Desterrados de su comunidad en la región más remota de la selva del Petén, en Guatemala, cientos de hombres, mujeres y niños, entre ellos ancianos y embarazadas, sobreviven desde hace más 28 meses en las condiciones más precarias y primitivas, en chozas o champas.
Están en una franja fronteriza que divide a México y Guatemala, en una zona que ellos llaman “territorio neutral” o “zona franca”, desde donde exigen al gobierno de su país el retorno a sus tierras o la reubicación a un lugar mejor para vivir dignamente.
Dos líneas de casuchas con techo de palma, algunas con tejas de lámina, paredes de varas o plástico y lonas, se erigen en ambos lados de la línea fronteriza entre México y Guatemala. Hasta ahí llegaron huyendo del Ejército y la policía de ese país vecino. Originalmente eran 111 familias que conformaban unas 450 personas. Ahora solo quedan 91 familias campesinas, unas 350 personas aproximadamente.
Con temperaturas de hasta 40 grados centígrados, han soportado torrenciales aguaceros y el ataque permanente de los zancudos durante más de dos años. Los hombres, mujeres y niños procuran hacer una vida comunitaria de manera provisional, 10 metros del lado mexicano y 10 metros del lado guatemalteco, para huir de un punto a otro según se sientan amenazados o perseguidos, alegan.
Por casi 30 años, unas 111 familias vivieron en la comunidad de Laguna Larga, enclavados en la Selva de El Petén, hasta donde llegaron huyendo de la guerra en los ochenta y buscando una mejor forma de vida, sin embargo, todo cambió cuando les dijeron que ya no podían vivir ahí y que toda la selva era ya un área natural protegida, parte de la Reserva de la Biosfera Maya, decretada así en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Ahí tenían todo para vivir dignamente, sin pedirle nada al gobierno de su país, consumían lo que cosechaban junto a una laguna de aguas cristalinas a la cuidaban porque les daba todo, maíz, frijol, chihua (calabaza) y otros productos que comercializaban con sus vecinos más cercanos, los pobladores de la comunidad El Desengaño, en el municipio de Candelaria Campeche, en el lado mexicano.
El 2 de junio del 2017, todo cambió, cuando les avisaron que iban a desalojarlos, cargaron con todo lo que pudieron en la espalda y las únicas cuatro camionetas todoterreno del pueblo, unos mil 500 miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil, la División Protección a la Naturaleza (Diprona) y guardaparques del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) les quemaron sus casas.
“Ese día que se llegó el desalojo fue una tormenta increíble: lamentos, llantos de esos niños, de esas mujeres, se perdieron vidas, las mujeres que iban embarazadas perdieron su bebé, fue increíble ese desalojo, nunca en mi vida había vivido y oído un desalojo como nos sucedió a nosotros, perdimos todo, 17 años para hacer una casita y para que se la destruyan en un par de segundos, duele, las mujeres al ver su casa que estaba incendiada, fue increíble ver las situaciones de las pobres mujeres, se quedó todo abandonado, animales, cosas, todo lo que uno tiene en su casita se quedó abandonado”, reseñaron los campesinos en un informe recopilado por Voces Mesoamericanas.
En un primer momento, la presencia de campesinos ingresando a territorio mexicano para buscar comida y medicinas alertó a la población mexicana de El Desengaño que reportaron al Ejército Mexicano, el Instituto Nacional de Migración y otras corporaciones federales que arribaron hasta la franja fronteriza donde se percataron que bajo campamentos improvisados y en plena temporada de lluvias cientos de guatemaltecos imploraban ayuda.
Según el informe de Voces Mesoamericanas, “este desalojo fue implementado bajo la permisividad del gobierno mexicano y organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- quienes meses y semanas anteriores tuvieron conocimiento de la orden y operativo de desalojo”.
Y que, sabiendo que las más de 400 personas de la comunidad no tendrían dónde refugiarse, los dejaron a merced de su propia supervivencia; mientras privilegiaban desde un enfoque de seguridad nacional, el resguardo y “protección” de la línea fronteriza México-Guatemala.
Lo anterior, en franca inobservancia de los estándares internacionales en materia de poblaciones desplazadas forzadas y refugiadas, y sin entablar un diálogo internacional que protegiera preventivamente y ahora durante la crisis humanitaria a la comunidad”.
Aunque la ayuda mexicana fue mínima, fueron organizaciones civiles como Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el albergue La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, A.C.; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C., y Resistencia Civil de Candelaria, se empezaron a movilizar para llevar víveres y pedir de inmediato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para que se emitieran medidas cautelares en su favor.
Y aunque la CIDH otorgó la medida cautelar en septiembre del 2017 para exigir que el gobierno guatemalteco de Jimmy Morales, protegiera la vida e integridad personal de las 450 personas agrupadas en las 111 familias de la comunidad Laguna Larga, municipio de San Andrés, del Departamento de Petén, Guatemala, pertenecientes a los pueblos indígenas maya q’eqchi, chuj, así como campesinos y población mestiza, han pasado 28 largos meses y su condición de miseria no ha cambiado en nada.
Al contrario, ya 12 personas, han fallecido en este período en esas condiciones de hacinamiento y precariedad.
El pasado domingo 20 de octubre, el procurador de derechos humanos de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade, visitó por vez primera el campamento, llegó junto al Quinto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, ambos invitados por las organizaciones civiles de Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, y la Red Todos los Derechos para Todos, respectivamente.
Rodas Andrade y Corzo Sosa, quienes tuvieron que ingresar hasta el campamento en un pequeño vehículo de redilas, cuatro por cuatro, de suspensión alta y neumáticos anchos, se percataron también de las pésimas condiciones del camino que tienen como única salida los desplazados hacia el lado mexicano, pues del otro lado los espera el Ejército de su país.
En el sitio, ambos defensores de derechos humanos recorrieron las champas o chozas, las letrinas, la galera acondicionada como escuela para los más de 100 niños, el agua de una laguna no apta para el consumo humano y el pozo del cual extraen agua para beber.
A la par que ellos recorrían el campamento, una brigada de médicos del Servicio y Desarrollo Comunitario, AC, (SADEC)-Universidad Autónoma Metropolitana de Palenque, encabezados por Joel Heredia y Fulgencio Díaz, visitaban también choza por choza para buscar a los enfermos, pesaban a los niños y atendían a las embarazadas.
Ese domingo 20 el calor era sofocante, más que por los 35 grados, por el alto grado de humedad. Al menos en los últimos tres días no había llovido y eso permitió mejores condiciones para ingresar al campamento y congregar a los desplazados en una asamblea.
Las mujeres más preocupadas por estas condiciones en las que viven, fueron las primeras en tomar sus lugares en las butacas.
Edgar Pérez Archila y Rubén Domínguez, del Buffete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala; así como Fernando Ríos y Ángeles Hernández de la Red Todos los Derechos para Todos de México, atestiguaron la reunión. Ratificaron su acompañamiento a los desplazados de manera forzada los observadores extranjeros del Servicio Internacional para la Paz (Sipaz).
Y tras la intervención de los funcionarios de derechos humanos, una a una fueron expresando sus reclamos hacia el gobierno de Jimmy Morales, que los ha mantenido abandonó durante estos 28 meses.
Morales entrega en enero la estafeta a otro mandatario electo, el conservador Alejandro Giammattei.
El político quiso reubicarlos a otras tierras, pero los líderes de este grupo de desplazados se adelantaron a inspeccionar la finca que compraría para ellos el gobierno, donde percataron que eran tierras infértiles, pedregosas y con nulo acceso al agua. Nada comparado con ese paraíso en el que vivieron por muchos años en armonía con la naturaleza.
Constantino Vázquez Súchite, de 72 años, fundador de Laguna Larga y desplazado en el campamento en la franja fronteriza, dice que después de firmada la paz en Guatemala, buscaron tierras disponibles y un lugar seguro para vivir, por lo que se adentraron en la selva del Petén, sin pensar que la violencia los alcanzaría de nuevo.
Más allá de que se haya decretado como un área natural protegida la zona de la fueron desalojados, señala que lo que hay detrás son otros intereses. El hombre se refiere al aprovechamiento de los recursos naturales por parte del gobierno guatemalteco y empresas extranjeras.
Los proyectos de perforación de pozos petroleros, la extracción de recursos minerales y el acaparamiento del agua que en esa región abunda, así como el aprovechamiento de otros recursos naturales, es lo que hay detrás del desalojo.
El gobierno, para descalificarlos, los ha acusado de sembrar drogas o de narcotraficantes, pero de eso nada es cierto.
“Siendo guatemaltecos nos echan de nuestras tierras. Siendo guatemaltecos, también tenemos derechos a ocupar y usufructuar nuestros recursos y no dejarlo a que lo hagan las empresas extranjeras”, dice don Constantino Vázquez, quien fue electo ese domingo 20 para acompañar a los abogados del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, a una audiencia con la CIDH en Ecuador, donde se hará una revisión y seguimiento a las medidas cautelares, para ellos incumplidas.
Julián Zacarías García, otro desplazado de Laguna Larga, dijo que llegaron hasta este punto cercano con un poblado mexicano, pues el que tenían más cerca para pedir ayuda, para conseguir comida y medicinas. El Desengaño, la comunidad de Candelaria, Campeche, era su primer e inmediato contacto fuera de la selva.
Desde muchos años antes del desalojo, los pobladores de Laguna Larga, hacían su vida cotidiana con su vecinos de el Desengaño, a llegaban para emplearse en las labores del campo en los ranchos de los ganaderos y ejidatarios.
Al estar alejados de la capital del país y del resto de sus paisanos, en Laguna Larga todos crecieron dándole más valor al peso mexicano que caía en sus manos que al quetzal, la moneda oficial de Guatemala.
Obdulio Rivera, uno de los cuatro dueños de un vehículo todoterreno, con los que se puede salir o ingresar al campamento, dice haber servido ocho años al Ejército de su país, que fue un soldado kaibil, adiestrado para matar sin piedad en tiempos de la guerrilla.
Que les vendieron la idea de que la guerrilla era mala, pero a la larga se ha dado cuenta que tenían sus razones y sus causas, y que ahora él mismo las está padeciendo, el gobierno por el que arriesgó su vida le ha dado la espalda, lo reprime y lo hace huir junto a su familia. Se siente traicionado.
Y como él, muchos otros pobladores sirvieron del lado del Ejército guatemalteco o bien dentro del movimiento armado guerrillero, pero que ahora a todos los une la persecución de un gobierno que no les permite regresar a la tierra donde tenían todo para vivir.
Marvin Gonzalo Pérez Muralles, presidente del Comité Comunitario de Desarrollo (Cocodes), dice que ahora, la esperanza es que a través del procurador de derechos humanos se haga presión al presidente de Guatemala a quien por mas de dos años le han pedido el retorno provisional a Laguna Larga “por razones humanitarias”.
“Al estado no se le ha visto voluntad política de ceder. Nuestra esperanza también es que el nuevo presidente tenga la buena voluntad que nos del retorno provisional, si la ley determina que no pueden haber personas donde originalmente estaba Laguna Larga se nos de otra opción, viable y digna”, dice Marvin González.
Aldo Ledón de Voces Mesoamericanas, dice que los desplazados no buscan de ninguna manera refugio en México, que guardan la esperanza de regresar a su comunidad al no haber otra opción que les de el gobierno guatemalteco.
Igual, refiere que son otros los intereses que hay más allá del desalojo y que no tienen nada que ver con el conservadurismo verde, que es el limpiar de comunidades que pueden poner resistencia civil en regiones ricas en recursos naturales.
Señala que Laguna Larga es una y la primera de decenas de comunidades enclavadas en la selva del Petén que busca desalojar el gobierno guatemalteco.
Dice que la situación no es fácil para los desplazados, sobre todo en un contexto mexicano de rechazo a todo lo que suene a migración y migrantes. Que no han querido pedir refugió en México, porque de inmediato eso implicaría renunciar de facto a un retorno que llevan esperando desde hace 28 meses.
Y por eso se mantienen en vilo, en la mera franja fronteriza, donde sobreviven con el poco apoyo que les llevan organizaciones civiles solidarias, como la del Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), fundado por el obispo Sauel Ruiz García, que llegó el 26 de octubre con víveres.
Para Rubén Domínguez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, un organismo no gubernamental, el gobierno que se va es casi la continuidad ideológica y de visión del nuevo, pero cree que hay cierta apertura, cree que a través del procurador y otras personas se busque ya una solución a esta crisis humanitaria.
“Existe una esperanza. Creo que no tan pronto pero a mediano plazo considero que sí. Han buscado acercamiento con el presidente electo y tienen buena recepción con personas cercanas y a eso apelaran, no obstante lo que se lleva a nivel jurídico en Guatemala y el ámbito internacional”, asegura.
Menciona que por parte de ellos y del gobierno, hay interés de continuar los diálogos hasta lo posible. “Si eso no se logra, al menos se deja evidenciado el camino que se ha hecho, la lucha que se ha hecho y que si la comunidad llegara a decidir regresar por si sola los vamos a acompañar en su lucha”.
El activista que estuvo de niño 10 años con su familia refugiados en esta región de Campeche, de 1986 a 1996, dice que las condiciones de pobreza y marginación siguen tan vigentes como antes del conflicto armado.
“Tengo la plena conciencia y claridad de que las razones, los motivos, que llevaron a nuestros país a vivir un conflicto armado de 36 años siguen vigentes, siguen imperando, eso es tan evidente que no se necesita mayor conocimiento para saber que la pobreza está aumentando, que la desnutrición está aumentando, tenemos 75% de la población en extrema pobreza, desnutrición en 40 y pico de porcentaje”, afirma.
Que hay una constante negación de derecho sistemático de los ciudadanos y en este caso de la población indígena campesina rural es mucho más relegada, más vulnerable”, dice Domínguez.
Y que para el gobierno, “los campesinos no tienen derechos, no existen. La retórica es que los campesinos solo son un estorbo porque no aportan a la sociedad, al gobierno, al Estado, entonces tenemos una lucha bien clara y nos podemos hacer ojos ciegos·, concluye.
Este artículo fue publicado originalmente por Pie de Página, de la red de Periodistas de A Pie.
RV: EG
