Cuando Ana Sáenz, de 20 años y estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de San Carlos de Guatemala, lideró un estudio de investigación sobre el alcance del acoso sexual en el campus, no podía imaginarse que con ello impulsaría un movimiento nacional para prevenir la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en los círculos académicos.
“Como mujer, creo que es muy injusto que, a pesar de los esfuerzos de las valientes mujeres que nos han precedido y nos han abierto el camino, todavía tengamos que seguir avanzando para disfrutar de todos nuestros derechos”, explica Sáenz.
Guatemala tiene uno de los índices más elevados de violencia contra las mujeres de América Latina. Si bien los índices de homicidio en general han descendido en los últimos años, el feminicidio/femicidio y la violencia contra las mujeres y las niñas creció en 98 por ciento entre 2010 y 2017.
Un estudio independiente elaborado como parte del programa Ciudades Seguras en la Ciudad de Guatemala reflejó que prácticamente todas las mujeres de la capital de este país centroamericano se enfrentan al acoso sexual de manera habitual.
Desde 2017 hasta octubre de 2019, Sáenz lideró la Comisión de Género de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU) —una de las plataformas de activismo estudiantil más destacadas del país—, para diseñar y llevar a cabo el estudio en el campus, con el apoyo de ONU Mujeres y el Observatorio contra el Acoso Callejero de Guatemala.
El estudio sacó a la luz más de 700 denuncias de acoso sexual en el campus central de la Universidad y en su centro de ciencias médicas, ambos ubicados en la Ciudad de Guatemala.
La mayoría de los agresores eran personas conocidas: 29,9 por ciento eran profesores, 22,4 por ciento eran estudiantes y 4,8 por ciento era personal de la Universidad.
Asimismo, el estudio reflejó la alarmante frecuencia y reincidencia del acoso sexual. Un 21,7 por ciento de las personas encuestadas denunciaron haber sufrido acoso sexual un par de veces al mes; 17 por ciento afirmó que el acoso ocurría dos o tres veces a la semana; y en el caso de 10,5 por ciento de las personas encuestadas, el acoso ocurría varias veces al día.
“Imagina ir a la escuela o ir a trabajar y sufrir abusos y acoso sexual a diario. El acoso sexual no es algo que únicamente limite las opciones y la movilidad de las mujeres, también impide el progreso de toda nuestra sociedad”, reflexiona la representante de ONU Mujeres en el país, Adriana Quiñones.
“Cuando la sociedad acepta la violencia contra las mujeres y el acoso sexual contra las mujeres y las niñas como algo natural, normaliza estos hechos y se genera una cultura en la que la violencia aumenta, se hace fuerte y socava otros logros”, añade.
El estudio también subrayó la falta de mecanismos institucionales de la Universidad, que carece de procedimientos formales para gestionar denuncias de acoso sexual o para garantizar la seguridad de las personas que denuncian.
En definitiva, más de 50 por ciento de las personas encuestadas que habían sufrido un episodio de acoso sexual afirmaron no denunciar el incidente por miedo a las represalias. Es más, entre las que se decidieron a denunciar, el 93 por ciento afirmó que el agresor no había sido castigado.
Lenina García, la primera mujer elegida para dirigir la AEU, creó la Comisión de Género como un espacio seguro para ayudar a las mujeres y al grupo de estudiantes LGBTIQ+ que sufre discriminación.
Las y los estudiantes que habían sufrido acoso sexual en el campus se iban acercando a la AEU, de la que dice “inició un proceso para romper el silencio”.
Para García, el estudio constituye una señal de alerta a fin de “volver a considerar el modelo educativo y la función que tiene el aprendizaje”, y seguir apoyando a las mujeres estudiantes.
En agosto, la AEU presentó la investigación en un acto público en la Ciudad de Guatemala catalogando eficazmente el acoso sexual como un tema clave que se debe tratar en la comunidad académica. Sáenz destacó que varias mujeres se habían visto obligadas a cambiar de universidad o dejar los estudios.
Las conclusiones del estudio también se presentaron a las autoridades de la Universidad, junto con una versión preliminar del Protocolo para prevenir, sancionar y eliminar el acoso sexual en la Universidad de San Carlos.
Carlos Valladares, secretario general de la Universidad, ha luchado desde entonces para crear un mecanismo institucional a fin de prevenir el acoso sexual en el campus, y el decano de la Facultad de Derecho, Gustavo Bonilla, ha sugerido que el estudio y el protocolo que lo acompaña podrían contribuir a la elaboración de una propuesta de ley para tipificar como delito el acoso sexual, teniendo en cuenta que esta universidad pública tiene autoridad para presentarla ante el Congreso.
“Son las y los estudiantes quienes están consiguiendo este cambio tan importante”, afirma García, destacando la forma en que este colectivo ha pasado de ser víctima a convertirse en impulsor del cambio a medida que se iba investigando y diseñando el protocolo y recopilando pruebas de acoso sexual. “No nos quedamos sentados sin hacer nada, estamos ofreciendo soluciones”.
Quiñones añade que el acoso sexual todavía no se reconoce como un delito en Guatemala, pero que los esfuerzos como este —liderados por estudiantes— pueden promover el apoyo del público.
Las y los estudiantes de otras universidades han tomado nota de los esfuerzos realizados por la AEU y han presentado campañas parecidas para poner fin al acoso sexual en sus campus y emprender un movimiento unificado para prevenir la violencia sexual.
A medida que el movimiento estudiantil cobra fuerza, Sáenz afirma que las autoridades tendrán que promulgar leyes para prevenir y sancionar la violencia sexual y crear protocolos que garanticen que todo el mundo sepa cómo responder ante un incidente.
Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres.
RV: EG
