En América Latina y el Caribe los pueblos originarios constituyen más de 8,5% de la población, la proporción más elevada de todas las regiones del mundo, pero también son los que tienen a la mayor proporción de personas en situación de pobreza extrema, revela un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El documento publicado este lunes 3 sobre la Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales 169 de la OIT afirma que los datos de nueve países latinoamericanos indican que los pueblos indígenas comprenden a cerca de 30% de las personas viven en pobreza extrema.
El promedio mundial de poblaciones indígenas en esa situación es de 19%.
Comparativamente, esa cifra significa que los pueblos autóctonos de América Latina son tres veces más proclives a padecer ese flagelo que otros grupos de población.
Las mujeres indígenas padecen más
El estudio señala también que en la región, la pobreza extrema está asociada al género y a la población originaria y que, como resultado, el 7% de las mujeres indígenas vive con menos de 1,90 dólares diarios. De acuerdo con la OIT, las mujeres indígenas dependen desproporcionadamente de un empleo informal y que más de 85% de ellas solo consigue trabajo en la economía informal.
Además, los pueblos indígenas tienen pocas oportunidades de conseguir un empleo de calidad y tienen un 31,5% más de probabilidades de trabajar en la economía informal que los trabajadores no indígenas, lo que supone la mayor brecha de informalidad en todas las regiones.
El documento destaca que el salario de las personas indígenas con empleo remunerado está 31% por debajo del de otros trabajadores, la mayor brecha salarial de las personas indígenas en el mundo.
El informe sostiene que uno de los principales problemas de los pueblos indígenas es la desigualdad que enfrentan en materia de educación, con casi 32% de los adultos que trabajan sin ningún tipo de estudios, un número que contrasta con el 13% de adultos no indígenas que no tienen formación alguna.
Pocos avances en 30 años
La OIT deplora que 30 años después de adoptado el Convenio Internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, éstos sigan siendo más proclives a la pobreza y a afrontar obstáculos en la esfera laboral, y advierte de la imperiosa necesidad de solucionar el gran flagelo que sufren esos colectivos. Sin embargo aclara que sólo el 15% de esas poblaciones vive en países cubiertos por ese pacto.
“Muy poco se ha avanzado en la mejora de la vida de los pueblos indígenas”, dijo Martin Oelz, especialista de la Organización y coautor del informe. “Sería conveniente lograr más ratificaciones del Convenio número 169, y adoptar medidas de cara a su aplicación efectiva. Para que las políticas públicas atiendan a las necesidades de los pueblos indígenas y reflejen sus aspiraciones, es imprescindible resolver la ausencia generalizada de marcos institucionales y jurídicos que propicien su participación en la adopción de decisiones.”
Contradicciones
La población indígena mundial es de más de 476 millones de personas y, al contrario de lo que sus condiciones harían pensar, 80% de ellas vive en países de renta media.
El estudio subraya que en la actualidad la subsistencia y actividades económicas de muchos pueblos indígenas se han transformado y que alrededor del 45% de los trabajadores indígenas están fuera del sector agrícola.
Otra conclusión es que, pese a su predominancia entre los pobres, a nivel mundial, los pueblos indígenas tienen una tasa de participación laboral superior a la de sus contrapartes no indígenas (el 63,3%, frente al 59,1%). Sin embargo, estos números muestran diferencias sustanciales en cuanto a la calidad del trabajo. A menudo, los pueblos indígenas sufren malas condiciones de empleo y discriminación.
En comparación con el 66% de los pueblos no indígenas, más del 86% de los pueblos originarios trabaja en la economía informal, lo cual suele asociarse con malas condiciones y falta de protección social.
Para avanzar y revertir esta realidad es fundamental que se ratifique y aplique el Convenio de la OIT 169, sobre todo para establecer y mejorar las instituciones y los marcos jurídicos de manera que favorezcan tanto la celebración de consultas como la participación de los pueblos indígenas, concluye el informe.
Este artículo fue publicado originalmente por Noticias ONU.
RV: EG
