Dos años después del comienzo del éxodo de la población rohinyá por la ofensiva genocida en Myanmar (Birmania) en su contra, los miembros de la minoría musulmana tienen pocas esperanzas de obtener justicia o el derecho a regresar a sus hogares, según la ONU y organizaciones humanitarias internacionales.
Informes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y Oxfam, una organización de asistencia internacional con base en Londres, muestran que, al cumplirse dos años del estallido de la violencia étnica en el estado birmano de Rakhine, centenares de miles de rohinyás permanecen refugiados en la vecina Bangladesh o están internados en campamentos locales administrados por el gobierno.
«Las personas rohinyás sienten que están en un limbo y sin una salida en el horizonte. Están vivos, pero simplemente sobreviviendo», dijo Elizabeth Hallinan, una defensora de Oxfam en asuntos rohinyá, en un comunicado que recuerda el comienzo del forzado éxodo el 25 de septiembre de 2017.
Más de 730.000 civiles rohinyás huyeron desde el estado de Rakhine a Bangladesh en medio de una ofensiva iniciada entonces contra ellos, encabezada por fuerzas militares y que la ONU y gobiernos occidentales coinciden en que incluyó asesinatos en masa y violaciones en grupo contra las mujeres y las niñas.
Oxfam asegura que unos 500.000 rohinyás permanecen en Myanmar, incluidos casi 130.000 confinados en campamentos del gobierno y donde los trámites burocráticos son a menudo un instrumento para impedir que los niños asistan a la escuela o cualquier retenido vea un médico.
En vísperas del aniversario de la ofensiva birmana contra la minoría, Bangladesh y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunciaron planes para evaluar si unos 3.450 refugiados rohinyás aceptarán la oferta de Myanmar de regresar a casa, casi un año después de que fracasara otro gran plan de repatriación.
Pero la respuesta de la mayoría de los refugiados fue contraria al regreso, por temor a caer víctimas de más violencia, reconoció el jueves 22 a periodistas Radhika Coomaraswamy, experta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar, de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Hay, de hecho, coincidencia de la ONU y organizaciones humanitarias de que la persecución continúa amenazándolos en la nación del sur de Asia, según se establece en un nuevo informe difundido ahora por la Misión, del que Coomaraswamy es autora principal.
Coomaraswamy describió imágenes satelitales de lo que habían sido aldeas rohinyás en el estado de Rakhine, donde la estrategia de tala y quema del gobierno dejó “arrasados” los asentamientos de forma que «no había un árbol en pie».
El envío de refugiados rohinyá a Myanmar los expondría a «leyes cercanas al apartheid (segregación racial)» y a un gobierno que debe aprobar los matrimonios entre mujeres budistas y hombres de otras religiones, incluidos los musulmanes, consideró la integrante de la Misión.
¿A qué los enviamos, a menos que se haga algún tipo de compromiso para un camino hacia una ciudadanía que les otorgue derechos?», se preguntó Coomaraswamy en el diálogo con los periodistas en la sede de la ONU en Nueva York.
«No es solo la cuestión de su seguridad física, sino también el hecho de que no deberían tener que vivir como esta gente está viviendo» en los campos de desplazamiento en Sittwe y en otras localidades del estado de Rakhine, agregó.
En el informe de Coomaraswamy, la Misión independiente, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2017, dijo que la violencia sexual cometida por las tropas de Myanmar contra las mujeres y niñas rohinyá en 2017 mostró una intención genocida de destruir al grupo.
«Cientos de mujeres y niñas rohinyá fueron violadas, y 80 por ciento de las violaciones corroboradas por la misión fueron violaciones en grupo. El Tatmadaw (como se conoce al ejército birmano) fue responsable de 82 por ciento de estas violaciones en grupo», indica el documento de 61 páginas.
El gobierno de Myanmar ha negado la entrada a los investigadores de la ONU, que en su lugar visitaron campos de refugiados en Bangladesh, Malasia y Tailandia, donde hablaron con las familias rohinyás, activistas humanitarios y expertos locales.
La misión de Myanmar ante la ONU no respondió a las solicitudes de comentarios de IPS. El gobierno birmano, por su parte, rechazó las acusaciones generalizadas y volvió a indicar que la campaña militar en cientos de aldeas en el norte de Rakhine fue en respuesta a los ataques de los militantes rohinyás.
Coomaraswamy pidió a los líderes políticos y empresariales del mundo que corten los lazos comerciales y de negocios con el ejército birmano y dijo que había una pequeña ventana de esperanza para el procesamiento de los autores de la limpieza étnica, mediante los mecanismos de investigación de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), con sede en Ginebra.
La Misión investigadora ha reunido nuevas evidencias sobre presuntos autores concretos de los crímenes contra los rohinyás y ha agregado sus nombres a una lista confidencial para entregarla a la Alta Comisionada de Adnudh, Michelle Bachelet, y a los responsables de otra investigación de la ONU que está preparando casos para posibles juicios en el futuro.
T: MF
