El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está prácticamente paralizado ante los cargos de genocidio contra el gobierno de Myanmar, donde entre 730 000 y un millón de musulmanes rohinyá fueron forzados a huir a la vecina Bangladesh por la ola represiva de los militares en su contra.
Un equipo de investigadores de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) concluyó incluso que la represión se llevó a cabo con «intención genocida».
Ante la parálisis en el Consejo, atribuida a dos de sus miembros con derecho a veto, China y Rusia, se iniciaron este mes en la Corte Penal Internacional (CPI) y en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) paralelos procesos que se espera que desemboquen en un juicio por las atrocidades de que fueron víctimas los rohinyás en Myanmar o Birmania.
El 14 de noviembre, los magistrados de la CPI decidieron abrir una investigación a gran escala sobre las denuncias de persecución masiva y crímenes de lesa humanidad contra la minoría musulmana, aunque Myanmar no es parte del Estatuto de Roma que estableció la CPI.
Param-Preet Singh, director asociado del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch (HWR), dijo a IPS que hay que tener en cuenta que “cualquier acción de la CPI sería contra acusados individuales, no contra el Estado».
«Si la pregunta es si Myanmar entregaría a los sospechosos para enfrentar la justicia en La Haya (sede de la CPI), en función de su posición actual con respecto a la CPI, sería fácil decir que las autoridades nunca cooperarían», puntualizó la especialista.
Pero lo mismo se dijo sobre Radovan Karadzic, Ratko Mladic y Slobodan Milosevic, que perdieron el poder en Serbia y terminaron en el banquillo de los acusados, por decisión de los tribunales de su país, en referencia a los líderes militares y políticos serbios durante la guerra de los Balcanes, que terminaron siendo entregados a la CPI.
«Por supuesto, fue un proceso largo y complejo para llevar a esos acusados ante el tribunal, y es exactamente por eso que es difícil especular sobre el éxito de cualquier esfuerzo de la CPI para que las personas rindan cuentas», planteó Singh.
Tawanda Hondora, director ejecutivo del Movimiento Federalista Mundial, dijo a IPS que «Myanmar niega que se haya producido un genocidio, pero ha hecho muy poco para prevenir y detener la persecución, deportación, desplazamiento forzado, asesinatos y torturas de la comunidad rohinyá, que pueden suponer genocidio».
«Esperamos que la CIJ reafirme el principio legal de que cualquier Estado Parte de la Convención sobre Genocidio tiene capacidad legal para demandar a otro Estado Parte, que no ha tomado medidas para prevenir y sancionar los actos de genocidio», indicó el activista.
«Una declaración de la CIJ de que Myanmar no ha sido capaz de prevenir y castigar a los responsables de estos actos atroces ayudará a abordar la difícil situación de la comunidad rohinyá”, añadió el directivo del Movimiento, que coordina la Coalición por la CPI, una red mundial de la sociedad civil de más de 2.500 organizaciones que busca ampliar las atribuciones de la Corte.
Este caso, señaló Hondora, es un llamado de atención para el Consejo de Seguridad, que continúa eludiendo su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales y hasta ahora no ha podido proteger a la comunidad rohinyá.
Tres días antes de la decisión del CPI, se introdujo ante la CIJ una acusación contra Myanmar por genocidio y asesinato, entre otros delitos, realizada por Gambia, en nombre de la Organización de Cooperación Islámica, que agrupa a 57 Estados de confesión musulmana.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, mostró su satisfacción con que los magistrados de la Corte “hayan acogido mi solicitud de abrir una investigación sobre la situación en la República Popular de Bangladesh/República de la Unión de Myanmar »
El mismo día 14, la fiscal destacó que los magistrados «aceptaron mi análisis de que hay una base razonable para creer que los actos coercitivos que podrían calificarse como crímenes contra la humanidad de deportación y persecución por motivos de etnia y/o religión pueden haber sido cometidos contra la población rohinyá».
Con esa decisión, se autorizó la apertura de una investigación formal, por delitos dentro de la jurisdicción de la Corte, cometidos presuntamente a partir del 1 de junio de 2010, al menos en parte en el territorio de Bangladesh, o en el territorio de otros Estados partes, como se fundamenta en la decisión
Este es un hecho significativo, ya que envía una señal muy positiva a las víctimas de crímenes atroces en Myanmar y en otros lugares, declaró la fiscal.
Tras una represión considerada sistemática, encabezada por los militares, con asesinatos generalizados, violencia sexual sistemática y quemas de pueblos enteros, casi 750 000 rohinyás huyeron del estado de Rakhine, en Myanmar, hacía la vecina Bangladesh, donde sobreviven en campamentos abarrotados de Bangladesh, según un comunicado de prensa de la CPI.
Sobre cuál sería el próximo paso si Myanmar se niega a cumplir con las decisiones de los dos tribunales de justicia internacionales, Singh, la especialista de HRW, dijo que “es importante discutir ambos casos como procedimientos, ya que las decisiones finales en ambos tribunales están muy lejos «.
Añadió que el hecho de que las presuntas atrocidades de Myanmar vayan a ser examinadas por dos tribunales internacionales, con miradas separadas pero complementarias sobre la responsabilidad de los Estados y de los individuos, desafía la actitud negacionista del gobierno de ese país, empeñado en ignorar lo que sucedió contra los rohinyás.
«Las acciones de Gambia y la fiscal de la CPI para encontrar una forma de justicia para los rohinyás contrasta drásticamente con el papel del Consejo de Seguridad de la ONU y pone aún más en evidencia su parálisis sobre la crisis en Myanmar».
Esa evidencia supone “un costo político creciente por su negativa a cumplir con su responsabilidad de abordar las preocupaciones sobre la paz y la seguridad internacionales en la región», señaló la experta de la organización humanitaria, con sede en Washington.
El día 14, el portavoz de la Secretaria General de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que no le correspondía a esa instancia comentar procedimientos de estamentos judiciales del sistema de la propia ONU, aunque subrayó que el secretario general, António Guterres, ha sido contundente en abordar la crisis de los rohinyás y que Myanmar adopte medidas al respecto.
De hecho, la CPI es un órgano de justicia internacional independiente de la ONU y que responde a su propio Estatuto, para juzgar a personas acusadas de crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad, mientras que la CIJ sí integra el sistema de la ONU y es su máximo órgano judicial, con el papel de resolver las disputas que sometan sus Estados miembros.
En octubre de 2018, Marzuki Darusman, presidente de la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informó al Consejo de Seguridad sobre sus hallazgos respecto a lo que sucedió con los rohinyás en Myanmar.
Aseguró entonces que las fuerzas de seguridad birmanas perpetraron el equivalente a crímenes de guerra y de lesa humanidad, en su trato con minorías étnicas o religiosas en los estados de Rakhine, Kachin y Shan.
También dijo que existían suficientes elementos en el trato a los rohinyás por la cúpula militar para que fuesen investigados para determinar su responsabilidad en lo que se cometió contra ellos “con intención genocida”.
T: MF
