Chile, con sus protestas multitudinarias, de creciente adhesión y estallidos de violencia, refleja mejor que otras rebeliones y los vuelcos electorales de octubre en América del Sur, los dilemas del futuro latinoamericano.
La región se destaca estos tiempos por la agitación en las calles que se diseminó por el mundo en esta década a partir de la llamada Primavera Árabe (2010-2013), al poner en cuestión la desigualdad recordista de América Latina, la sociedad y el modelo económico vigentes.
Sorprendió la profusión de participantes en la sublevación de los chilenos, iniciada por la desobediencia estudiantil que paralizó el metro para derivar luego en saqueos, batallas campales contra policías y militares y la movilización de 1,2 millones de manifestantes en Santiago, el 25 de octubre.
El estopín, el alza de 3,75 por ciento impuesto al pasaje del metro el 4 de octubre, hace recordar las protestas brasileñas iniciadas en junio de 2013 contra el aumento de 6,7 por ciento en los precios de autobuses, metro y trenes de São Paulo.
La represión policial no logró contener el movimiento, al revés fomentó actos cada día más masivos en todo el país, con reclamos ampliados a mejores servicios públicos y al rechazo a los gastos públicos para construir o reformar estadios de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016 en Río de Janeiro.
Las manifestaciones callejeras ganaron nuevo empuje por los escándalos de corrupción entre políticos desde 2014 y, adueñadas por la oposición derechista, contribuyeron a la caída de la presidenta Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores, destituida por el parlamento en agosto de 2016.
El proceso desacreditó el sistema político y condujo así a la elección, en octubre de 2018, del presidente Jair Bolsonaro, candidato de la extrema derecha que se presentó como antipolítico y anticorrupción, aunque estuviera hacía décadas en la política.
En Chile la movilización ganó fuerza y amplitud, aunque sea prácticamente espontanea, sin una articulación por una gran organización, al despertar la lucha por objetivos más profundos, como el demorado cambio de la Constitución y una sociedad que ponga coto a la desigualdad en uno de los países menos igualitarios del mundo.
Se trata de finalmente superar los muchos vestigios aún vigentes en el Estados 29 años después del fin de la dictadura comandada por el general Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990. La Constitución que rige la vida nacional sigue siendo la de 1980, impuesta por los militares.
Los indignados chilenos tienen el reordenamiento político, legal y social por hacer, además de alzarse contra algunas medidas económicas actuales y del pasado. Muy distinto de los cambios coyunturales que se están logrando por elecciones y protestas populares en otros países sudamericanos.
La rebelión de principios del sudamericano octubre caliente en Ecuador se deshizo al conquistar la revocación de brutales alza de los combustibles, motivo de la confrontación con el gobierno del reformista Lenín Moreno.
En Bolivia la oposición sigue protestando contra un supuesto fraude en las elecciones para forzar una segunda vuelta en que podría poner fin a 13 años de gobierno del izquierdista e indígena Evo Morales, quien evitó por mínimo margen esa instancia en los comicios del día 20.
Las elecciones presidenciales en Bolivia, y Argentina y Uruguay el domingo 27, junto con las de Colombia en los municipios y los departamentos, ese mismo día, aceleraron el sube y baja entre izquierda y derecha, tendencias también denominadas de progresistas y neoliberales.
La reelección o la continuidad de una misma corriente en el gobierno se hizo más difícil en América Latina.
“La inestabilidad es profunda y amplía las incertidumbres”, resumió para IPS el politólogo Clovis Brigagão, exdirector del Centro de Estudio de las Américas de la Universidad Cándido Mendes, de Río de Janeiro.
En Argentina el peronismo, inscrito en el populismo de centroizquierda, vuelve a la presidencia con Alberto Fernández, al derrotar a Mauricio Macri que fracasó en recuperar la economía nacional con su política liberal.
En Colombia, la derecha con veleidades de extrema derecha que gobierna el país con el presidente Iván Duque sufrió duras derrotas en las elecciones municipales y departamentales, que son vistas como un castigo a sus políticas y a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe.
Pero la izquierda también sufre reveses. En Uruguay el Frente Amplio, en el poder hace 15 años, ganó los comicios el domingo 27, pero va a la segunda vuelta el 24 de noviembre en desventaja ante el tradicional Partido Nacional apoyado por otras fuerzas de derecha y de la recién irrumpida extrema derecha.
En Bolivia, Morales fue declarado vencedor por el Tribunal Electoral al obtener por apenas décimas los 10 puntos sobre su principal rival, lo que le salva de una segunda vuelta, pero tiene su tercera reelección amenazada por sospechas nacionales e internacionales de fraude y masivas manifestaciones de rechazo.
Hay excepciones en la tendencia. En Venezuela el gobierno del izquierdista Nicolás Maduro se sostiene desde 2013, con una deriva autoritaria, en medio a las más persistentes y masivas manifestaciones de rechazo, e incluso tolerando desde enero un autodeclarado presidente paralelo, Juan Guaidó, reconocido por 50 gobiernos.
La llamada Revolución Bolivariana dura ya dos décadas, aunque haya perdido su principal líder y fundador -Hugo Chávez muerto en 2013-, destruido la economía y provocado la migración de casi cinco millones de personas desde ese año, en un país de 29 millones de personas. Elementos que lo han convertido en un espantajo izquierdista para el discurso de la derecha.
Chile es el país latinoamericano que vivió las experiencias más radicales de los dos polos que son referencias en las disputas de poder. Entre 1970 y 1973 el presidente Salvador Allende intentó desarrollar un socialismo chileno por vía democrática.
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 puso fin a su proyecto y a su vida.
“Algo quedó en la memoria popular de las medidas socializantes, como salud para todos, leche gratis para niños, madres y lactantes, las soluciones colectivas y solidarias, como las ollas comunes cuando vino el desabastecimiento provocado por empresarios”, recuerda Maria do Carmo Brito, una brasileña que vivió esa época en Chile.
Ya han pasado 46 años, pero son “hechos que cuentan los más viejos a los hijos y jóvenes”, plantea a IPS la socióloga que daba clases en la Universidad Católica de Santiago.
En 1997 ella volvió a Chile para hacer un curso de administración pública y quedó “chocada” con los cambios sociales. En lugar del anhelo y acciones por igualdad y la vida comunitaria, el “lujo ostensivo de los ‘mall’ y los barrios ricos”, en contraste con los miserables en las calles, además del silencio sobre el pasado.
La dictadura militar impuso, junto con la Constitución de 1980, el modelo económico dicho neoliberal, que luego ganaría difusión internacional por medio de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña.
De eso hace parte el sistema previsional de capitalización, individual, que se apunta como una de las principales razones de la rebelión chilena. Las pensiones recibidas por los ancianos son insuficientes, muy inferiores a las esperadas y prometidas.
Salud, enseñanza y otros servicios privatizados, de difícil acceso para los más pobres es otra herencia, no superada de la “revolución económica” impuesta por los llamados “Chicago boys”, economistas adeptos del ultraliberalismo, formados en la estadounidense Escuela de Chicago.
En consecuencia Chile se incorporó a los países de mayor desigualdad económica y social, no muchos años después de acercarse al sueño del socialismo.
Contra ese sistema se volvieron las protestas actuales en las grandes ciudades chilenas, en una evolución desde los primeros actos de rebeldía contra el alza del pasaje de metro en Santiago.
Por eso la movilización prosigue, aún después del derechista presidente Sebastián Piñera moderar su política económica, cancelando la medida para el metro y anunciando otras, como el aumento de las pensiones, un ingreso mínimo para complementar salarios, contención de precios de electricidad y ayuda para medicamentos.
La situación, de hecho, forzó a Piñera este miércoles 30 a declinar acoger el Foro de la APEC, que iba a celebrarse en el país en noviembre, y la Conflerencia de las Partes sobre el clima (COP25) en diciembre, con que pretendía consolidar la imagen de empuje y solidez del país, que se ha evaporado este mes.
En Brasil, el actual gobierno de extrema derecha adoptó el neoliberalismo. El ministro de Economía, Paulo Guedes, intentó introducir la capitalización en la reforma previsional recién aprobada por el parlamento.
Pero los parlamentarios excluyeron ese y otros puntos que reducirían las pensiones de discapacitados y trabajadores rurales. Su disposición es atenuar el ajuste fiscal que intenta promover el gobierno.
De todas formas muchos analistas creen que Brasil difícilmente escapará a un estallido social, ante el alto desempleo y la política económica adoptada.
Edición: Estrella Gutiérrez
