Ante los 17 magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Aung San Suu Kyi, la lideresa civil de facto de Myanmar (Birmania), hizo una apología del régimen militar de su país, que ha sido acusado de genocidio y de forzar a 730 000 miembros de la minoría musulmana rohinyá a huir a la vecina Bangladesh.
Suu Kyi perdió cualquier remanente de su antigua gloria al defender precisamente ella a la junta militar contra la que luchó por décadas, lo que la hizo merecedora del Premio Nobel de la Paz 1991, junto con la campaña a favor de la democracia birmana con la que recorrió medio mundo.
La pregunta es si su aparición en la audiencia de la CIJ en La Haya tuvo detrás el propósito de incrementar su popularidad interna dentro de un camino meticulosamente trazado para su reelección en 2020, esta vez abusando de las solemnes salas de justicia en La Haya.
Simon Adams, director ejecutivo del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, dijo a IPS que “este caso marca la caída final e innoble de Aung San Suu Kyi, ganadora del premio Nobel de la Paz al negar del genocidio y defender al ejército homicida de Myanmar».
Ese hundimiento indigno, argumentó, es parte de su búsqueda del poder político birmano y representa un caso “verdaderamente histórico».
«La responsabilidad de Myanmar por el genocidio se está discutiendo frente a la Corte Internacional de Justicia y ante los ojos del mundo. Se debe felicitar a Gambia por tener la fortaleza de llevar este caso adelante cuando tantos Estados y superpotencias no lo hicieron», agregó.
Para Adams, cualquier otro signatario de la Convención sobre Genocidio pudo presentar el caso pero solo Gambia tuvo el coraje de hacerlo. Su demanda ante la máxima instancia jurídica de las Naciones Unidas trata de establecer la verdad histórica de la responsabilidad del Estado de Myanmar por el genocidio contra los rohinyás, con la brutal represión contra la minoría estallada en 2017.
La CIJ podría emitir medidas provisionales que realmente tengan un impacto dentro de Myanmar y que podrían aliviar la persecución de los rohinyás que todavía viven dentro del país.
Y simbólicamente, este caso de la CIJ es devastador para el ejército de Myanmar. El mundo entero está debatiendo sobre sus atrocidades y la sensación de impunidad con que se han manejado los militares birmanos hasta ahora se resquebraja, analizó Adams.
Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional, subrayó que en su comparecencia del miércoles 11, “Suu Kyi trató de minimizar la gravedad de los crímenes cometidos contra la población rohinyá, incluso de referirse a esos delitos por su nombre o reconocer la escalada de abusos. Se trata de negaciones deliberadas, engañosas y peligrosas».
El éxodo de más de tres cuartos de millón de personas de sus hogares y su país no fue más que el resultado de una campaña orquestada de asesinatos, violaciones y terror. Bequelin señaló que sugerir como hizo la cara civil del régimen birmano que el ejército “no distinguió con suficiente claridad” entre combatientes y civiles desafía la realidad.
«Del mismo modo, la sugerencia de que las autoridades de Myanmar puedan ellas mismas investigar y enjuiciar a los sospechosos de los crímenes cometidos bajo el derecho internacional y de forma independiente no es más que una fantasía, en particular en el caso de los principales agresores militares que han disfrutado de décadas de total impunidad», declaró.
Tawanda Hondora, director ejecutivo del Movimiento Federalista Mundial – Instituto de Política Global, la organización que coordina el trabajo de la Coalición para la Corte Penal Internacional (CCPI), criticó a IPS que para Suu Kyi, “dadas las circunstancias, la intención genocida no puede ser la única hipótesis”.
A su juicio, hay razones suficientes para que “la CIJ imponga una orden judicial contra Myanmar por las atrocidades bien documentadas que se han cometido en el país”.
A juicio de Hondora, la comunidad internacional “debe aplaudir a Gambia por presentar una demanda a fin de proteger a los rohinyás en Myanmar».
«La minoría rohinyá en Myanmar ha sufrido terriblemente a manos del régimen militar, pero a diferencia de Aung San Suu Kyi, no están en una posición de poder y han necesitado la buena voluntad de Gambia» para poder ejercer su derecho a justicia.
Hondora consideró que los gobernantes de los cinco miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas – China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia- deberían sentirse avergonzados de que haya tenido que ser un pequeño país africano, como Gambia, el que haya tenido que movilizarse a favor de los rohinyás por su inacción ante su persecución.
Su Movimiento ha pedido a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que asuma una posición colectiva contra los Estados y otros agresores que cometen crímenes que conmueven la conciencia humana.
«La Asamblea General debe impulsar reformas reales y efectivas del sistema de la ONU para que podamos concretar nuestra ambición colectiva como humanidad de que el mundo nunca más sufra atrocidades tan inimaginables», dijo.
Mientras tanto el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, con sede en Nueva York, adelantó en un comunicado que es esperable que la CIJ decida sobre las medidas provisionales solicitadas en unas pocas semanas.
De acuerdo con el Artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, los juicios de la CIJ son vinculantes y el Consejo de Seguridad puede adoptar medidas para garantizar su cumplimiento.
En ese sentido el Consejo de Seguridad debería tomar medidas para garantizar que se cumplan en forma expedita las medidas provisionales que decida la CIJ.
En su defensa del régimen birmano ante la Corte Internacional, Suu Kyi Ying sí reconoció el uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de un «conflicto armado interno», pero negó la intención genocida, recordó el Centro Global.
De manera reveladora, Suu Kyi no usó la palabra «rohinyá» ni una sola vez durante su media hora de declaración.
Los especialistas en derechos humanos argumentan que la negación oficial de Myanmar de la identidad rohinyá está indisolublemente ligada a su política de persecución, la negación de los derechos humanos universales y, en última instancia, a las acciones genocidas y de limpieza étnica que los militares perpetraron en el estado de Rakhine entre agosto y diciembre de 2017.
El 9 de diciembre, Canadá y los Países Bajos emitieron una declaración conjunta dando la bienvenida al caso a favor de justicia para los rohinyás ante la CIJ y manifestaron su «intención de explorar conjuntamente todas las opciones para apoyar y ayudar a Gambia en este esfuerzo».
Todas las demás partes de la Convención sobre Genocidio también deberían apoyar significativamente el caso a través de declaraciones públicas e intervenciones legales en la CIJ, sostiene el Centro Global.
La comunidad internacional no pudo evitar un genocidio en Myanmar, pero aún puede actuar para responsabilizar por ello a quienes perpetraron este crimen colectivo, sentencia el comunicado.
T: MF
