Las países en desarrollo pueden perder ingresos de hasta 220 000 millones de dólares por la actual crisis global, advirtió el PNUD en un nuevo pedido de acción para contener las consecuencias de la pandemia covid-19.
“Esta pandemia es una crisis de salud, pero no solo de salud. En vastas zonas del mundo, covid-19 dejará cicatrices profundas, una crisis social en los meses y años venideros», señaló este lunes 30 Achim Steiner, administrador del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
Para el secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Mukhisa Kituvi, “hay indicaciones claras de que los países en desarrollo empeorarán mucho más antes de poder iniciar una recuperación”.
Las monedas de los países en desarrollo se han depreciado entre cinco y 25 por ciento en lo que va de año, y los precios de las materias primas, de cuya exportación depende gran parte del Sur, se han desplomado, 37 por ciento en promedio, desde el inicio de la actual crisis en diciembre de 2019.
La crisis impactará más sobre 55 por ciento de la población mundial, que no tiene protección social, afectando la educación, los derechos humanos y, en los casos más graves, la nutrición y la seguridad alimentaria básica, según Steiner.
En África, por ejemplo, podrían perderse la mitad de los empleos, observó.
Al progresar el virus “es probable que los hospitales con recursos insuficientes y los sistemas de salud frágiles se vean abrumados. Esto puede verse exacerbado por un aumento en los casos, ya que hasta el 75 por ciento de las personas en los países menos adelantados carecen de acceso al agua y al jabón”, dijo Steiner.
El impacto puede aumentar por condiciones sociales preexistentes, como la planificación urbana deficiente, la sobrepoblación en algunas ciudades, débiles servicios de eliminación de residuos e incluso la congestión del tráfico.
Para Steiner “sin el apoyo de la comunidad internacional corremos el riesgo de una reversión masiva de los logros obtenidos en las últimas dos décadas, y una generación entera perdida, si no en vidas, en derechos, oportunidades y dignidad».
En su “llamado a la acción de la comunidad internacional”, el PNUD identificó tres áreas prioritarias para dirigir los recursos: ayudar a detener la propagación del virus, responder durante el brote, y prevenir el colapso económico de los países en desarrollo.
Kituvi se refirió a la crisis como “un tsunami” y dijo que para encararla en los países en desarrollo -138 naciones de ingresos bajos y medios, según el Banco Mundial- la comunidad internacional debería movilizar 2,5 billones (millones de millones) de dólares.
De esa suma, un billón de dólares debería inyectarse a las economías de los países que quedan más rezagados con la actual crisis, mediante derechos especiales de retiro de recursos desde el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Otro billón de dólares en financiamiento implicaría “parar inmediatamente los pagos de las deudas nacionales de los países más afectados, y condonarles una porción significativa de estos compromisos”, según la Unctad.
“El punto de referencia para esta medida podría ser la condonación de la deuda alemana después de la Segunda Guerra Mundial, que canceló la mitad de su compromiso”, dijo Kituvi.
Otros 500 000 millones de dólares actuarían como una especie de Plan Marshall (que apuntaló la recuperación económica europea tras la Segunda Guerra Mundial) para emplearlos en servicios de salud y asistenciales relacionados con la crisis.
Kituvi agregó que deben establecerse políticas de control para restringir el auge en las salidas d capitales, y reducir la falta de liquidez debida a liquidaciones de empresas en los mercados en desarrollo.
Solo hasta el 23 de marzo, los inversionistas habían retirado de las economías emergentes 83 000 millones de dólares, la mayor fuga de capitales de que se tenga memoria, según el FMI.
El paquete propuesto, recordó la Unctad, equivale a lo que se hubiese desembolsado en los últimos 10 años como ayuda al desarrollo si los países más industrializados hubiesen cumplido el compromiso de asignar a ese renglón 0,7 por ciento de su producto interno bruto.
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