787 millones.
En el grupo de países con índice de desarrollo humano bajo aparece a la cabeza Indonesia, con subvenciones por 936 millones de dólares, seguido por Vietnam, con 590; Marruecos, 297; Senegal, 296; India, 277; Pakistán, 210; Filipinas, 187; Yemen, 174; Bangladesh, 161, y Ghana, con 147 millones de dólares.
E: EG
