A medida que Occidente cuestiona las políticas de austeridad, se están convirtiendo en la nueva normalidad para el resto del mundo, arriesgando el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Después de años de austeridad, varios países de la Eurozona están considerando políticas fiscales expansivas. En Gran Bretaña, el gasto del gobierno volverá a los niveles vistos por última vez en la década de 1970. Sin embargo, la austeridad se expande en otras partes del mundo, incluso en muchos de los países más pobres.
Desde 2010, los gobiernos de todo el mundo han estado recortando el gasto público. Un nuevo informe muestra que alrededor de 75 por ciento de la población mundial, o 5,8 mil millones de personas, estará en países sometidos a la austeridad en el año 2021.
Esta nueva ola de austeridad comenzará el próximo año y afectará a 130 países, la mayoría de los cuales se encuentran en el mundo en desarrollo.
Se estima que 69 países sufrirán una «contracción excesiva», reduciendo el gasto por debajo de los niveles alcanzados antes de la crisis financiera mundial de 2007. La lista incluye países con urgentes necesidades humanas y de desarrollo, como Burundi, Eritrea, Irak, la República de Congo, Yemen y Yibuti.
En vez de invertir en una recuperación sólida u generar prosperidad para los ciudadanos, los gobiernos están recortando las pensiones, los salarios del sector público (incluidos los de los maestros y personal de salud), la asistencia social y la protección de los trabajadores.
Las consecuencias sociales de las políticas de austeridad son dolorosamente claras. Como resultado, millones de personas serán empujadas a la pobreza, incluyendo ancianos, discapacitados, mujeres y niños.
En el mundo en desarrollo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aconseja a los gobiernos que adopten reformas de austeridad como parte de sus misiones regulares de supervisión o cuando los países aceptan programas de ajuste estructural para conseguir un préstamo.
Si bien el FMI afirma proteger el gasto social en estos programas, investigaciones y estudios de rigor científico demuestran lo contrario.
Las reformas propulsadas por el FMI han resultado en recortes en el gasto público en educación y salud (pdf), aumento de la desigualdad (pdf), reducciones en los derechos laborales (pdf), disminución del acceso a la atención médica y un aumento de la mortalidad neonatal en los países en desarrollo.
Más allá de estos efectos directos sobre la protección social, existe otro problema menos conocido. Al reducir los funcionarios públicos calificados, las recetas de austeridad del FMI han socavado la capacidad administrativa de los gobiernos en los países en desarrollo.
Evidencias recientes muestran que las reformas fiscales impuestas por el FMI no resultan en mayores ingresos para estos países (pdf), simplemente reorganizan de dónde provienen los ingresos, con más de impuestos regresivos de bienes y servicios, y menos de otras fuentes. Esto representa una transferencia de dinero de las clases más pobres, con menores ingresos.
Las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial, recientemente completadas, presentaron la oportunidad de evaluar las consecuencias perjudiciales de la austeridad.
A raíz de las protestas generalizadas en los programas del FMI en Argentina y Ecuador, hay una urgente necesidad de acordar alternativas. Se esperaban liderazgo intelectual y compromisos concretos, sin embargo, lo que se obtuvo fueron solo declaraciones abstractas sobre la necesidad de fortalecer el gasto social, pero priorizando el ajuste fiscal primero.
La austeridad no necesita ser la «nueva normalidad». Una de las conclusiones más inquietantes después de la última década de austeridad es que estos recortes presupuestarios nunca fueron realmente necesarios. Los gobiernos podrían, y deberían, haber seguido políticas alternativas. Esto habría traído prosperidad a los ciudadanos y evitado la actual ola de protestas y descontento social.
Los gobiernos pueden crear espacio fiscal y recursos hasta en los países más pobres. Los servicios públicos y la inversión pueden financiarse mediante impuestos progresivos, acabando con los flujos financieros ilícitos, con una mejor gestión de la deuda, con marcos macroeconómicos más acomodaticios y, en el caso de los países más pobres, intentando obtener más ayuda al desarrollo.[related_articles]
Por ejemplo, más de 60 países han renegociado la deuda soberana en los últimos años, lo que permite a los gobiernos gastar menos en el servicio de la deuda y más en el gasto publico necesario para el desarrollo.
Estas estrategias para aumentar el financiamiento son consistentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados por 193 países en septiembre de 2015 en las Naciones Unidas, con compromisos específicos para la educación, la salud y la protección social universal.
Cumplir estos objetivos de desarrollo acordados internacionalmente significa terminar con las políticas perjudiciales de austeridad de la última década. Lo que es más importante, implica reconocer que la austeridad es una catástrofe evitable.
Isabel Ortiz, exdirectora de la Organización Internacional del Trabajo y de Unicef, es directora del Programa Global de Justicia Social en la Iniciativa para el Diálogo, Universidad de Columbia.
Thomas Stubbs es profesor titular de relaciones internacionales en Royal Holloway, Universidad de Londres, e investigador asociado en economía política en el Centro de Investigación Empresarial de la Universidad de Cambridge.
RV: EG
