En ciudades como Nogales, en el norte de México, sus habitantes necesitan aire acondicionado o calefacción para sortear las temperaturas muy altas o muy bajas, una situación que se repite en otros países de América Latina.
“Mi tierra es de climas extremos, o mucho calor o mucho frío. Entonces, necesitas calefacción o aire acondicionado. Todos los comercios están climatizados. En el auto también lo necesitas. Si hace mucho calor, el aire acondicionado se enciende todo el tiempo”, relató a IPS en Ciudad de México la panadera Adriana Chavarín, originaria de Nogales, en el estado de Sonora.
Chavarín señaló que el uso de esos equipos puede representar una carga económica para sus usuarios, aunque la tarifa eléctrica esté subsidiada, además de la inversión en mantenimiento.
Debido a que esas temperaturas se extreman y agudizan por la crisis climática, especialmente en el norte de México, en los últimos años la población local depende de esos aparatos en el verano o invierno boreales.
Los aparatos de enfriamiento y calefacción emiten gases hidroflurocarbonados (HFC), considerados gases de efecto invernadero (GEI) y que pueden perdurar cientos de años en la atmósfera.
Aunque América Latina y el Caribe no es una gran generadora de HFC, la región enfrenta desafíos para su reducción y poder así contribuir con la lucha contra la emergencia climática.
Los HFC se utilizan en la refrigeración residencial, comercial e industrial, así como en el acondicionamiento hogareño, de negocios, equipos de protección contra incendios y la fabricación de espumas de aislamiento.
Esos gases son la secuela del éxito ambiental de la lucha contra sus primos hermanos, los cloroflurocarbonados (CFC) y los hidrocloroflurocarbonados (HCFC), sustancias consideradas responsables de agotar la capa de ozono del ahora reducido agujero en la capa de ozono y a los cuales sustituyeron.
Firmado en 1987 y vigente desde 1989, el Protocolo de Montreal integra el Protocolo de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, con el que se logró que esa franja de la estratósfera terrestre, que se extiende de los 15 a los 50 kilómetros de altitud y que filtra los rayos ultravioleta, se haya recuperado casi en su totalidad.
En los años 70 un grupo de científicos descubrió el impacto de los CFC y los HCFC sobre la capa de ozono y su debilitamiento, por lo cual el Protocolo de Montreal determinó su desaparición progresiva.
Instrumento contra los HCF
La Enmienda de Kigali (EK), suscrita en esa ciudad de Ruanda en 2016 y que entró en vigor en enero de 2019, se dirige al achicamiento del consumo y producción de HFC, lo cual podría evitar un aumento de 0,5 grados centígrados en la temperatura del planeta para finales de siglo, y que complementa el alcance del Protocolo de Montreal.
El acuerdo, al que no pertenecen Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y la mayor parte del Caribe, abarca 18 sustancias que pueden ser sustituidas mediante el uso de tecnologías aprobadas por los Estados parte del instrumento.
La Enmienda estipula un cronograma por el cual los países industriales debían limitar su producción y consumo de HFC en 10 por ciento a finales de 2019 en relación a los niveles de 2011-2013 y en 85 por ciento antes de 2036.
Mientras, las naciones en desarrollo como las latinoamericanas y China –el mayor productor global de HFC– deben congelar su consumo en 2024 y contraerlo en 10 por ciento en 2029, hasta llegar a una caída de 80 por ciento en 2045. Desde 2033, los signatarios de la EK no comerciarán las sustancias con quienes no participen en ella.
Asimismo, la EK alude al fortalecimiento institucional, la concesión de licencias y cupos de importación y exportación de los gases, la presentación de informes nacionales, proyectos de investigación y la elaboración de estrategias nacionales para la reducción de los HFC mediante el apoyo del Fondo Multilateral, constituido por el Protocolo de Montreal para ofrecer cooperación financiera y técnica.
María Alejandra González, especialista de mitigación sectorial del cambio climático del no gubernamental Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) en Colombia, resaltó la importancia de la contracción de emanaciones de HFC como política de mitigación de la emergencia climática.
“Cada gas tiene un gran potencial de calentamiento global. Al ser un terreno acotado, se pueden hacer intervenciones muy específicas, como la sustitución por equipos eficientes. Es una contribución bastante importante, en la cual un componente adicional es la eficiencia energética», explicó a IPS desde Bogotá.
La especialista subrayó, además, que «en la medida en que se sientan los efectos climáticos, este tema cobra más relevancia”.
Como en otros países de la región, el uso de refrigeración y aire acondicionado va en aumento en Colombia, especialmente en sus regiones del norte y en urbes como Bogotá, por las variaciones de temperatura.
En junio de 2019, el legislativo Congreso colombiano aprobó la ley de ratificación de la EK, que pasó a la Corte Constitucional para su validación, tras lo cual recibirá la sanción del Poder Ejecutivo.
Mediante la eliminación de HFC, Colombia evitaría el lanzamiento a la atmósfera de 9,4 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente a 2030, casi una quinta parte de las voluntarias contribuciones nacionales asumidas por el país dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático.
De todos los GEI, el CO2 generado por las actividades humanas es el mayor responsable del recalentamiento planetario y por ello la medición internacional de todos estos gases invernadero se hacen en el equivalente de CO2.
Situación latinoamericana
En la región, Chile ha sido pionero en el combate a los HFC, que ha incorporado a su Plan de Gestión para la Eliminación de los Hidroclorofluorocarbonos. Ese papel de vanguardia obedece a que Chile es uno de los países considerados más directamente afectados por el agujero en la capa de ozono.
No obstante, entre 2008 y 2012, el consumo del país sudamericano de HFC mostró una tendencia alcista, hasta totalizar 915386 kilogramos en ese año, importados mayoritariamente de China y Estados Unidos, según el inventario de 2014.
El uso se concentra en la refrigeración comercial, industrial, transporte refrigerado, aire acondicionado residencial, comercial, informático, automotriz, solventes y aerosoles.
En México, el consumo anual de HFC trepó de 12,75 millones de toneladas equivalente de CO2 a 49,43 entre 2007 y 2017, con una contribución de 1,8 por ciento de las emisiones contaminantes, según la “Hoja de ruta para implementar la Enmienda de Kigali en México” de mayo pasado.
El país, el tercer exportador mundial de sistemas de aire acondicionado, consume más gases en aire acondicionado estacionario, automotriz, refrigeración doméstica y comercial.
Finalmente, Brasil emanó 36 millones 799453 toneladas de CO2 equivalente en 2018, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
En su reporte de 2018 “El futuro del aire acondicionado”, la Agencia Internacional de Energía, que agrupa a los grandes consumidores del sector basada en París, previó el incremento acentuado de esa tecnología para 2050 y alertó de la compra de equipos residenciales ineficientes, con efectos ambientales y sobre el consumo de electricidad.
Si bien Chile, Colombia y México han introducido etiquetas de eficiencia energética en aparatos y procesos de sustitución tecnológica, enfrentan una ruta larga para reemplazar los HFC.
Para 2020, Chile proyecta un consumo de 2,62 millones de kilos, “que representa un reto significativo por su impacto climático”, según el diagnóstico, mientras México, si no adopta medidas de restricción, alcanzaría un uso de 110 millones de toneladas de CO2 en 2045.
Como ocurrió con los CFC y los HCFC, la clave frente a los HFC es la introducción de sustitutos y de aparatos más eficientes y avanzados, como las tres naciones citadas ya practican, aunque no a escala masiva, como lo demanda el contexto actual.
Ninguno de los dos países han realizado un cálculo sobre el costo de las medidas previstas para contener el uso de Ambas naciones no han calculado el costo de la ejecución de las medidas previstas.
La panadera Chavarín resaltó la frecuencia del mantenimiento de los aparatos y el impacto de las tarifas eléctricas. “Una solución puede ser tener equipos más eficientes y a precios más accesibles”, planteó.
González enfatizó en que quienes queden fuera de la EK no podrán acceder al Fondo Multilateral y en la necesidad de alinear políticas ambientales y energéticas.
“Mediante la reconversión tecnológica se hace una transición más programada. Es importante transformar la industria nacional y que compita con estándares nacionales y con los equipos importados. Falta también armonización entre las políticas de eficiencia energética y los planes de reducción de emisiones, pero ya empieza a resolverse”, sostuvo.
Edición: Estrella Gutiérrez
