La política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump ha pasado a forzar a los gobiernos al sur de su frontera a que sean ellos los que detengan a sus propios ciudadanos pobres y desesperanzados, en su intento de ingresar sin documentos a la nación del norte.
Para ello ha establecido acuerdos bilaterales de “terceros países seguros” con las naciones del llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) para que funcionen como muros de contención a los migrantes.
“La firma de este tipo de acuerdos bilaterales refleja una marcada intención de retención y detención de migrantes, lo que convierte a los países del Triángulo Norte en centros de contención de población”, dijo a IPS, desde Tegucigalpa, la activista Karen Valladares, del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih).
Esa categoría de tercer país seguro aplica a aquellas naciones que brindan asilo o protección a personas que huyen de sus países de origen.
Esa protección está vigente desde 1951, a partir de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y establece que cuando una persona deja su país para solicitar asilo en otro, pero este se lo niega, lo puede remitir a un tercero que ofrezca las mismas condiciones de protección.
“No contamos con la infraestructura para poder ser un tercer país seguro”, añadió Valladares, una opinión generalizada en toda el área centroamericana.
Ante las críticas de organizaciones de derechos humanos, sobre la inviabilidad de esos convenios, los firmantes eluden denominarlos acuerdos de terceros países seguros para llamarlos pactos bilaterales en el tema migratorio.
En Honduras, el acuerdo fue suscrito el 26 de agosto entre el presidente Juan Hernández y el secretario interino del departamento estadounidense de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, el mismo funcionario que aseguró un arreglo similar con Guatemala, un mes antes, el 26 de julio.
La Administración Trump presionó fuertemente a Guatemala para que fuera la primera nación del Triángulo de Norte en convertirse en tercer país seguro.
“Guatemala tiene tasas de impunidad muy altas y una institucionalidad muy débil”, dijo entonces a IPS desde Ciudad de México, Adeline Neau, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional.
Por su parte, la organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) advirtió el 26 de septiembre que El Salvador, dado sus altos niveles de criminalidad, tampoco ofrece las condiciones para convertirse en un país que reciba a solicitantes de asilo.
“Los niveles de violencia en El Salvador, de los que son testigos nuestros equipos, deberían impedir que este Estado pueda ser considerado un país para acoger con garantías suficientes a solicitantes de asilo o migrantes deportados”, señaló MSF.
El Salvador enfrenta una ola de criminalidad que ha llevado al país centroamericano a ser considerado uno de los más violentos del mundo, de acuerdo con informes nacionales e internacionales.
Guatemala y Honduras sufren también el mismo fenómeno de violencia, causada en su mayor parte por la actividad criminal de las pandillas.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Triángulo Norte sufre altos niveles de violencia proveniente de grupos delictivos organizados, incluyendo un aumento en los índices de homicidios, violencia sexual, desapariciones, reclutamiento forzado en las pandillas y extorsión.
El gobierno salvadoreño del presidente Nayib Bukele suscribió el 20 de septiembre con Estados Unidos un acuerdo similar a los pactados con Guatemala y Honduras, y aunque no lo llama directamente tercer país seguro, en la práctica lo es, insisten especialistas en derecho y organizaciones humanitarias.
El Salvador también desplegó unos 1.000 agentes de una nueva patrulla fronteriza financiada por Estados Unidos para frenar la migración irregular.
En contrapartida, Trump ha otorgado a las tres naciones visas temporales para trabajadores agrícolas, y la esperanza de ampliar el programa a otros sectores de la economía.
A El Salvador también le rebajó el 28 de septiembre la alerta de viaje que el Departamento de Estado mantenía en el “nivel 3”, el que supone que se pide a sus ciudadanos que reconsideren viajar al país por estar abatido por la criminalidad.
Ahora situó a esta nación centroamericana en el “nivel 2”, donde se recomienda que los viajeros tomen medidas de precaución al visitarla.
A México Trump también le dobló el brazo, amenazándolo con imponerle aranceles a las importaciones mexicanas, si no actuaba también como otro anillo de seguridad para detener a los migrantes.
El gobierno de Andrés López Obrador envió en junio un contingente de unos 6.000 miembros de la nueva y militar Guardia Nacional a vigilar su frontera sur con Guatemala, como parte de su compromiso para frenar la migración irregular.
Eso después que ya desde enero México había suscrito con Washington el Protocolo de Protección al Migrante (PPM), mejor conocido como “Permanezcan en México”.
Ese mecanismo permite devolver hacia México a aquellos indocumentados que llegan a la frontera estadounidense a solicitar asilo para que esperen en territorio mexicano, mientras que se resuelve su caso.
En septiembre, la mexicana Secretaria (ministerio) de Relaciones Exteriores informó que producto del acuerdo se redujo en 56 por ciento el flujo migratorio a partir de junio.
Esa cancillería pronosticó entonces que, de seguir la tendencia, el flujo migratorio a Estados Unidos desde México, país, tanto de tránsito como de origen de migrantes, retornaría a sus niveles históricos, antes de que se produjera la crisis de las caravanas de centroamericanos en 2018.
En total, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estableció en un informe que en 2018 había en Estados Unidos unos tres millones de ciudadanos de los tres países del Triángulo Norte, en su mayoría en condición irregular y la mayor parte procedentes de El Salvador, seguidos de Honduras y de Guatemala.
La visión de los migrantes
“Estados Unidos lo que más tiene es dinero y con dinero se arreglan las cosas”, dijo a IPS el salvadoreño Luis Méndez, desde Nueva York, donde vive desde hace 37 años.
Con su poder y dinero, la administración estadounidense puede arreglar pactos “con estos tres países y ponerle la presión a México”, acotó Méndez.
Este migrante llegó como indocumentado en 1983, ya entrada de la guerra civil que asolaba al país desde 1980, y que perduró hasta que en 1992 se alcanzó un acuerdo de paz.[related_articles]
Por su parte, Omar Henríquez, otro salvadoreño radicado en Estados Unidos, consideró que las presiones por parte de Trump obedecen a no haber conseguido la construcción del muro en la frontera con México.
Ello lo ha llevado a tomar medidas más extremas, amenazando a sus vecinos del sur para que se conviertan ellos en muros.
Las actitudes de Trump “obedecen a su política migratoria racista y de supremacía blanca de él y de su base”, recalcó Henríquez.
El 7 de octubre, la ministra salvadoreña de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, afirmó que el gobierno no firmaría algo que no sea de beneficio para la población, y negó que lo suscrito con Estados Unidos sea un acuerdo de tercer país seguro.
Según Hill, la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos se ha reducido en 60 por ciento en los últimos meses.
“Pero esa disminución no quiere decir que los problemas estructurales que provocan la migración están solucionados: el desempleo, la inseguridad, la reunificación familiar, entre otros”, dijo a IPS el especialista salvadoreño en temas migratorios César Ríos.
Recalcó que la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la estadounidense Cámara de Representantes que visitó en septiembre El Salvador y Guatemala, enfatizó que la solución a la migración no es la instauración de “terceros países seguros”.
Sin embargo, especialistas en política exterior concuerdan en que los países del Triángulo Norte, e incluso México, no han tenido otra opción que ceder a las presiones políticas de la administración Trump y lo que parece la última adaptación del “gran garrote”, la doctrina de Washington hacia los países latinoamericanos, nacida a comienzos del siglo XX.
Edición: Estrella Gutiérrez
